martes 10.12.2019
POLÍTICA

Sota asegura que la Intervención General “mira con lupa” los contratos presuntamente irregulares del SCS

Imagen de archivo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria
Imagen de archivo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha asegurado que la Intervención General del Gobierno de Cantabria está realizando su trabajo y "mira con lupa" los contratos realizados en 2017 por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) tras las denuncias de posibles irregularidades aunque, ha señalado, el interventor cesado en febrero, Gabriel Pérez, y su equipo "no detectó nada".

No obstante, además del expediente informativo abierto por Sanidad y que lleva un inspector de Inspección de Servicios Sanitarios, la Intervención General actual encabezada por Pedro Pérez Eslava está "analizando los contratos", algo que "no se hizo en su momento", pero aún no hay un informe preeliminar aunque Sota ha asegurado que, en cuanto lo haya, el Gobierno regional lo hará público con "absoluta transparencia".

Sota ha insistido en negar que el cese de Gabriel Pérez se produjese por detectar posibles "indicios" de esas supuestas irregularidades

Sota ha insistido en negar que el cese de Gabriel Pérez se produjese por detectar posibles "indicios" de esas supuestas irregularidades y ha recordado que aquel interventor general fue nombrado por el PP en la anterior legislatura y, aunque no le cambió nada más llegar a la Consejería como si hizo la 'popular' Cristina Mazas, ha enfatizado que tiene "la capacidad para hacerlo" y así lo ha hecho el pasado mes de febrero.

El consejero se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre la petición del PP para que la Intervención General haga una auditoria de los contratos del SCS y al que ha replicado que el Servicio Cántabro de Salud "está sometido a una evaluación y control financiero permanente" por lo que cree que "no es necesario que se haga ninguna actuación específica".

Sota ha dicho a los 'populares' que, al igual que se hacía en la legislatura que ellos gobernaron, hay un análisis y control de los capítulos 2 y 6 de presupuesto del SCS. "Eso se ha hecho la anterior legislatura, en 2015, en 2016 y en 2017 se está acabando de hacer ahora" y, precisamente por no estar concluido, "se ha incluido" un análisis más detallado de esas supuestas irregularidades que han denunciado.

Pero, ha enfatizado, en todo el trabajo al respecto realizado por el anterior interventor "no se detectó nada" aunque desde el PP se esté planteando que fue destituido por haber detectado algo de "esto". "No detectaron nada", ha insistido Sota que, ha considerado, que, si fuese cierto que hay "una regata de irregularidades" como dice el PP y no se detectaron, "igual ese sería un motivo para destituirles".

Y es que, de tener cualquier sospecha de irregularidad, la Intervención General tiene autonomía para investigar y hace los controles y auditorias que crea conveniente porque el consejero no da "ninguna instrucción".

"No entiendo qué sospecha puede haber al respecto si la Intervención General trabaja con autonomía", ha dicho y ha recordado que, además, hasta hace poco más de dos meses lo hacía con un equipo que "fue nombrado por el PP en la anterior legislatura".

Por ello, y ante las preguntas por los cambios en la Intervención que le formulará el PP en el próximo pleno, Sota ha dicho que le "parece gravísimo" que, si es cierto lo que dice el PP de que "ya había indicios" y el anterior interventor "tenía conocimiento de algo", no actuase.

"Antes de que esa señora funcionaria presentara el escrito, según las declaraciones de la presidenta del PP (María José Sáenz de Buruaga), ya había indicios", ha enfatizado el consejero, que ha preguntado "por qué no se investigaron" cuando "Intervención tiene la competencia de todas esas evaluaciones y no recibe ninguna instrucción".

AUDITORÍA AL PP

Por otro lado, Podemos quiere que la Intervención de la comunidad autónoma audite los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) no solo de la actual legislatura, en la que gobierna el bipartito PRC-PSOE, sino también los de la anterior, con el PP, porque asegura tener "indicios" de que fue en esta etapa en la que "comenzaron las irregularidades en las contrataciones".

Con este objetivo, la formación morada ha presentado una enmienda a la proposición no de ley (PNL) que el PP ha presentado para su debate en el Pleno del Parlamento de Cantabria del lunes, 21 de mayo.

"Consideramos que no hay que circunscribir la auditoria a los expedientes de contratación de esta legislatura sino que es necesario que se auditen desde el año 2011 porque tenemos indicios de que existen contratos irregulares también correspondientes a la legislatura en la que Ignacio Diego era presidente del Gobierno de Cantabria", ha afirmado el diputado de Podemos Alberto Bolado, que será el encargado de defender la enmienda.