Domingo 24.03.2019
SANIDAD

Alicia Gómez sustituirá a Alejando Rojo al frente de Atención Primaria del SCS

Médico de familia y encargada en la actualidad de gestionar las listas de espera del SCS, Gómez ya ocupó el cargo al que accede ahora en anteriores legislaturas.

Sede del Servicio Cántabro de Salud. Foto: Google Maps
Sede del Servicio Cántabro de Salud. Foto: Google Maps

Alicia Gómez será la nueva gerente de Atención Primaria en el Servicio Cántabro de Salud, en sustitución de Alejandro Rojo, que esta semana presentó su dimisión, al ser uno de los señalados en la investigación de la Fiscalía sobre los contratos irregulares en el SCS, remitida al juez al apreciar indicios de delito.

Médico de familia y encargada en la actualidad de gestionar las listas de espera del SCS, Gómez ya ocupó el cargo al que accede ahora en anteriores legislaturas.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, indicó ayer, un día después de conocerse la marcha de Rojo, que el sustituto al frente de la Atención Primaria se conocería "en las próximas horas", y dejó entrever que ya estaba elegida la persona.

La marcha de Rojo se suma a la del que fuera exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el director de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que renunciaron a su cargo a finales de mayo, así como al asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores, por lo que el responsable de Atención Primaria era el único de los investigados que seguía en el cargo.

La consejera aseguró que todos ellos han presentado la dimisión -negó así que hayan sido cesados- debido a la "desagradable" situación personal que están viviendo por el "juicio mediático" al que, según dijo, están siendo sometidos y "sin ningún respeto a la presunción de inocencia", lo que además dificulta una gestión ya de por sí "muy difícil", como es la sanitaria.

El Ministerio Público ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por el PP e IU, en los que se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos.

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