Un informe de valoración del despacho madrileño Legal Orbis Abogados –encargado por varios dirigentes de Ciudadanos, fechado el pasado 19 de marzo en Madrid y al que ha tenido acceso eldiariocantabria– constata la vulneración de “todos los trámites legales” en las primarias de Cs, lo que podría suponer la “disolución” del partido naranja. “Es viable el pleito que se pretende iniciar” por parte de esos dirigentes de Cs “mediante la interposición de una querella con bastantes garantías de éxito”, concluye el informe.
“La actuación llevada a cabo por las personas implicadas” en el caso supondría supuestos delitos de “falsedad documental, corrupción entre particulares, revelación de secretos” o “daños informáticos”
El informe jurídico especifica que en las primarias celebradas por Cs en diversas comunidades autónomas españolas “se han vulnerado todos los trámites legales establecidos para el voto telemático, simulando y manipulando con engaño y temeridad el recuento y votación de los afiliados del partido” y que “la actuación llevada a cabo por las personas implicadas” en el caso supondría supuestos delitos de “falsedad documental, corrupción entre particulares, revelación de secretos” o “daños informáticos”, al haber perseguido supuestamente “conseguir un resultado a través de un sistema informático, obstaculizando de forma grave el real proceder de un sistema de votos en un partido político, simulando y falsificando el verdadero resultado electoral”. Supuestos delitos por los que, “conforme a la reforma del Código Penal operada en 2015 y en base a los artículos 31 bis y 33” de dicha norma, “un partido político, como persona jurídica con capacidad de responsabilidad penal, podrá ser condenado a su disolución”. Según el informe, se habría incurrido en una “responsabilidad penal” tipificada por el artículo 31 bis del Código Penal, al haberse actuado “en nombre o por cuenta del partido político para intereses ajenos y de terceros”. Y se habría “omitido la adopción de medidas de precaución y control exigibles para garantizar el desarrollo legal de la actividad”, en referencia a “las medidas técnicas, organizativas y personales fundamentalmente vinculadas a los protocolos de minimización de riesgos delictivos y a los códigos de ética y conducta recogidos en los propios estatutos del partido, sobre todo en lo concerniente a su artículo 12”.
El informe de Legal Orbis Abogados recuerda que tras las “irregularidades cometidas” en las primarias de Castilla y León, los dirigentes de Cs que ahora han encargado este informe solicitaron a la Comisión de Garantías y Valores del partido una auditoría externa –con “el desglose pormenorizado de los votos de las primarias detallado minuto a minuto” y “las direcciones IP, con el fin de localizar los ordenadores desde donde se efectuaron extrañas concentraciones de votos desde las mismas direcciones IP”– que contribuyera a “demostrar la transparencia y garantía del sistema telemático empleado por el partido en las votaciones”, pero la Comisión de Garantías y Valores les ha respondido con “evasivas” y “acreditaciones parciales de poco interés” para ellos, lo que confirmaría que “efectivamente no se han adoptado todos los mecanismos viables internamente dentro de un partido que se presume leal y transparente en el cumplimiento de sus obligaciones”, presumiendo una alteración de “la fiabilidad” con la que se emitieron los votos y perturbando así “el real recuento de las votaciones”.
La Directiva 2013/40/UE de 12 de agosto establece que “los sistemas de información” son “un elemento esencial para la interacción política, social y económica en la Unión Europea”
Tras un “análisis pormenorizado” de “las actuaciones reseñadas” y de “las evidencias que nos constatan”, el informe jurídico determina que “es clara la conducta delictiva”, al haberse “obstaculizado el leal funcionamiento del sistema telemático como objeto del delito, todo ello reconocido no solo en nuestra legislación sino recogido igualmente en la propia Convención sobre Ciberdelincuencia y en la Directiva 2013/40/UE de 12 de agosto”, que establece que “los sistemas de información” son “un elemento esencial para la interacción política, social y económica en la Unión Europea”. “Estos determinados comportamientos surgidos al hilo del desarrollo tecnológico han supuesto una amenaza por los riesgos que generan, haciéndose acreedoras de todo reproche penal, extendiendo la responsabilidad penal a personas jurídicas responsables del ilícito, quienes han debido velar por el buen funcionamiento y la seguridad de estos sistemas, garantizando un adecuado nivel de prevención y protección de los sistemas informáticos, así como la debida persecución de la verdad ante posibles irregularidades”, estableciendo “las sanciones correspondientes en atención a la importancia de los daños causados, muy superiores a los posiblemente evaluables económicamente”, advierte el informe.
El informe de Legal Orbis Abogados señala asimismo que el pleito que pretenden iniciar los dirigentes de Cs que han encargado el informe “tendría que llevarse a cabo en el territorio español, por tener jurisdicción para conocer sobre los hechos que se enjuiciarían en un futuro procedimiento, correspondiendo la competencia territorial al Partido Judicial del lugar donde se hayan cometido los mismos, salvo que se iniciase una acción conjunta por parte de los afectados o perjudicados del caso”.
