El Ayuntamiento de Castañeda cuenta con una población inferior a 2.000 habitantes. Su pequeño tamaño no impide que cuente con un servicio de Asesoramiento Jurídico propio, labores que realiza la Secretaria Interventora con habilitación de carácter nacional. Asimismo, la defensa de los intereses municipales en los procesos judiciales la realizan letrados nombrados por el alcalde, cargo que actualmente ocupa el ‘popular’ Santiago Mantecón. Sin embargo, el regidor del PP habría estado pagando mensualmente durante casi un año, de forma externa y sin contrato del que se tenga conocimiento, a un abogado, práctica que el pasado 30 de mayo fue denunciada por el concejal del PSOE, Jesús Sánchez, en un escrito remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el que, además, se da cuenta de otras irregularidades cometidas en Castañeda.
Así, Sánchez detalla en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, que desde el pasado mes de agosto de 2016 “se abonan honorarios mensuales” a José María Real del Campo, “desconociéndose cuál es el origen del devengo de estos honorarios”, pues no hay constancia de que se hayan realizado “informes” o “actuaciones profesionales que justifiquen tales pagos” al letrado y no existe, al menos no de forma pública, un contrato de servicios.
Jesús Sánchez menciona en su denuncia igualmente que este letrado “también tiene relación parecida con otros ayuntamientos de Cantabria”
Como recuerda el edil socialista, “los informes jurídicos y la defensa ante los Juzgados se lleva a cabo por otros Letrados y la Secretaria-Interventora”. Dichos pagos, como recoge el texto, ascienden a 1.270 euros mensuales, lo que supondría haber abonado a Real del Campo, hasta la fecha de la denuncia, aproximadamente 11.430 euros.
DENUNCIAS EN OTROS AYUNTAMIENTOS
Jesús Sánchez menciona en su denuncia igualmente que este letrado “también tiene relación parecida con otros ayuntamientos de Cantabria”. Según ha podido saber este diario, entre esos consistorios se encuentran San Pedro del Romeral y Alfoz de Lloredo, ambos gobernados por el PP.
De hecho, y respecto a este último, su alcalde, el ‘popular’ Enrique Bretones, está inmerso en un proceso judicial por una “posible infracción penal” en la contratación de Real del Campo desde el 2007. Como recoge la denuncia presentada por el PSOE y Partido por la Libertad con las Manos Limpias (PxL), Bretones habría estado contratando a este letrado “sin haberse celebrado ningún concurso público” y con cantidades “muy superiores a las que pueden pagarse por una adjudicación directa”.
A esto se suma que en 2015 el entonces candidato y actual alcalde de Santa Cruz de Bezana, Pablo Zuloaga, anunciaba que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación contra la contratación de Real del Campo, que trabajó en el Consistorio desde que el PP entró en la alcaldía en 2007. Según Zuloaga, el letrado es exsocio del que fuera consejero de Medio Ambiente del Gobierno del PP, Francisco Javier Fernández.
Según Zuloaga, el letrado es exsocio del que fuera consejero de Medio Ambiente del Gobierno del PP, Francisco Javier Fernández
Desde esa fecha habría acumulado contratos por los que percibiría unos 1.800 euros mensuales por un trabajo que “no está justificado”, manifestando poco antes de las elecciones de 2015 que existían “sospechas” del pago “indebido” de facturas.
OTRAS IRREGULARIDADES
En total, la denuncia realizada por Jesús Sánchez recoge seis presuntas irregularidades más además de los pagos a Real del Campo, adjuntando una copia de la “documentación acreditativa de todos los expedientes y actuaciones irregulares” y solicitando que se incoen “Diligencias de Investigación de tales hechos”.
En concreto, los hechos hacen referencia a una serie de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público en relación al contrato de gestión integral del agua con la empresa Oxital España S.L.; a la falta de celebración de sesiones ordinarias, que durante 2016 sumaron un total de dos, cuando se estableció una sesión al final de cada trimestre.
A esto se suma el abandono de las obras del pabellón polideportivo en Villabáñez, a pesar de que “no consta su no finalización”. Obras que fueron recepcionadas por el propio Santiago Mantecón pero no por el arquitecto municipal, que no firmó el acta. A pesar de todo, el pabellón “ha sido puesto en funcionamiento al público, sin licencia de apertura”.
En la denuncia de Sánchez se incluyen también irregularidades en la creación del Banco de Libros; el pago de 990 euros para una Fiesta Navideña Infantil en el Colegio Público El Haya que no llegó a celebrarse nunca; y el expediente de realización de rellenos e instalación de casetas de obra, trabajos que se comenzaron “sin licencia alguna”.
MANTECÓN, NUEVO PRESIDENTE DE PRODER
La demanda contra Santiago Mantecón coincide en el tiempo con su elección por los alcaldes del PP como presidente de la Asociación para la Promoción y Desarrollo (Proder) de los Valles Pasiegos, en sustitución del actual alcalde en el cargo, el regionalista Ángel Sainz, regidor de Villacarriedo.
El cambio se produce a raíz de una sentencia judicial del 11 de abril que declaró nulas una junta directiva y una asamblea de la Asociación celebradas en 2015, en las que se admitieron nuevos socios sin contar con los actuales, que podrían ser “discrepantes” con la decisión, lo que para los denunciantes (seis alcaldes del PP, entre ellos la de San Pedro del Romeral y el propio Mantecón).
La sentencia ha sido recurrida por la actual junta directiva encabezada por Ángel Sainz, por lo que será necesario esperar a la resolución judicial para que Mantecón pueda acceder al cargo.
