Cantabria ha presentado sus alegaciones al Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional con el fin de ampliar los riesgos naturales y antrópicos en este documento e incluir también actuaciones que permitan que las políticas de difusión y prevención sean accesibles y tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
Así lo ha avanzado este sábado, en un comunicado, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández (PRC), quien ha informado del alcance de las alegaciones tras el estudio del plan nacional que está desarrollando el Gobierno de España junto a la actualización de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, instrumentos que incorporarán las circunstancias cambiantes del entorno estratégico, como es el caso de la pandemia de la COVID-19.
Fernández ha valorado la apertura de este proceso de colaboración por parte del Gobierno de España que propicia, en su opinión, obtener "un texto mejor y más consensuado" y facilitar una "mayor coordinación, planificación administrativa y participación" en un tema "fundamental" como es la seguridad "para hacer frente a cualquier eventual crisis con plena efectividad".
LAS PETICIONES DE CANTABRIA
Entre sus alegaciones, Cantabria ha defendido que la difusión de la seguridad entre la ciudadanía, a través del Plan de Cultura de Seguridad Nacional, debe tener en cuenta las "especiales necesidades" de las personas con discapacidad.
La consejera ha defendido que el Plan nacional debe incluir en las líneas estratégicas de acción que la cultura de la seguridad nacional sea accesible para las personas con discapacidad de forma que pueda ser considerada efectivamente integral e integradora. En este sentido, Fernández ha lamentado que el documento no incluya en sus líneas generales de acción "ninguna actuación" destinada a la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Otra de las alegaciones presentadas por Cantabria solicita al Gobierno de España que el Plan de Cultura de Seguridad Nacional amplíe su ámbito de aplicación a más riesgos de protección civil, dado que en la actualidad únicamente se han incluido los incendios forestales. En opinión de Cantabria, existen otros riesgos, como las inundaciones, los fenómenos meteorológicos adversos, los accidentes de aviación civil y el transporte de mercancías peligrosas, que tienen una "íntima relación" con la seguridad y la reducción de la vulnerabilidad de las políticas que se ejecuten para minimizar sus impactos. Según ha defendido Fernández, es necesario "ampliar las miras y los conocimientos para minimizar los daños ante cualquiera de estos escenarios de riesgo para la seguridad nacional".
Otra de las alegaciones de Cantabria propone incluir el principio de coordinación entre Administraciones Públicas entre los principios rectores de la cultura de seguridad nacional con el fin de que sea aplicable y efectiva en cada uno de los territorios y "se eviten las acciones divergentes en la consecución de los objetivos estratégicos para la cultura de la seguridad nacional". También, Cantabria pide el desarrollo del régimen jurídico del Grupo de Seguimiento de la Cultura de Seguridad Nacional, así como sus fines y objetivos, al tratarse de un órgano con carácter de grupo de trabajo y que sus acuerdos no podrán tener efectos directos.
