lunes 19.08.2019
POLÍTICA

Queda impune el acoso ultra a 400 cargos públicos de Unidos Podemos

La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza no abrirá ningún expediente de ‘Ley Mordaza’ a ninguno de los quince participantes identificados en la concentración ilegal sucedida el pasado 24 de septiembre a las puertas de un acto de Unidos Podemos.

Luis del Piñal asegura que tras esta decisión queda patente "el doble rasero para aplicar la ley en España”.

Tras los incidentes, Verónica Ordóñez afirmaba que la situación vivida fue “consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno” español.

Un grupo de ultras, con banderas de España, increpan a los miembros de Unidos Podemos a las puertas de su asamblea en Zaragoza | Foto: Público
Un grupo de ultras, con banderas de España, increpan a los miembros de Unidos Podemos a las puertas de su asamblea en Zaragoza | Foto: Público

La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza no ha abierto ningún expediente de ‘Ley Mordaza’ a ninguno de los quince participantes identificados en la concentración ilegal sucedida el pasado 24 de septiembre en Zaragoza, cuando más de medio millar de ultras acosaron a 400 cargos públicos de Unidos Podemos que se habían reunido para intentar buscar una salida política al proceso separatista catalán.

De esta manera, y según informa Público este sábado, estas infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana quedarán impunes ante la ley. Además, también se han archivado las pesquisas para identificar al autor del botellazo que sufrió la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, “por falta de autor conocido”.

La Subdelegación del Gobierno de la capital aragonesa argumenta que no ha recibido el informe policial sobre lo ocurrido, a pesar de que la Jefatura Superior de Policía ha asegurado que estas identidades sí fueron comunicadas, al igual que se trasladó la investigación sobre el autor del botellazo y las diligencias por la agresión que ese día sufrió un agente.

De esta manera, los autores de las presuntas infracciones vinculadas con esta concentración ultra no podrán ser sancionados, ya que este sábado, 24 de marzo, los hechos prescribirán al haber pasado seis meses desde que fueron cometidos.

Esta manifestación ilegal a las puertas del pabellón Siglo XXI de Zaragoza obligó a 400 cargos públicos, y a los periodistas que cubrían el acto, a permanecer recluidos en su interior hasta que los manifestantes se fueron dispersando.

La parlamentaria autonómica de Podemos Cantabria Verónica Ordóñez fue uno de los testigos directos de estos hechos. Un día después de lo sucedido, Ordóñez aseguraba a este diario que “desde primera hora” del domingo los representantes institucionales participantes en la asamblea detectaron “mucho movimiento” a la entrada del recinto y que ya fueron “hostigados” por “un par de docenas” de ultraderechistas al acceder al mismo.

La Subdelegación del Gobierno de la capital aragonesa argumenta que no ha recibido el informe policial sobre lo ocurrido

La diputada del Parlamento de Cantabria explicó que al finalizar su intervención en la asamblea se dirigía al exterior del recinto para fumar un cigarro, cuando la policía le comunicó que por motivos de seguridad no podía salir, pues en el exterior había ya “unas 500 personas insultando y amenazando”. “Una compañera que tenía que salir para tomar el AVE de vuelta a casa tampoco pudo hacerlo”, comentó a ‘eldiariocantabria’.

“Después de la agresión a la presidenta, nos dijeron que esperáramos a que la situación estuviera controlada”, apuntaba Ordóñez, quien destacó que “muchos de los 400” representantes institucionales acudieron a la asamblea en coches particulares que aparcaron en las proximidades del recinto y que “sólo había 12 policías nacionales” para garantizar la seguridad. “Llegamos a tener miedo, hubo momentos en los que tuve miedo”, aseguró entonces la parlamentaria de Podemos, que calificó de “desprotección” la situación, y ya en ese momento denunció que el delegado del Gobierno español en Aragón tardó “dos horas” en responder a las llamadas de los organizadores y después les comunicó que “no podía garantizar nuestra seguridad porque estaban bajo mínimos, al haber enviado al grueso de sus efectivos a Cataluña”.

Por último, la diputada de Podemos Cantabria aseguraba que la situación vivida en Zaragoza es “consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno” español, al que ha acusado de “abandonar el diálogo” y practicar el “autoritarismo”. 

Tras conocer la noticia de la inacción por parte de la Subdelegación, este medio ha podido hablar con Luis del Piñal, quien también formaba parte de la representación de Podemos Cantabria en el acto, junto Verónica Ordóñez y Alberto Gavín.

Del Piñal ha declarado que “al igual que ha ocurrido en Santander, se puede dejar entrever que hay un doble rasero por parte del Estado a la hora de evaluar ciertas conductas, que en este caso atentan contra la libertad de las personas”. “No debemos olvidar -ha recordado- que cerca de 400 personas fuimos encerradas durante horas porque la propia Policía nos decía que no podían garantizar nuestra seguridad”.

“Ni siquiera nos dejaban abrir las puertas”, ha relatado el actual responsable de acción institucional y municipalismo del Consejo Ciudadano en Cantabria. “Nos decían que eran incapaces de garantizar nuestra seguridad, no podíamos mirar ni a través de las ventanas. Solo escuchábamos ruidos e insultos”, ha asegurado del Piñal.   

"Se puede dejar entrever que hay un doble rasero por parte del Estado a la hora de evaluar ciertas conductas", asegura Luis del Piñal

ATAQUES ULTRADERECHISTAS A PABLO IGLESIAS EN SANTANDER

Pero el de Zaragoza no es un caso aislado de incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte de una Delegación del Gobierno. En Cantabria, el Delegado del Gobierno español, Samuel Ruiz, tampoco remitió al Juzgado las identificaciones de los 11 ultraderechistas identificados por la Policía Nacional tras los incidentes que un grupo de ultraderechistas protagonizó el pasado 27 de octubre en Santander durante el acto de Podemos Cantabria en el que intervino el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por lo que la causa fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, al que tuvo acceso este diario, el fiscal interesa la inadmisión de la querella en relación con los delitos de incitación al odio y de convocatoria ilegal de manifestaciones, a pesar de que el grupo de WhatsApp en el que se convocó la protesta ultraderechista contenía mensajes como “¿podemos llevar la del Águila?”, “no llevéis la del Águila, que es lo que quieren”, “llevamos bates y le abrimos la cabeza” o “sin piedad, y a todos los rojos también, de uno en uno al paredón” y a pesar de que la convocatoria de la protesta no fue comunicada a la Delegación del Gobierno español en Cantabria.

Asimismo, el propio Pablo Iglesias aseguraba que “la Delegación del Gobierno en Cantabria no ordenó a la policía identificar a los agresores”, al hilo de la decisión del juzgado de instrucción, que decidió archivar “por falta de autor conocido” la denuncia presentada por una operadora de cámara de televisión de Europa Press TV por la agresión de un ultraderechista durante estos incidentes, en los que también fue agredido el director del diario elfaradio.

“Si hubiera sido en un mitin de Rajoy, ¿habría actuado igual la Delegación del Gobierno?”, se preguntaba en su perfil de Twitter el secretario general de Podemos, que ha denunciado que “otra vez los fascistas disfrutan de impunidad”.

En la misma línea, Del Piñal ha respondido que “si hubiera sido un mitín de Mariano Rajoy, básicamente estas personas estarían en la cárcel por culpa de la dichosa ‘Ley Mordaza’”. Ese es, a su juicio, “el doble rasero para aplicar el peso de la ley en España”.

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