sábado 11.07.2020
PATRIMONIO

El Estado reconoce que no protege el cántabru al no estar en el Estatuto de Autonomía de Cantabria

Parlamento de Cantabria
Parlamento de Cantabria

El cántabru ha vuelto a ser protagonista en el Senado con una nueva pregunta al Estado. Y como viene siendo habitual, la Administración central ha depositado de forma indirecta toda la responsabilidad en Cantabria. La diferencia es que, en esta ocasión, la pregunta directa era “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para proteger y respetar el cántabro a partir de ahora?”, pero la respuesta ni siquiera hace una referencia al patrimonio lingüístico de la comunidad, reconociendo así la falta de protección del mismo y apuntando a su ausencia en el Estatuto de Autonomía de la región.

Así queda recogido en la respuesta a Carles Mulet, senador designado por las Corts Valencianes, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal formado por Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem. En el escrito, el Gobierno central reconoce que los estatutos de Autonomía de algunas comunidades autónomas recogen “la existencia de otras lenguas en sus territorios” que, aunque no son cooficiales, sí son “objeto de reconocimiento y protección en diversas gradaciones”, siempre restringidas al territorio concreto en el que se hablan.

A continuación, el Estado hace una relación de los estatutos y las diferentes lenguas contempladas en territorios como Asturias, Aragón, Castilla y León, Ceuta, Melilla o Extremadura, dejando fuera al cántabru, objeto real de la pregunta de Mulet.  Respecto a todas estas lenguas que “no tienen la consideración de cooficiales”, la Administración central considera que están “amparadas por la actuación de especial respeto y protección a que hace referencia el artículo 3.3 de la Constitución Española”, por lo que “han de ser objeto de reconocimiento y promoción por las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus propios Estatutos de Autonomía”.

En el caso concreto de Cantabria, su Estatuto no menciona en ningún momento el cántabru ni una lengua de especial protección en su territorio, por lo que la inclusión del patrimonio lingüístico en la norma institucional de la comunidad le permitiría entrar en el paraguas del artículo mencionado por el Estado.

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