BILBAO.- Les da igual la lluvia de otoño, el sol de verano o las heladoras mañanas de invierno. Desde hace varios años, los militantes de Berri Otxoak –una veterana plataforma vasca a favor de los derechos sociales- realizan coloridas movilizaciones frente a distintas instituciones públicas. A veces van casi desnudos. Otras, totalmente disfrazados. Este jueves, uno de sus integrantes tendrá que abandonar la pancarta y presentarse en el Palacio de Justicia de Barakaldo, donde le espera una demanda. El autor: el exalcalde de esta localidad vizcaína, Alfonso García (PSE). El motivo: la campaña del colectivo social contra los abultados sueldos de los políticos locales.

“Está muy claro: no quieren que haya nadie con el coraje suficiente para sacar estos temas a la luz pública”, comentó a Público Gorka García, uno de los integrantes de este colectivo. A partir de las 10.30, García estará en la concentración que se realizará frente al juzgado baracaldés, a la espera de que otro de sus compañeros comparezca en calidad de imputado por una “posible infracción penal por injurias”, según han adelantado este miércoles desde Berri Otxoak.

Hace algo más de un año, este colectivo repartió 21.000 folletos informativos entre los vecinos de Barakaldo –una de las localidades con más paro de Euskadi-, revelando que el entonces alcalde percibía 93.773 euros anuales. Según su denuncia, el regidor socialista recibía 74.307,38 de salario base, 13.337,62 de seguridad social y 6.128,16 por antigüedad. “A pesar de la crisis, se sigue forrando”, señalaban los papeles repartidos a la salida de las paradas de metro y en los buzones de muchas viviendas.

“No quieren que haya nadie con el coraje suficiente para sacar estos temas a la luz”

En ese contexto, Alfonso García negó públicamente que se hubiese subido el sueldo, aclarando que “un componente corresponde a la antigüedad” de la que disfrutaba “como funcionario del Gobierno vasco”.

En efecto, el exalcalde –ahora sin responsabilidades en el ayuntamiento- había trabajado en la administración pública hasta que ingresó como concejal al ayuntamiento baracaldés en 1999, por lo que también cobraba un plus de antigüedad. Sin embargo, Berri Otxoak advirtió que si bien García llevaba 20 años en excedencia, los pluses “se los grava al consistorio”.

En diciembre pasado, el ayuntamiento –entonces en manos del PSE- amenazó a la plataforma social con emprender acciones judiciales si continuaba con sus denuncias sobre los ingresos del alcalde. Según aseguró el colectivo, la advertencia le había llegado mediante “un documento bajo el sello de Informe del secretario y abogado municipal donde se certifica -en última instancia- las denuncias realizadas de forma pública sobre el abultado sueldo que percibe de las arcas municipales Alfonso García”.

Protesta de Berri Otxoak, veterana plataforma vasca a favor de los derechos sociales. / DANILO ALBIN

El sueldo de la sucesora

La denuncia del exregidor se habría materializado tras las elecciones municipales de mayo pasado, en las que el PSE fue derrotado por el PNV. Actualmente, los nacionalistas gobiernan en coalición con la formación que dirige Idoia Mendia. Precisamente, Berri Otxoak ha denunciado que la corporación dirigida por el PNV “ha mantenido las imputaciones judiciales” contra la asociación, que este jueves deberá comparecer en el marco de las diligencias previas abiertas por el juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo.

Lejos de amedrentarse, la plataforma querellada continúa con sus denuncias sobre los altos sueldos de los políticos. “Ante el intento de perseguir a quien cuestiona los recortes”, este grupo ha adelantado que aprovechará la vista oral para reafirmar su trabajo “en defensa de los derechos sociales y el señalamiento de los responsables de las políticas de ajustes”. De hecho, el colectivo mantiene en su página web un cartel con la cara de la actual alcaldesa, Amaia del Campo (PNV). Su sueldo –según la información disponible en ese portal- asciende a 87.645 euros al año.