El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este martes, por unanimidad, la puesta en marcha de una comisión de investigación para depurar posibles responsabilidades políticas en la gestión pública del proyecto empresarial de Ecomasa, en el que se han perdido 18 millones de euros de dinero público y 3,2 millones de las indemnizaciones por despido de los trabajadores de Teka recolocados en la fábrica de estufas de Maliaño.
Determinar el destino de ese dinero y "dónde estuvo el error" para evitar que se vuelva a repetir serán también objetivos de esta comisión parlamentaria que correrá en paralelo a la investigación judicial abierta a raíz de la querella presentada por los trabajadores contra los antiguos gestores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.
Querella en la que se ha personado como acusación Sodercan, y también ha solicitado hacerlo el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), los dos organismos públicos que aportaron financiación a Ecomasa.
La iniciativa de crear esta comisión de investigación -la cuarta tras las de Hormaechea, GFB y Cantur-Racing-, ha partido de Podemos pero ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, cuyo portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha dado la "bienvenida" a la comisión y ha augurado que será "muy esclarecedora".
El secretario general y portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha confiado en que la comisión "no se base en apedrear al PP", porque "el objetivo no es ese", y ha apelado a que sirva para ver "donde se falló para después sentar las bases para que no se vuelvan a repetir los errores que sucesivamente gobierno tras gobierno han cometido".
Estafa a los trabajadores
"No buscamos sólo encontrar los responsables políticos de este fracaso empresarial, sino demostrar que el Gobierno es el responsable de esta estafa a los trabajadores y como tal, debe hacerse cargo y subsanarla buscando una solución para devolver a los trabajadores el dinero que invirtieron en este fallido proyecto empresarial", ha dicho Blanco.
La aprobación de esta comisión de investigación se produce un día después del despido de los 51 trabajadores que quedaban en la fábrica de Maliaño, que cerrará a finales de mes. La plantilla se ha concentrado en la puerta del Parlamento para mostrar su apoyo a la comisión de investigación y pedir ayuda al Gobierno para conseguir su recolocación en empresas que tengan previsto instalarse próximamente en Cantabria.
En parecidos términos a Podemos, el portavoz de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, ha opinado que todos los gobiernos han tenido un consejero de Industria "que se ha dedicado a ser empresario, actuando contra los intereses de la propia región". "La política siempre ha sido la misma, nos dedicamos a poner millones y millones" para proyectos empresariales, "sin estudios" y de una forma a su juicio irresponsable, "en una región donde hay necesidades sociales que se quedan sin cubrir porque no hay dinero", ha censurado
Para Carrancio, no sólo es "lógico" crear esta comisión de investigación sino que además el anterior consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), "debería ser declarado responsable subsidiario, por incompetente en el menor de los casos", en el caso de Ecomasa, en el que "nadie ha sido capaz de dar una explicación coherente de dónde está el dinero".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Silvia Abascal, ha afirmado que la comisión servirá para "aportar luz y taquígrafos a esta lamentable historia"; para dirimir si el dinero público fue desviado en una trama de ingeniería financiera a través de sociedades interpuestas para descapitalizar Ecomasa; para determinar si por parte del Gobierno de Ignacio Diego "hubo o no amiguismo o demagogia"; y si las decisiones se tomaron "desde la evaluación del proyecto con seriedad o por la relación" de Diego y el entonces responsable del ICAF con los gestores de Ecomasa.
Además, ha subrayado que el Gobierno PRC-PSOE no descarta recuperar parte del dinero y ha adoptado "medidas políticas y legales para desentrañar esta estafa". Abascal se ha referido así a la auditoría forense encargada por el Ejecutivo para determinar la "trazabilidad" del dinero y a la personación de Sodercan y el ICAF en la querella de los trabajadores.
El portavoz del PRC, Francisco Ortiz, ha opinado que la comisión de investigación "llega un poco tarde" para los trabajadores, que "después de cuatro años de vicisitudes han consumido la mayor parte de sus prestaciones por desempleo en los sucesivos expedientes de regulación de empleo" y cobrarán del Fogasa el 33% de la indemnización que les corresponde.
No obstante, el regionalista ha afirmado que la comisión es "necesaria en aras a realizar un ejercicio de transparencia, para clarificar la responsabilidad política en una aventura empresarial en la que se han movido fondos de un lado a otro del Atlántico, desde China a Bruselas pasando por Barcelona y haciendo escala en Maliaño", ha dicho.
'Vendetta' política
El último en subir a la tribuna ha sido el portavoz del grupo mayoritario en el hemiciclo, el PP, quien ha defendido que la operación de Ecomasa "se hizo con informes y estudios de viabilidad", a diferencia de GFB, "donde se perdieron más de 45 millones de euros y no se siguieron los informes técnicos".
También ha argumentado que el proyecto de Ecomasa-Nestor Martin "no fue una aventura empresarial" sino que "surgió por una necesidad social", para intentar "salvaguardar" el empleo de los trabajadores de Teka que iban a ser despedidos como consecuencia de la deslocalización de una de las líneas de producción de la fábrica de Santander.
Van den Eynde ha reconocido que "salió mal" pero ha insistido en que "en aquel momento era una necesidad social". Asimismo, ha destacado que cuando la coalición PRC-PSOE llegó al Gobierno, Ecomosa-Nestor Martin "estaba vivo", y según los administradores concursales, la planta de estufas de Maliaño "hubiera tenido viabilidad si se hubieran cumplido los acuerdos del Parlamento".
"Pero ustedes la mataron en la prensa", ha dicho el portavoz del PP a socialistas y regionalistas, a la vez que ha opinado que la comisión de investigación es una "vendetta política" por la comisión sobre GFB que el PP impulsó al llegar al Gobierno en la pasada legislatura. Van den Eynde ha señalado que cuando se crearon las comisiones de GFB y Cantur, PSOE y PRC, entonces en la oposición, acusaron al PP de "montar un espectáculo circense, actuar con revanchismo y mirar al pasado".
