lunes 14.10.2019
SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CCOO acusa a la Mancomunidad de Valles de San Vicente de incumplir una condena que obligaba a pagar según convenio

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Cantabria ha solicitado la ejecución judicial de una sentencia de abril, ya firme, que condenaba a la Mancomunidad de Valles de San Vicente a pagar a tres trabajadores del taller de empleo una diferencia salarial de 12.121,20 euros. "Han transcurrido varios meses y al hecho grave de incumplir derechos laborales, ahora se suma que la mancomunidad deberá pagar un 10% adicional por los intereses, lo que supone un sobrecoste a las arcas municipales", denuncia Ángela Sobrino, responsable del Sector de Administración Local de la FSC-CCOO, en un comunicado de prensa.

La Mancomunidad fue condenada por tres contratos temporales para la formación y el aprendizaje en programas de la escuela taller y los talleres de empleo. Los beneficiarios de estos programas, financiados por el Gobierno de Cantabria, alternan el trabajo efectivo (75% del tiempo) con la formación (el otro 25%). Por el 75% del tiempo correspondiente al trabajo los empleados recibieron, según CC.OO., 764,40 euros brutos al mes, cuando por convenio les correspondían 1.424,27. La diferencia fue de 659,87 euros que, por el tiempo acumulado, supone una cantidad de 4.040,40 euros por trabajador.

Para Sobrino, la importancia de esta sentencia radica en que reconoce que los trabajadores de los talleres de empleo y de las escuelas taller "tienen los mismos derechos que el resto de empleados". "Muchos ayuntamientos y mancomunidades que tienen estos programas no están aplicando los convenios y se confirma que las propias administraciones aprovechan los programas de fomento del empleo de forma irregular", critica la sindicalista.

La FSC-CCOO en Cantabria denuncia, además, que "no es la primera vez" que la Mancomunidad de Valles de San Vicente "ignora los derechos laborales". Para Sobrino, "es especialmente hiriente que desde corporaciones públicas, las obligadas a defender los derechos y la ley, se juegue permanentemente con los trabajadores".

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