La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha afirmado este martes que el proceso sancionador abierto contra la empresa adjudicataria de las obras de Valdecilla por las irregularidades e incumplimientos" que ha puesto de manifiesto la auditoría externa encargada por el Gobierno, quedará resuelto dentro de este año.
Real ha explicado que ahora se está en la fase de verificación y cuantificación de las irregularidades por parte de los servicios técnicos, y posteriormente se incoará un expediente de imposición de penalidades, se dará trámite a la audiencia y una vez estudiadas sus alegaciones, se resolverá el expediente.
Las irregularidades se aproximan a los tres millones de euros
"Se va a hacer lo más rápidamente posible", ha dicho la consejera, quien ha explicado que sólo las irregularidades comentadas en la rueda de prensa que ofreció el viernes con la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, se aproximan a los tres millones de euros.
Real ha replicado al PP que el objetivo del Gobierno es "cumplir estrictamente" el contrato de colaboración público privada de Valdecilla, "porque tenemos que defender los intereses de la administración y de los ciudadanos".
Por ello, ha reiterado que se va a exigir que la empresa concesionaria -formada por Ferrovial SIEC- "cumpla estrictamente el contrato, tanto respecto a la obra, y por lo tanto tendrá que reformar todas las irregularidades que se han puesto de manifiesto, como el cumplimiento de los servicios externalizados".
Real ha considerado "sorprendente" que la diputada del PP y exconsejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, "se limite" a hablar de la empresa adjudicataria de la auditoría, y ha subrayado que "lo realmente importante, son las irregularidades e incumplimientos que ésta ha puesto de manifiesto, que son "bastantes", como se puede comprobar -ha dicho-, en el documento, que está colgado en el Portal de Transparencia del Gobierno.
"Lo importante será si hay o no hormigón en la cuarta planta; si están o no los cuatro ascensores que faltan; si hay o no todos los utensilios que deberían estar colocados en las plantas; si hay goteras o no; si se están levantando o no las maderas del hall,..", ha reprochado Real a su antecesora en el cargo.
La consejera ha explicado que el contrato establece penalidades leves, medianas y graves. Tres leves son igual que una grave, y cuando "la irregularidad es de suficiente importancia para el funcionamiento del hospital, se puede resolver el contrato", ha explicado a preguntas de los medios antes de reunirse con la directiva de la Sociedad Cántabra de Urgencias y Emergencias (SEMES).
Real ha explicado también que la empresa puede optar por hacer los cambios que estaban previstos en el proyecto, y si no es así, "se retirará esa cantidad de la factura".
SCS defiende la "transparencia" en la adjudicación del estudio sobre "irregularidades" en las obras de Valdecilla
El Servicio Cántabro de Salud (SCS) defiende la "transparencia" del proceso de adjudicación del estudio que analizó los trabajos de finalización y ampliación del Hospital Valdecilla; respalda sus conclusiones, y acusa a la secretaria autonómica del PP cántabro y exconsejera de Sanidad, Maria José Sáenz de Buruaga, de parecer "más preocupada" por "defender a priori" a la UTE que ejecutó las obras que por las "irregularidades y deficiencias detectadas".
Así lo ha reivindicado este martes, en un comunicado, el director gerente del SCS, Julián Pérez Gil, después de que desde el PP cántabro se afirmase que se trataba de un informe "a la carta" encargado a la empresa del hermano de un alto cargo del Gobierno nombrado por el PSOE (la directora general de Presupuestos, Eugenia Gutiérrez Díaz-Velarde; "incompleto", "deliberadamente sesgado" y "carente del mínimo rigor" y se ponía en duda en que sirviera para "fundamentar" y pedir responsabilidades a la adjudicataria.
En respuesta a esas declaraciones de la secretaria autonómica del PP y exconsejera de Sanidad en la pasada legislatura, María José Sáenz de Buruaga, Pérez Gil ha asegurado que se trata de una "auditoría rigurosa" cuyo procedimiento de adjudicación, un proceso negociado sin publicidad, "ha seguido los trámites legales previstos para este tipo de procesos".
El estudio se adjudicó a la empresa Recursos de Obras, Montajes y Asistencias, ROMA, por parte del Gobierno regional (PRC-PSOE) por importe de casi 46.000 euros.
Además, y mientras que Sáenz de Buruaga desmintió algunas de esas supuestas "irregularidades" y "deficiencias" que citaba el informe, Pérez Gil considera que, en el informe, éstas se "constatan de forma clara".
Respecto a las palabras de Sáenz de Buruaga, el director gerente ha señalado que "la utilización como único argumento de descalificaciones personales pone de manifiesto que no se cuenta con fundamentos sólidos para defender una postura".
Seis empresas invitadas y tres participantes
En cuanto al procedimiento de adjudicación, el director del SCS ha explicado que, tal y como se recoge en el 'Perfil del contratante', inicialmente se invitó a seis empresas a participar en este procedimiento, de las que tres presentaron finalmente una propuesta.
De estas tres propuestas, la presentada por la empresa Recursos de Obras, Montajes y Asistencias S.L obtuvo, según ha explicado, "la mayor puntuación" en la propuesta técnica, plan de trabajo y oferta económica, resolviéndose el procedimiento a su favor "por ser la oferta económicamente más ventajosa, una vez ponderados los aspectos técnicos y económicos objeto de negociación".
Tras su presentación pública, ha recordado que el informe está disponible en la página web del Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria para su consulta por cualquier ciudadano de Cantabria.
Para Pérez Gil, ese proceso, a su juicio, de "absoluta transparencia" contrasta con las declaraciones de Sáenz de Buruaga, a la que, según ha censurado, ve "más preocupada en la defensa a priori" de la empresa adjudicataria del contrato público-privado de Valdecilla y en "atacar la imparcialidad" de los autores de la auditoría "que de preocuparse de las irregularidades y deficiencias detectadas".
