La Policía Local de Santander (Cantabria) no dispone de libro registro, lo que impide supervisar el número de detenidos que han ingresado en esas instalaciones, así como la cadena de custodia realizada.
Es una de las observaciones que figuran en el informe anual 2017 que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados y en el Senado y que realiza la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).
En dicho informe, se pone de manifiesto que en muchas ocasiones hay omisiones en la cumplimentación de la 'Relación - Resumen de Detenidos' que se encuentra al principio del libro registro. Como ejemplo, cita la falta de consignación de la fecha de salida y destino de algunos detenidos que se ha comprobado en las comisarías del CNP en Huesca y Plasencia (Cáceres), o en los cuarteles de la Guardia Civil de Torrelavega (Cantabria), de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) o Fraga (Huesca).
Por otra parte, aunque no se ha observado un criterio homogéneo en cuanto al tiempo de conservación de la grabación de las imágenes en la zona de custodia de los detenidos, para el Defensor resulta insuficiente la que se ha llevado a cabo en la Policía Local de Almagro (Ciudad Real), en los cuarteles de la Guardia Civil de Los Corrales de Buelna y San Vicente de la Barquera (Cantabria), Armunia (León), Langreo y Pola de Lena (Asturias), Monzón (Huesca), Talavera de la Reina (Toledo), así como en la Comandancia de Palencia.
En este sentido, el Defensor del Pueblo indica que la conservación de la grabación de las imágenes debe ser suficiente para permitir una adecuada investigación interna o judicial en el caso de que se produzca algún incidente que requiera su extracción para el esclarecimiento de los hechos.
También se refiere el informe a que la existencia de placas turcas en los aseos no resulta adecuada para aquellos detenidos que, por su edad o por sus condiciones físicas, necesiten sentarse en un inodoro. Las dependencias de la Policía Local de Laredo (Cantabria) o Monzón (Huesca), la Comisaría de Policía Nacional del Distrito de Madrid-Villa de Vallecas y las dependencias de la Guardia Civil en Castro Urdiales (Cantabria) o Montehermoso (Cáceres) no presentaban la alternativa de inodoros en el interior de sus aseos.
Por otra parte, señala que se entregaban mantas usadas --cuando deberían ser de un solo uso-- en el cuartel de la Guardia Civil de El Astillero (Cantabria) y en las comisarías de Policía Nacional de Huesca, León, San Andrés de Rabanedo (León) e Inspección Central de Guardia de Valencia.
El Defensor del Pueblo destacada que resulta fundamental la presencia constante de agentes en la zona de calabozos cuando hay detenidos que permita una rápida intervención ante situaciones de emergencia, especialmente cuando no dispongan de cobertura de videovigilancia.
Esta carencia se ha observado en las policías locales de Barbastro (Huesca), Calatayud (Zaragoza), Daimiel (Ciudad Real); comisarías de Policía Nacional de Torrelavega (Cantabria), Calatayud (Zaragoza), Huesca, Metro de Nuevos Ministerios (Madrid), Mieres (Asturias) y Sama de Langreo-San Martín (Asturias); las comandancias de la Guardia Civil de Huelva y León, así como en los acuartelamientos de Los Corrales de Buelna y San Vicente de la Barquera (Cantabria), Armunia (León), Azuqueca de Henares (Madrid), Jaraíz de la Vera (Cáceres), Monzón (Huesca), Palencia, Pola de Lena (Asturias) y Talavera de la Reina (Toledo).
Finalmente, en lo que se refiere a Cantabria, el Defensor indica que en la visita realizada al cuartel de la Guardia Civil de El Astillero y a los Juzgados de Huelva se constató que los funcionarios encargados de la custodia de detenidos portaban sus armas reglamentarias con cargador. Aunque durante las visitas realizadas durante el año 2017 se ha podido comprobar que esta no es una práctica habitual, insiste en la conveniencia de que se disponga de armeros en donde puedan ser depositadas.
