La situación de los vecinos de San Mateo de Buelna afectados por el argayo que se produjo en enero de este mismo año ha dado este martes un giro inesperado. Al menos para los tres propietarios de los tres terrenos que se vieron afectados por el corrimiento de tierras. Más de 100 vecinos han asistido hoy al pleno extraordinario en el que se ha debatido y aprobado una ampliación del presupuesto municipal para afrontar el gasto de las obras, cifrado en unos 242.000 euros. Sin embargo, en dicha sesión plenaria han surgido dudas, pues según han explicado los vecinos a este medio, la información que ellos han recibido por parte de la alcaldesa, Josefina González, es diferente a lo que les han dicho a los propietarios de los terrenos afectados, hasta el punto de que estos últimos van a tener que afrontar el coste íntegro de las obras, algo que en ningún caso se pueden permitir, como han reconocido a eldiariocantabria.
Hace poco más de 15 días González aseguraba a los vecinos que se estaba buscando el dinero y que si se cumplían todos los plazos podrían volver a sus casas antes de final de año. Sin embargo, a los propietarios lo que se les ha dicho es que “se les repercutirá el dinero de la obra” basándose en una sentencia previa que el Ayuntamiento asegura que sienta jurisprudencia, algo que fuentes judiciales han matizado. Una situación que todos han considerado injusta. “Afectados somos todos”, han declarado los vecinos como muestra de apoyo a las familias que ahora tienen que afrontar el pago de las obras.
La jurisprudencia la crean dos o más sentencias de los órganos judiciales del Estado, normalmente el Tribunal Supremo
Los tres terrenos en los que se encuentra el argayo pertenecen a dos ramas diferentes de una misma familia, y cada uno está a nombre de un miembro diferente. Todos ellos están jubilados, como ha explicado Javier Martín, hijo de uno de los afectados y sobrino de los otros dos. Dado que no tienen ingresos más allá de la jubilación que algunos cobran, “solo pueden responder con su vivienda” al requerimiento del Ayuntamiento.
El caso se complica por la posible existencia de un manantial que ha quedado sepultado por el argayo, bajo el que estarían estas aguas que serían de propiedad municipal, lo que obligaría al Ayuntamiento a asumir el coste de las obras, según han explicado los vecinos. Y aunque en las escrituras de los terrenos afectados por el argayo se especifica que “lindan con la fuente de Santa Leocadia”, el informe del técnico municipal afirma que no hay manantial. Como ha puntualizado Javier Martínez, la fuente ahora es un cenagal, pues sobre ella se construyeron pistas forestales.
Para resolver este punto las familias tendrán que contratar peritos que verifiquen la existencia del manantial. De confirmarse, el informe técnico estaría equivocado. Pero el coste de este peritaje asciende a unos 50.000 euros, cantidad que las familias difícilmente pueden afrontar, sobre todo si a eso se suma una lucha judicial que podría alargarse y los 242.000 euros que el Ayuntamiento quiere repercutir a estos tres vecinos.
SENTENCIA PREVIA
Según ha explicado Martínez, las familias se enteraron de su situación hace unos días, cuando desde el Ayuntamiento les aseguró que se les iba a repercutir el coste de las obras. Horas después la abogada de las familias fue notificada de palabra, por lo que actualmente están a la espera de la notificación oficial municipal.
Tanto la alcaldesa como los técnicos municipales utilizan como justificación de esta decisión la jurisprudencia existente. En concreto, señalan que una sentencia previa de un juzgado de Santander condena a los propietarios de unos terrenos en Liérganes a pagar las obras. Fue a finales de 2018. Sin embargo, y según fuentes jurídicas, la jurisprudencia la crean dos o más sentencias de los órganos judiciales del Estado, normalmente el Tribunal Supremo.
La situación en la que se encuentran estas familias es excepcional. “Nadie se ha visto en algo así, nadie conoce esto”, ha confesado Martínez, que ha consultado con diversas fuentes políticas y judiciales. Todas ellas le han dicho que en este tipo de casos “se suelen llegar a acuerdos entre las administraciones”, asegura.
