La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que articule todos los mecanismos necesarios para resolver el conflicto judicial que mantiene paralizadas desde hace más de un año las obras del subfluvial de Santoña, de forma que se puedan reiniciar cuanto antes.
Díaz Tezanos ha advertido que si el Ministerio opta por esperar a que los tribunales resuelvan el contrato y se adjudique a una nueva empresa, "la espera va a ser larga y los daños ambientales cuantiosos, y en estos momentos incalculables".
Por ello, ha apostado por la que a su entender es la otra salida posible, una salida "pactada y acordada" que permita reanudar las obras "pronto", aunque "no parece lo más probable", ha lamentado. "El Gobierno tiene la palabra", ha dicho la también consejera de Medio Ambiente, quien ha criticado el "silencio total y absoluto" que ha mantenido hasta ahora el Ministerio "a pesar de los numerosos requerimientos" de información.
La UTE interpuso una demanda contra Tragsa solicitando la resolución del contrato o la modificación del mismo en una cantidad económica que supera el presupuesto inicial de la obra
La vicepresidenta ha explicado en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, que este mismo lunes ha recibido una carta del Ministerio en la que confirma el contenido del comunicado difundido por la empresa pública Tragsa, contratista principal de las obras del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres, el pasado 5 de febrero y del que tuvo conocimiento, ha dicho, a través de los medios de comunicación.
En ella se señala que Tragsa y el Ministerio están trabajando en una solución "definitiva y de garantía" para finalizar las obras de perforación del túnel subfluvial de Santoña, paralizadas desde finales de 2016 por los problemas técnicos planteados por la UTE subcontratista, constituida por Acciona Infraestructuras y la empresa constructora Ascan, y el posterior procedimiento judicial interpuesto por ésta. Asimismo, se indica que la licitación realizada por Tragsa, establecida inicialmente por importe de 9,7 millones de euros, tuvo en consideración, en el momento de su adjudicación, la capacidad técnica y experiencia de gestión en este tipo de proyectos acreditada por la oferta ganadora.
Que en la actualidad y desde finales de 2016, faltan de ejecutar 1.200 metros del túnel del subfluvial -"sólo se han realizado 275 metros"-, y que la UTE no ha logrado una solución que permita el necesario reemplazo de los elementos de corte que requiere la tuneladora para proseguir los trabajos de perforación en el fondo del mar, tal y como preveía el desarrollo del proyecto.
La UTE interpuso una demanda en mayo de 2017 contra Tragsa, solicitando la resolución del contrato o la modificación del mismo en una cantidad económica que supera el presupuesto inicial de la obra.
Y Tragsa no solo se ha opuesto a la demanda de la UTE sino que, por su parte, ha solicitado en el mismo juzgado de primera instancia de Madrid la resolución del contrato y la correspondiente indemnización.
La empresa pública considera que la parada de la tuneladora que impide ahora continuar con los trabajos es una responsabilidad "única" de la UTE y de la forma en que se ha ejecutado la perforación, lo que ha imposibilitado el cambio pertinente de cuchillas, provocando en definitiva, según Tragsa, el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Dada la complejidad del procedimiento judicial, Tragsa ha subrayado que está trabajando en coordinación con el departamento de Isabel García Tejerina para estudiar la viabilidad, en las condiciones actuales, de continuar con el proyecto técnico planteado y, en su caso, analizar otras alternativas que permitan culminar la actuación.
TERCER FRACASO
La vicepresidenta ha destacado que el Gobierno regional va a defender los intereses de Cantabria y exigir la finalización de esta obra "con todos los medios a su alcance, incluidos los jurídicos y judiciales si llega el caso".
Ha destacado que la paralización de esta obra, que es "pieza clave" para culminar el sistema de saneamiento de Santoña y los municipios de la margen derecha del Asón, que aglutinan en verano a 122.000 personas, es "una desgracia" para Cantabria, y el "tercer fracaso" del Gobierno central en la región, después de la depuradora de Vuelta Ostrera, condenada a demolición, y el bitrasvase Ebro-Besaya, anulado también por los tribunales.
La consejera socialista ha reivindicado que las tres obras atienden competencias autonómicas pero son responsabilidad de la administración central porque el Gobierno de Felipe González las declaró de interés general, "con la oposición por cierto del PP", ha apostillado.
PENSIONES
Por otro lado, el Pleno ha aprobado casi por unanimidad -todos los diputados menos el ex de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio- una proposición no de ley de Podemos para pedir al Gobierno central (PP) que no se apliquen coeficientes reductores en la pensión de quienes se jubilen anticipadamente, por voluntad del interesado, que hayan cotizado 40 años.
De esta forma, la comunidad autónoma se suma así a otras, como Asturias o Castilla y León, donde sus parlamentos también han aprobado esta iniciativa.
En dicha proposición no de ley (PNL) se llama al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a instar al Ejecutivo central a elaborar un proyecto de ley que modifique la Ley General de la Seguridad Social, aprobada en 2015, para que se supriman estos coeficientes reductores a estas personas.
En la PNL se pide también que a los efectos de acreditación del citado período de cotización efectiva no se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias y sólo se compute el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de 1 año.
También se llama a realizar las modificaciones necesarias en la Ley de Seguridad Social para que en los casos de acceso a la jubilación anticipada voluntarios en los que se apliquen coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad de jubilación dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en el que el o la pensionista cumpla la edad legal de jubilación.
En la PNL se aclara que lo previsto en la presente iniciativa no se verá afectado por las cláusulas relativas a la jubilación forzosa aprobadas por convenio colectivo y será de aplicación en los mismos términos a los supuestos de jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador previstos.
Desde Ciudadanos, integrado dentro del grupo mixto, se ha presentado una enmienda de adición, que ha sido aceptada, para que todo aquello que se demanda en la PNL se traslade a la Comisión Permanente del Pacto de Toledo para que sea sometido a su estudio y valoracion.
El portavoz de Ciudadanos y diputado del grupo mixto, Rubén Gómez, ha considerado que "en líneas generales", aunque "con matices", la PNL es "apropiada" porque considera "a todas luces injusto" que una persona, tras 40 años de trabajo, se les apliquen coeficientes de reducción.
En contraposición, el otro diputado del grupo mixto y ex de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, ha votado 'no' a la PNL y ha insistido en que "le parece injusto" que una persona que es un "privilegiado" porque ha podido jubilarse de forma anticipada, y de forma no forzosa, tenga las mismas condiciones que aquellos que han tenido que seguir trabajando o que han tenido que ir al paro, precisando incluso prestaciones sociales.
Además, ha considerado "fuera de lugar" abordar esta PNL en el Parlamento regional y ha opinado que el "consenso" sobre aquello relacionado con las pensiones debe abordarse en el marco del Pacto de Toledo.
En la misma línea, el PSOE, que ha votado a favor de la PNL, ha señalado que las "soluciones" en relación a las pensiones deben de adoptarse en el Pacto de Toledo.
El diputado socialista Guillermo del Corral ha aprovechado su intervención para alertar del "riesgo" en el que está el sistema público de pensiones por las "nefastas políticas populares".
Por su parte, los regionalistas, la otra parte del Gobierno bipartito, ha votado también 'sí' a la PNL de Podemos, aunque ha señalado que "lo verdaderamente preocupante son las jubilaciones forzosas".
La diputada del PRC Matilde Ruiz ha afirmado que los regionalistas irían "más allá" de lo que se pide en esta proposición no de ley y derogarían "prácticamente entero" el decreto por el que se aprobó en 2015 la Ley de Seguridad Social.
"El PRC es antisistema, el PRC lo derogaría todo", ha ironizado el portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Van den Eynde, quien ha insistido en que el foro donde debe debatirse estas cuestiones es en el seno del Pacto de Toledo.
Pese a ello, el PP ha votado a favor de esta demanda al Gobierno de España, de su mismo partido, para modificar la Ley de Seguridad Social.
