Las palabras son útiles, pero se las lleva el viento. Por eso los vecinos del Pilón exigen al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander “hechos, papeles firmados”, y no solo reuniones como han estado recibiendo hasta ahora. Y aunque la moción aprobada este jueves en el Pleno municipal insta a que “en el plazo de 10 días, y siempre antes del 25 de septiembre, se llegue a un acuerdo o se realicen los trámites y procedimientos legales oportunos para suspender temporalmente el desarrollo del Área Específica 3(B)” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, la portavoz de la plataforma Vecinos del Pilón, Belén Madrazo, ha recordado que “el poder lo tienen Íñigo de la Serna y César Díaz”.
“Estamos igual que en julio, con un pie fuera de nuestras casas”, ha denunciado Madrazo en una rueda de prensa ofrecida en el propio barrio de General Dávila. Tras agradecer la ayuda de los grupos de la oposición, ha opinado que “es una situación bastante mala”, pues el plazo para detener el proceso termina el 29 o 30 de septiembre, por lo que “si no hacen nada estaremos ante la Junta de Compensación”, que no necesita una aprobación específica del Ayuntamiento, “sino solo el silencio” de De la Serna.
“Somos gente obrera, y muchos llegan difícilmente a final de mes”, ha afirmado Madrazo, por lo que “si esto ocurre habrá mucha gente” que no pueda hacer frente al desalojo. En este aspecto ha señalado que “hay gente que vive mucha ansiedad”.
El proyecto de la empresa adjudicataria contempla la construcción de dos bloques de viviendas de 8 alturas cada una. En total están previstas 140 viviendas en unos terrenos en los que actualmente viven y son propietarios 57 vecinos. Según ha señalado Madrazo, la empresa ha podido exigir la construcción de estos edificios gracias a la adquisición de los terrenos a pequeños propietarios, llegando a hacerse con el 60% del suelo, lo que le permite solicitar la nueva construcción y le da fuerza en las negociaciones.
Reuniones infructuosas
Como ha recordado la portavoz, en julio tuvieron una reunión con el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, en la que se les aseguró que “iban a instar al Gobierno de Cantabria a modificar la Ley del Suelo” para incorporar su situación y que puedan tener derecho de realojo. Sin embargo, “lo que pedimos es que no nos echen. Si está mal que la rehabiliten”, ha pedido Madrazo.
El pasado 12 de agosto los vecinos mantuvieron una segunda reunión en la que se habló de “posibles alternativas técnicas”, pero a juicio de la portavoz de los afectados “esto no nos ayuda en nada”, pues desconocen cuáles serán dichas alternativas en los informes técnicos jurídicos de los técnicos de urbanismos. En este sentido, Madrazo ha asegurado que “vamos a seguir luchando”, y ha valorado que “César Díaz se sume a la moción” presentada por la oposición en el Ayuntamiento, “pero todo son palabras, no hechos”.
Asimismo, ha revelado que “el lunes vamos a mandar una carta al Defensor del Pueblo” para que tenga constancia de la situación y actúe. “No tenemos por qué dudar de la palabra de nadie, pero hablamos de cosas muy serias”, ha señalado la portavoz.
Según Madrazo, “cuando haya una modificación puntual del proyecto veremos lo que es, pero al menos se retrasarán los plazos”. Pero eso requiere, en su opinión, un compromiso escrito.
Problema político
El abogado que defiende los intereses de la plataforma, Juan Mantilla, se ha mostrado “optimista a medias”. A su juicio, “no es un problema técnico, sino político. El Ayuntamiento se escuda en informes técnicos, pero hay motivos suficientes de causa social para modificar el PGOU y no se hace”.
Mantilla considera “lógico que los vecinos quieran hechos y garantías”, pues el Consistorio “quiere sustituir las casas por dos bloques de viviendas”. “Van a ser expropiados no por una causa pública, sino para que los promotores puedan construir”, ha asegurado el letrado, para quien la construcción del funicular del Río de la Pila ha convertido “un barrio marginal en una zona muy golosa” para los constructores.
Su argumento de que la decisión es sobre todo política se basa en que “el PGOU no se preocupa de la calidad social de las personas. Poner dinero por delante de las personas es decisión política”, más un tema social o técnico.
Reacción del equipo de Gobierno
Por su parte, César Díaz ha hecho hincapié en un comunicado en que la voluntad política del equipo de gobierno es buscar alternativas legales para suspender temporalmente la tramitación de los bases y estatutos del proyecto de El Pilón.
"De esta manera, podremos abordar con más tiempo y tranquilidad más cuestiones, como una modificación de la Ley del Suelo para regular los derechos de realojo y retorno de los afectados por actuaciones urbanísticas en condiciones de seguridad jurídica, justicia social y equidad y también otras alternativas urbanísticas para este área específica", ha explicado.
