Largo ha sido el camino del nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hasta llegar a esta cartera. El Presidente de España, Mariano Rajoy, defiende que su nombramiento, al igual que el de los otros 12 miembros del Consejo de Gobierno, abre una vía de diálogo y consenso. Sin embargo, y a pesar del perfil bajo del todavía alcalde de Santander, su trayectoria ha estado plagada de polémicas, sobre todo en los últimos meses.
En realidad, la mayoría de esas polémicas responden a un único motivo: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander. El documento, duramente criticado casi desde su inicio, ha sido el paraguas bajo el que se ha refugiado De la Serna para, por ejemplo, desalojar a una anciana de la vivienda en la que había pasado toda su vida para poder construir un vial que pasaba exactamente por ese punto.
A pesar de los intentos de negociación, el inmovilismo de De la Serna llevó finalmente al derribo de la casa mientras la mujer, Amparo Pérez, se encontraba en el hospital. El desalojo tuvo lugar el 5 de febrero de 2015, y ese mismo día ingresó en el Hospital Valdecilla. Tres días más tarde la empresa adjudicataria de las obras derribaba la casa para poder construir el vial. Y menos de 15 días después Amparo fallecía.
El inmovilismo de De la Serna llevó finalmente al derribo de la casa mientras la mujer, Amparo Pérez, se encontraba en el hospital
De la Serna siempre se escudó en que esa casa estaba fuera de ordenación, asegurando que la anciana conocía la situación desde hace más de 20 años, tiempo en el que “nunca presentó ninguna alegación”. Sin embargo, los intentos de la familia por llegar a un acuerdo con el alcalde fueron infructuosos.
En declaraciones realizadas unos días antes del desalojo, la nieta de Amparo Pérez, denunciaba una “situación de acoso increíble”, y aseguraba que el dinero que iba a recibir por la vivienda “nunca ha sido el problema, sino la dignidad y el trato humano”.
Durante los meses previos al desalojo el clamor social en contra de la actitud del regidor de Santander fue más que evidente. Concentraciones frente al Ayuntamiento, peticiones de diálogo e iniciativas políticas por parte de la oposición fueron constantes semana tras semana y prácticamente día a día.
Y frente a esta denuncia de “acoso y hostigamiento”, De la Serna ha apelado siempre a la legalidad. Frente al sentimiento, la ley, como ha hecho en más de una ocasión su partido, el PP. Según el nuevo ministro de Fomento, “se trata de una expropiación” que siempre ha seguido “rigurosamente el procedimiento”, y que ha sido ratificado por los tribunales por tratarse de una obra “de interés general”.
La oferta del Consistorio por esta casa de 90 metros cuadrados y un terreno de 374 metros era de 79.000 euros, cantidad insuficiente según la familia si había que comprar otra vivienda. Tras la aprobación del nuevo PGOU que ahora ha sido anulado, la calificación de los terrenos sobre los que se hallaba la vivienda de Amparo habían pasado de urbanos a rústicos, lo que evidentemente influyó negativamente en el valor. A la hora de pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles, su propiedad estaba tasada en 104.000 euros por la Agencia Tributaria del Gobierno de Cantabria.
La otra opción planteada desde el equipo de Gobierno fue un apartamento de titularidad municipal de 40 metros cuadrados más el abono de 10.000 euros, situado en la zona de Peñacastillo, al otro extremo de la ciudad. Algo que ni la mujer afectada ni la familia aceptaron en ningún momento por motivos evidentes de traslado.
Cuando el vial fue inaugurado, decenas de personas arroparon a los nietos de Amparo Pérez para nombrar esta nueva calle con su nombre a modo de homenaje.
