La gestión del PP en el Gobierno de Cantabria durante la pasada legislatura (2011-2015) está dejando más sombras que luces durante los primeros meses del Gobierno bipartito PRC-PSOE. Después de salir a la luz el uso discutible de fondos que realizó el Gobierno de Diego, ahora es el turno de las autorizaciones provisionales, figura creada para defender, en principio, los derechos de los propietarios de viviendas con sentencias de derribo. El pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) la ha declarado “nula e inconstitucional”, algo que para el PP “no tiene mucha lógica”.
Así lo ha manifestado el cabeza de lista de los ‘populares’ cántabros al Senado y exconsejero de Urbanismo, Javier Fernández, quien ha asegurado que la normativa cántabra en este sentido "se mantiene para aquellas edificaciones consideradas ilegales que se encuentran aún en la vía administrativa", ya que el Tribunal sólo ha anulado la parte de la regulación autonómica que afecta a las que tienen sentencia firme por la vía judicial.
Según ha explicado Fernández en un comunicado tras conocerse la sentencia, "el Constitucional ha estimado que el Parlamento de Cantabria no tiene competencias para legislar en materia procesal, sino que esa capacidad le corresponde al Estado". El ‘popular’ ha aprovechado que está en periodo electoral, y que ya puede pedir el voto, para indicar que "este es el momento oportuno" para que las Cortes Generales que resulten elegidas el próximo 20 de diciembre "busquen una solución a este tipo de cuestiones".
"Estamos hablando de una cuestión muy importante desde el punto de vista económico, no solo en Cantabria, sino en el resto de España", ha subrayado Javier Fernández, quien ha considerado la normativa de Cantabria sobre autorizaciones provisionales como "una figura de sentido común".
En su opinión, ahora puede producirse "una especie de carrera diabólica para ver si se acaba primero el plan general o se derriban primero las viviendas" ya que, según ha añadido, se puede contemplar el supuesto de que "haya que tirar una serie de edificaciones, pero el plan general que se está tramitando las permita" y se pueda volver a construir la misma vivienda.
"No tiene mucha lógica en un estado de derecho y por eso pensábamos que esta figura iba a pasar el filtro de la constitucionalidad", ha señalado.
Fernández ha transmitido un mensaje de tranquilidad a las familias afectadas por los derribos pues, según ha recordado, "se han firmado más de 400 convenios que garantizan su patrimonio".
Al respecto, ha añadido que el Gobierno de Ignacio Diego "se preocupó muchísimo por garantizar los derechos de estas familias" que, ha considerado, "no son responsables de que hace ya muchísimos años se hubiesen declarado ilegales las licencias".
