miércoles 11.12.2019
SANTANDER

El Gobierno no pagará los 7 millones reclamados por el Ayuntamiento por el convenio con Caja Cantabria por la residencia Cazoña

El Consistorio había reclamado esta cantidad en concepto de plusvalías, que tiene que devolver a la entidad bancaria tras la anulación del PGOU por el que había clasificado como suelo urbano consolidado, para uso residencial, la parcela propiedad de Caja Cantabria en la calle Cardenal Herrera Oria.

Residencia Cazoña de Caja Cantabria | Foto: Google Maps
Residencia Cazoña de Caja Cantabria | Foto: Google Maps

En 2010 el Ayuntamiento de Santander firmaba un convenio urbanístico con Caja Cantabria por el que el Consistorio se comprometía a clasificar como suelo urbano consolidado, para uso residencial, la parcela propiedad de la entidad bancaria en la calle Cardenal Herrera Oria, la residencia Cazoña. Esto generó una serie de plusvalías que ascendieron a casi 7 millones de euros  (6.940.892 euros) que Caja Cantabria pagó al Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, en noviembre de 2017 el Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se incluía esa clasificación, motivo por el cual el equipo de Gobierno del PP se ve obligado a devolver esa cantidad generada por el cambio de uso del inmueble. A consecuencia de ello, el Ayuntamiento ha reclamado al Gobierno de Cantabria los 7 millones, algo que ahora el bipartito PRC/PSOE rechaza.

En su reunión semanal del Consejo, el bipartito PRC-PSOE ha desestimado esta reclamación de responsabilidad patrimonial. Tanto los servicios jurídicos del Ejecutivo como el Consejo de Estado consideran que no procede la indemnización por falta de legitimación del reclamante y prescripción de la acción a reclamar. Como ha explicado el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Pablo Zuloaga, la decisión se basa en los informes de sus servicios jurídicos y el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado 11 de julio.

El PRC-PSOE ha adoptado esta decisión al considerar que "no está acreditado el daño real y efectivo" -requisito necesario para la responsabilidad patrimonial- ni se aprecia en la Dirección General de Urbanismo ni en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) "tacha alguna" de "posible ilegalidad o negligencia" en el momento de aprobar definitivamente el PGOU que pudiera determinar "algún tipo de responsabilidad".

La anulación del documento urbanístico de la capital cántabra por el Alto Tribunal llegó después de que se estimara uno de los motivos del recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), en concreto el relativo a la "insuficiencia de recursos hídricos" para la población sin la utilización del Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander, el conocido como Bitrasvase, que también fue anulado por el Supremo en diciembre de 2013.

OTROS ACUERDOS

Al margen de este asunto, de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Gobierno ha autorizado el inicio de los trámites para contratar el servicio de teleoperación del Centro Coordinador de Urgencias adscrito a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, con un valor de más de 2,2 millones de euros. Además, en este ámbito se ha aprobado el convenio específico para este año del protocolo general de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y Comunidad Autónoma. En 2019, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social aportará 266.000 euros para los programas que llevará a cabo la Consejería: intervención en drogodopendencias en instituciones penitenciarias, detección e intervención precoz de conductas de riesgo en adolescentes, estrategia para la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en jóvenes y alcohol y menores.

En Empleo y Políticas Sociales se ha autorizado la modificación del contrato de construcción del módulo 1 y zonas terapéuticas del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana por incremento de las necesidades de obra, con un coste de 221.752 euros y un incremento del plazo de ejecución de dos meses y medio. En este área se ha dado luz verde al convenio de colaboración con el Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles, para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la información registral, visado, descalificaciones y seguridad del tráfico jurídico inmobiliario de las viviendas protegidas. El acuerdo estará vigente hasta 2022 y tiene un coste anual de 2.000 euros para el Gobierno.

En Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se autorizó un convenio con la Fundación Camino Lebaniego y la Fundación la Caixa para desarrollar actuaciones de conservación de la biodiversidad en los caminos de peregrinación de Cantabria. El acuerdo contempla una inversión de 50.000 euros que serán aportados por la entidad financiera. Además, se ha acordado encomendar a Tragsa y Tagsatec varios servicios valorados en 166.526 euros para realización de auditorías de controles de la cadena alimentaria este año y el próximo, por 47.244 euros, así como un tratamiento para el control de la procesionaria del pino (46.969 euros) y transferencia de resultados de investigación agraria para el periodo 2019-2022, por importe de 72.312 euros.

En Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte se ha autorizado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Santander para la mejora y modernización de la biblioteca Menéndez Pelayo, para mejorar tanto el edificio como la colección bibliográfica, proyecto al que el Gobierno de Cantabria aportará un mínimo anual de 40.000 euros.

Finalmente, en Educación, Formación Profesional y Turismo se ha aprobado el nombramiento de Eduardo Ortiz como presidente del Consejo Escolar de Cantabria, en sustitución de Emiliano Corral. Y se ha aceptado la cesión gratuita del antiguo Centro de Salud de Cabezón de la Sal, ofrecida por la Tesorería de la Seguridad Social para destinarlo al Centro de Educación de Personas Adultas.

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