Unidas por Santander muestra su preocupación por la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Santander al recurrir por vía judicial la sanción interpuesta por el Gobierno regional en 2017, por importe de 6.200 euros, en concepto de la infracción cometida en el proceso de contratación de personas en situación de desempleo, en base a la convocatoria establecida en el programa de Corporaciones Locales que financia la Comisión Europea.
El candidato a la alcaldía por Unidas por Santander, Miguel Saro, ha explicado que: “El anuncio del Ayuntamiento de Santander de recurrir la sanción, que le impuso la Dirección General de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores, no es sino una fórmula más para intentar tratar de encubrir su incapacidad en la gestión de programas de ayudas a desempleados de larga duración en el consistorio”. Saro ha argumentado que: “Si bien es cierto que es discutible la redacción de la norma autonómica, en virtud de la cual se conceden recursos a los ayuntamientos para poder contratar a desempleados, también lo es que la multa que se impuso al Ayuntamiento de Santander ha impedido contratar durante el año 2018 a más de 200 trabajadores en situación de especial vulnerabilidad”. Según el candidato de Unidas por Santander: “El consistorio utiliza como empresa interpuesta a Santurbán, empresa que no tiene otro objeto que este tipo de contrataciones lo cual nos hace pensar que el objetivo real del ayuntamiento no es contratar desempleados sino mantener la estructura de Santurbán, con algún otro objetivo que desconocemos cuál es”.
La Confluencia subraya que con esta manera de proceder “pone de manifiesto la incapacidad del Ayuntamiento de Santander en la gestión de este tipo de programas”. Miguel Saro ha apostillado que: “Parece increíble la justificación dada por el consistorio que con este proceder solo manifiesta su incapacidad para gestionar directamente, con los recursos del propio ayuntamiento, una subvención para contratar un intervalo que puede oscilar entre 100, 90 o 120 trabajadores semestralmente al tratarse del Ayuntamiento de Santander, un organismo que no solo es el que tiene más plantilla sino que es el más garante de toda la comunidad autonómica de Cantabria”. Asimismo, Saro ha puntualizado: "O el equipo de gobierno está llamando incapaces a sus funcionarios, cosa que no son, o realmente lo que hace es escurrir el bulto de su propia incapacidad personal, en este caso el derivado de la actividad de la concejalía de Economía y Hacienda, dirigida por Ana González Pescador, algo que se ha puesto de manifiesto en otras gestiones políticas de esta legislatura”.
