Durante el pasado mes de enero quince policías municipales de nuevo ingreso de Santander patrullaron por las calles de la capital cántabra portando armas cuando todavía no contaban con el permiso para ello, ya que hasta que no sean oficialmente funcionarios no podrán utilizarlas. Una situación que ha generado numerosas reacciones entre sindicatos y partidos de la posición en el Ayuntamiento. En concreto, el PSOE ha calificado de “extrema gravedad” que el PP haya entregado armas a personal de prácticas, algo que a su juicio hizo “saltándose la ley”.
Por ello, el secretario general de los socialistas santanderinos, Pedro Casares, ha exigido toda la información y “que se depuren todas las responsabilidades”. "La irresponsabilidad es manifiesta y es urgente que el Partido Popular dé todas las explicaciones y ponga encima de la mesa toda la información porque hay que conocer toda la verdad de este hecho que es muy grave", denuncia el líder socialista.
En este sentido, el portavoz del PSOE ha recordado en nota de prensa que el equipo de gobierno ha sido durante meses requerido a resolver y subsanar esta situación irregular "y ha mirado para otra parte", criticando que "desconocemos si lo ha hecho por imprudencia, por irresponsabilidad o simplemente por evitar que un nuevo escándalo les salpicara en medio de la campaña electoral".
Asimismo, considera que la “negligencia” del PP, que “fue advertida por la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno en Cantabria y por informes de la Abogacía del Estado”, ha puesto “en riesgo la acción de la ciudadanía y de los agentes” que están en formación. Casares ha puesto el foco en el hecho de que, al estar en prácticas, los agentes “no se encuentran en situación de servicio activo”, por lo que tienen prohibido portar armas.
RETIRADA DEL ARMA
Tras conocerse los hechos, la Delegación del Gobierno en Cantabria, basándose en un informe de la Abogacía del Estado, y en otros de la Guardia Civil y el Gobierno de Cantabria, ha obligado al Consistorio, a través de un requerimiento, a retirar las armas a estos agentes y apartarlos del servicio de patrulla en las calles.
Estos agentes accedieron al cuerpo de la Policía Local tras las oposiciones del pasado mes de diciembre y aunque ya son funcionarios se encuentran aún en periodo de prácticas y, según la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, no pueden ir armados.
CSIF
Más lejos va la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha salido este viernes en defensa de los agentes de nuevo ingreso de la Policía Local de Santander que patrullaron con armas sin tener permiso para ello por las calles de la capital cántabra. El sindicato ha asegurado, en este sentido, que “no se puede permitir que ningún policía de nuevo ingreso esté realizando labores en las calles sin la debida formación, y mucho menos sin su arma reglamentaria”, y ha acusado al Gobierno de Cantabria de “dejadez” por “no desarrollar una adecuada normativa que lo prohíba” y “por el poco dinero que éste destina a la formación de la Policía Local en Cantabria”.
El sindicato, el más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la policía local a nivel nacional, ha dejado constancia de que “dichos agentes no tienen responsabilidad alguna en todo lo sucedido”, asegurando que la situación se deriva de una “mala gestión administrativa y legislativa” en la que, a su juicio, tienen responsabilidad el Ayuntamiento de Santander, quien ostenta la “jefatura superior de todo el personal a su cargo”; la Jefatura de la Policía Local de Santander, “mando directo y máximo responsable de la organización del cuerpo”; y la Escuela Regional de Policías Locales de Cantabria adjunto del Gobierno de Cantabria, que “no es capaz de legislar una normativa actual para que este hecho no quede en un limbo legal”.
Según han explicado en un comunicado, la actitud del Gobierno hace que “únicamente se realice un curso básico anual para todos los policías locales de nuevo ingreso” que, en el caso de este año, “está previsto para finales de septiembre”, por lo que los agentes que han aprobado la oposición “deben esperar” hasta el comienzo del curso.
“Se les permite, mientras tanto, estar en las calles, sin formación alguna, con el riesgo que esto conlleva, no solo para los agentes sino también para los ciudadanos”, ha criticado CSIF, que exige una “formación de calidad en el tiempo que se requiere”.
CSIF ha revelado también que fue llamado a una reunión el pasado jueves con la Jefatura de la Policía local de Santander para escuchar lo sucedido. “No está clarificado dónde radica el problema pues, si bien se indica verbalmente, existen tres informes que revelan supuestamente que los policías en prácticas, no pueden portar el arma reglamentaria”, ha explicado el sindicato, que va a solicitar “se aclare y se depuren las oportunas responsabilidades”, pues se trata de una “situación inadmisible en la que debe evitarse cualquier tipo de daño a la imagen de los policías”.
