Domingo 20.01.2019
JUSTICIA

Llaman a declarar como investigados a los exaltos cargos del SCS que dimitieron por los presuntos contratos irregulares

Francisco Javier Gónzález Gómez y Julián Pérez Gil
Francisco Javier Gónzález Gómez y Julián Pérez Gil

La magistrada Mercedes Compostizo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, ha llamado a declarar en calidad de investigados a tres exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud, así como a un asesor externo, denunciados por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos del SCS.

Se trata del exgerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, Alejandro Rojo, que dimitió el pasado 12 de diciembre; el exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que presentaron su dimisión a finales de mayo. La titular del Juzgado, Mercedes Compostizo, también ha llamado a declarar como investigado al exasesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores. Los cuatro investigados deberán prestar declaración el 29 de enero, a las 10:00 horas González, 10:30 horas Sáenz de Viteri,  11:30 horas Rojo y por último 12:00 horas Pérez.

El auto, fechado el 12 de diciembre, considera que los hechos denunciados ante el Juzgado número 5 por la Fiscalía, que inicialmente podían constituir un presunto delito de prevaricación administrativa, fraude y malversación, hacen presumir la posible comisión de un delito.

En el mismo, la jueza también llama a declarar como testigos a otras siete personas, entre ellas, el interventor general del Gobierno, Pedro Pérez Eslava, y la exjefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud Inmaculada Rodríguez. Los testigos declararán el 31 de enero a partir de las 9:45 horas.

Indicios 

La Fiscalía ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por el PP e IU, en los que según el Ministerio Público se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos.  "Todo ello, sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción del procedimiento se puedan ampliar el número de investigados y/o delitos cometidos", puntualizaron desde la Fiscalía.

 

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