Domingo 21.10.2018
POLÍTICA

La elección de Sáenz de Buruaga como presidenta del PP de Cantabria acaba con una denuncia en los juzgados

Uno de los 975 compromisarios denuncia ante la Policía Nacional presuntas irregularidades en la votación del sábado 25 de marzo que ganó la ‘popular’ por cuatro votos de diferencia a Ignacio Diego en el Palacio de Exposiciones, entre las que destaca que “han anotado a mano a dos personas que a su vez han votado” y que no estaban acreditados como compromisarios.

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante el Congreso
La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante el Congreso

Apenas 48 horas después de que María José Sáenz de Buruaga haya sido elegida como nueva presidenta del PP de Cantabria, el proceso vivido el pasado sábado ha sido denunciado ante la Policía Nacional. Y no ha sido alguien ajeno a la organización o alguno de los afiliados, que este 25 de marzo no podían votar. No, ha sido uno de los 975 compromisarios el que ha interpuesto la denuncia, que ya ha sido recibida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander.

El motivo alegado por este compromisario son unas presuntas irregularidades en la votación que dio la victoria a la que fuera número dos del anterior presidente, Ignacio Diego, al que derrotó en el Congreso del PP autonómico por cuatro votos de diferencia.

El denunciante asegura que en el momento de ir a votar, sobre las 17:00 horas en el Palacio de Exposiciones, observó algunas de estas irregularidades, tales como que "han anotado a mano a dos personas que a su vez han votado", y que a su juicio carecían de acreditación como compromisarios.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el juzgado de guardia ha recibido la denuncia.

La elección del nuevo presidente de los ‘populares’ cántabros ha estado marcada por presuntas irregularidades antes incluso de que se celebraran las primarias el 8 de marzo. De hecho, ese mismo día se denunció ante la Guardia Civil una presunta compra de votos por parte de la candidatura de Sáenz de Buruaga para que 491 afiliados pudieran votar, si bien finalmente fue archivada al no ver la Justicia una debida justificación de la perpetración del delito.