miércoles 11.12.2019
POLÍTICA

La morosidad del Gobierno de Diego (PP) obliga a los cántabros a pagar hoy 176.258 euros

La Audiencia Provincial condena al actual Ejecutivo a pagar una deuda dejada por los ‘populares’ por incumplir un contrato de arrendamiento en 2012.

El presidente del PP en Cantabria, Ignacio Diego, junto a la diputada regional, Cristina Mazas
El presidente del PP en Cantabria, Ignacio Diego, junto a la diputada regional, Cristina Mazas

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al Gobierno a pagar 176.258 euros por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento por parte del Gobierno del Partido Popular, por dejar de pagar en 2012 la renta de un local que utilizaba el ya desaparecido Consejo Económico y Social (CES).

Además de los 176.258 euros, el Gobierno deberá hacer frente también a los intereses legales devengados desde el 1 de agosto de 2012 (fecha en la que se dejó de abonar la renta) y a las costas causadas por la demanda.

El origen del conflicto está en la Ley de Cantabria 2/2012 de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos. El mismo dispuso la supresión del Consejo Económico y Social, que mantenía un contrato de arrendamiento con la parte demandante desde el 1 de enero de 2008, con una duración de 12 años.

En un comunicado de prensa, el Gobierno explica que con la disolución del órgano, la entonces Consejería de Turismo, Transportes, Comunicaciones e Industria, de la que dependía el Consejo Económico y Social, quiso dar por finalizado el contrato de forma unilateral, "a pesar de que existían dos cláusulas perfectamente conocidas por ambas partes, relativas a la existencia de un plazo mínimo de duración del arrendamiento y a la penalización por cese anticipado del contrato".

La Audiencia ha resuelto ahora a favor de la parte arrendadora y ha condenado al Gobierno al pago de todo lo solicitado, tras reconocer que, aunque el Consejo Económico y Social ya no existe, debe ser la consejería de la que dependía quien asuma su responsabilidad.

El pago que debe afrontar el Ejecutivo corresponde, tal y como solicitó la parte arrendadora en su recurso, al periodo de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2012 y de tres mensualidades por año que restaba hasta alcanzar la fecha de fin de contrato.

Desde el Ejecutivo PRC-PSOE se destaca que la decisión del anterior Gobierno (PP) de suprimir el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Juventud y el Consejo de la Mujer "ha supuesto un coste muy elevado a las arcas de la Comunidad, no solo por esta sentencia por impago del arrendamiento, también por otras dictadas contra el Gobierno por despidos nulos en estos tres órganos", concluye.

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