Jueves 16.08.2018
POLÍTICA

La vicepresidenta del Gobierno que implantó la 'Ley Mordaza' acusa al independentismo de "querer imponer su voluntad"

Soraya Sáenz de Santamaría define el independentismo como un “fanatismo cuasi religioso” y lamenta que “con lo que hemos luchado por acabar con la Dictadura parece mentira que algunos quieran imponer su voluntad”.

En su intervención ha defendido el trabajo y los “meses difíciles” con la aplicación del artículo 155, y contrapone lo que define como “patriotismo constitucional” frente a la “intolerancia y división” que atribuye a los gobernantes de Cataluña.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Foto: edc
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Foto: edc

Este martes tenía lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander la clausura de la reunión de delegados y subdelegados del Gobierno de España, un acto que ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Estado, Soraya Sáenz de Santamaría. Y como no podía ser de otro modo en un encuentro para debatir los problemas a los que se enfrentan los delegados y abordar las posibles soluciones, Cataluña ha ocupado buena parte del discurso de Sáenz de Santamaría, quien ha ensalzado la labor del Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha arremetido contra el independentismo llegando a unir en una misma frase la situación que se vive en dicha comunidad con la Dictadura.

Así, después de hacer un repaso de la acción del Gobierno, de las próximas actuaciones y de felicitar a los delegados por su labor, la vicepresidenta ‘popular’ ha afirmado que “el independentismo se mueve entre la falsedad y la política de las emociones”, calificándolo como un “fanatismo cuasi religioso”. En contraposición a esto, ha asegurado que el Ejecutivo español tiene “la bandera de la fuerza de la democracia”, con el “objetivo prioritario” de “devolver una convivencia normal y serena al conjunto de los catalanes que han sufrido mucho”.

Sáenz de Santamaría ha apostado por "fortalecer la cultura del pacto" plasmada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Por ello, ha definido como “patriotismo constitucional” la actitud del Gobierno de España frente a la “división e intolerancia” que a su juicio generan los gobernantes de Cataluña al querer “imponer” su forma de ver las cosas.

“Tenemos que estar en la lealtad. Ser cántabro, ser catalán, ser andaluz, es nuestra forma de ser españoles, la lealtad a un proyecto de futuro”, ha aseverado para, a continuación, negar que puedan gobernar “quienes han dejado de ser votados por la gran mayoría” de los catalanes.

Sáenz de Santamaría ha terminado su intervención afirmando que “con lo que hemos luchado por acabar con la Dictadura, parece mentira que algunos quieran imponer su voluntad”.

CULTURA DEL PACTO

La vicepresidenta ha querido aprovechar su intervención también para rendir “homenaje a todos los servidores públicos” y “agradecer el trabajo para la aplicación del artículo 155” durante unos “meses difíciles” en los que se ha “trabajado por la democracia y para defender los derechos de todos los españoles”.

Además de su particular visión sobre la situación en Cataluña, Sáenz de Santamaría ha apostado por "fortalecer la cultura del pacto" plasmada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y extenderla a temas como las pensiones, la educación o la financiación autonómica.

Si este lunes la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, denunciaba que Mariano Rajoy había “ninguneado” a las mujeres y a la sociedad civil en general con un Pacto de Estado que no contemplaba el compromiso del Gobierno de destinar 120 millones a las comunidades autónomas para aplicar las medidas, este martes la vicepresidenta de España desviaba la atención de ese aspecto y destacaba que este tipo de cuestiones “necesitan de acuerdos duraderos que trasciendan a ciclos políticos y económicos" y, por ello, ha comprometido el "esfuerzo" del Gobierno para "buscar acuerdos" en estos puntos porque "inciden directamente sobre el futuro de las siguientes generaciones".

"No podremos considerar que la sociedad española es una sociedad avanzada hasta que no nos hayamos librado de esta lacra terrible" y, por ello, ha asegurado que el objetivo de todos los poderes del Estado es "combatirla y erradicarla" por lo que "no vamos a escatimar esfuerzos".

Así, ha enfatizado que el Gobierno ha comprometido 1.000 millones de euros adicionales en los presupuestos de los próximos cinco años, de 2018 a 2022, de los que ha recordado que 100 millones serán por la vía de transferencia a los ayuntamientos, otros 500 a las comunidades autónomas y 400 para las medidas de ámbito estatal.

Y en estas últimas, ha destacado que las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno realizan un "trabajo trascendental" para el seguimiento de casos de riesgo, análisis datos e información y seguimiento de redes sociales.

"Se van a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para perseguir agresores pero, sobre todo, para la prevención, el apoyo a las víctimas y la utilización de todos los recursos existentes para proteger a esas mujeres en situación de riesgo, para que se sientan acompañadas en los momentos más difíciles de su vida", ha añadido la vicepresidenta.

La vicepresidenta ha destacado que estos PGE para 2018 "mejoran las rentas de al menos 13 millones de españoles"

PRESUPUESTOS

Entre otros asuntos abordados por la vicepresidenta en su intervención han destacado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que el Gobierno ya ha llevado al Congreso. Sobre éstos, ha dicho que son unas cuentas para "consolidar el crecimiento económico sostenible e inclusivo" y "devolver a la sociedad lo que ha aportado, especialmente en los momentos más duros de la crisis".

Así, ha defendido que son unas cuentas "decisivas" para seguir avanzando en el crecimiento de empleo y lograr el "objetivo fundamental" de que en 2020 trabajen en España 20 millones de personas, un camino que se va "cumpliendo" ya que en 2018 se prevé que se creen 475.000 puestos de trabajo.

Además, ha enfatizado que los PGE son "viables" y permiten "salir del procedimiento de déficit excesivo". "Estos son los presupuestos que nos hubiera gustado aprobar en el Gobierno en 2012 pero ni las cuentas ni el momento se prestaban para eso, pero ahora que podemos la prioridad del gasto es el gasto social", ha reivindicado.

En este punto, ha destacado que estos PGE para 2018 "mejoran las rentas de al menos 13 millones de españoles, que mejorarán su bienestar si se aprueban estos presupuestos del Estado".

Una mejora que, ha dicho, se promueve con medidas como "el incremento de las pensiones, que beneficiará a cerca de 6,7 millones de personas", la reducción del IRPF para "rentas bajas y media con un impacto de 2.000 millones que dejarán de pagar", y también con acciones para afrontar el reto demográfico, aumentando la deducción por familia numerosa o la creación de un cheque guardería de 1.000 euros anuales.

También ha destacado que estas cuentas atienden la financiación a las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos esenciales y alcanzan "su máximo histórico" con más de 105.000 millones de euros.

Otra cuestión "importante" en las cuentas es que permitirán la tasa de reposición del 100% a aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit y deuda y la regla de gasto y con bolsas adicionales de entre el 5 y el 10% para "sectores prioritarios".

En este punto, se ha referido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, con estos PGE, no sólo se les reconocerá "el esfuerzo realizado avanzando hacia la equiparación salarial" sino que además contarán con una tasa de reposición del 115%.

ACCIÓN DEL GOBIERNO

En su intervención, la vicepresidenta ha destacado el papel "fundamental" de los delegados y subdelegados del Gobierno en "un estado tan descentralizado como es España" porque su trabajo permite "una unidad de acción" en el conjunto del país.

"Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno son el eje sobre el que pivota la colaboración del Estado con el resto de administraciones públicas", ha reivindicado, y ha puesto en valor la "cultura de la lealtad, el diálogo y pacto como valores fundamentales de estas instituciones".

Para Sáenz de Santamaría, las delegaciones y subdelegaciones son un "motor político" a través del que se canalizan y aceleran las "soluciones" del Estado para cada territorio al ser su "administración de proximidad", la más cercana a los ciudadanos. "Los ojos y los oídos del Gobierno para estar al día de los problemas y las particularidades en cada sitio", ha apostillado.

Pero también ha ensalzado que los delegados y subdelegados del Gobierno son "interlocutores y transmisores de la acción del Gobierno en cada una de las comunidades autónomas", una tarea "importante" que además ha apelado por "fortalecer" como "parte fundamental del engranaje de la Administración".

En la clausura, Sáenz de Santamaría ha estado acompañada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, como anfitrión del encuentro.