jueves. 28.03.2024

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) señalaba hace algunas semanas el carácter ilegal de los incrementos salariales y la reestructuración de plantilla que el Ejecutivo del PP liderado por Ignacio Diego llevó a cabo en Cantur en 2014. La Justicia obligaba a los trabajadores a devolver las cantidades, que todavía no han trascendido. Sin embargo, el PRC considera que puede haber otra salida, y es por ello que ha presentado una interpelación al bipartito PRC-PSOE para saber qué medidas se van a tomar para cumplir con dicha sentencia.

Medidas que, a juicio del portavoz regionalista, Pedro Hernando, y del diputado del PRC, Francisco Ortiz, no pueden en ningún caso obligar a los trabajadores a pagar por lo que consideran una “falta de rigor” del Gobierno de Diego. Según han explicado, en conversaciones previas con el consejero de Industria, Innovación, Turismo y Comercio, Francisco Martín, el Gobierno “persigue minorar los daños a los trabajadores, que son los ‘paganini'” de la situación provocada por dos organismos dependientes del PP.

Como ha recordado Hernando, el TSJC declaró “nula” la subida salarial, así como los incrementos retributivos aprobados en 2014 a los trabajadores de Cantur. Una medida que el portavoz del PRC en el Parlamento ha calificado de “grave ilegalidad” por parte del PP de Diego.

La Dirección General de Trabajo fue la que llevó a los tribunales el convenio aprobado por la dirección de Cantur, que no contaba con los informes preceptivos de las consejerías de Economía ni Presidencia

En su interpelación los regionalistas preguntan al bipartito por los “criterios para el cumplimiento de la sentencia y qué medidas se van a tomar para que los efectos en los trabajadores sean los menos posibles”.

Dos organismos del mismo gobierno en los tribunales

Tanto Hernando como Ortiz también han hecho hincapié en el hecho de que la Dirección General de Trabajo fue la que llevó a los tribunales el convenio aprobado por la dirección de Cantur, que no contaba con los informes preceptivos de las consejerías de Economía ni Presidencia, y que vulneraba la Ley de Presupuestos de 2014. "El convenio entra en funcionamiento al margen de lo dicho por todos", ha recalcado Ortiz.

Es por eso que, una vez conocida la posición del bipartito a este respecto, el PRC no descarta exigir explicaciones y responsabilidades políticas al anterior Gobierno de Ignacio Diego. Como ha mencionado Hernando, “dos órganos del mismo gobierno se llevaron a los tribunales, y no es normal”.

En este sentido, Francisco Ortiz ha recordado que tanto Cantur como la Dirección General de Trabajo estaban dirigidas por personas nombradas por Ignacio Diego, es decir, el PP. "Hubo un claro enfrentamiento y esta controversia derivó en la dimisión del director de Cantur", ha subrayado.

Tanto Hernando como Ortiz han recalcado que "existe responsabilidad" del PP en este caso. No obstante, han aclarado que primero quieren "conocer el asunto de primera mano" y luego que el actual consejero "explique y plantee cuál ha sido el problema" y "cuáles las soluciones".

“Los trabajadores de Cantur no pueden ser los ‘paganini’ de la grave ilegalidad del PP”
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