viernes. 29.03.2024

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha decretado la apertura de juicio oral contra los tres detenidos por la muerte del anciano que fue encontrado en su garaje de la calle Beato de Liébana de Santander asfixiado, maniatado y amordazado en febrero de 2017. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la viuda de la víctima, piden para cada uno de ellos 35 años de cárcel por asesinato, dos robos con violencia y detención ilegal.

En un auto dictado el 22 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Luis Enrique García Delgado ha decidido mantener a los acusados en prisión provisional sin fianza, y, además, remite la causa a la Audiencia provincial para la celebración de juicio con jurado.

En cuanto a los acusados, estos son dos hermanos del País Vasco y un vecino de Santander, que fueron arrestados de manera escalonada. El primero, Paulino G.L., vecino de Getxo (Vizcaya) de 66 años, fue detenido en octubre de 2018, después de que en septiembre se difundiera una llamada telefónica suya en diferentes medios de comunicación. Esta llamada fue efectuada al día siguiente de los hechos desde una cabina de Vitoria y alertando a Cruz Roja de Madrid de que una persona precisaba auxilio en la capital cántabra.

Posteriormente, en febrero del año pasado fueron detenidos el hombre de Santander, Juan Carlos C.S., y unos días después el tercer implicado, Ricardo G.L., hermano del primero.

El auto señala que los tres acusados sabían a través de Juan Carlos, quien frecuenta bares del centro de Santander, que la víctima, de 81 años, tenía en su casa una caja de caudales de gran tamaño, así como varios inmuebles en venta, y se pusieron de acuerdo para cometer un robo en su domicilio, para lo que Paulino, residente en Vitoria y amigo de Juan Carlos desde hacía muchos años, se desplazó desde esta ciudad junto a su hermano Ricardo, residente de Bilbao.

Para preparar el delito y conocer los horarios y rutinas del anciano a lo largo de diciembre de 2016 y enero de 2017, hicieron varias llamadas de control a su domicilio desde cabinas públicas de la calle Cardenal Herrera Oria de Santander, y averiguaron que habitualmente salía de su casa por la mañana e iba andando a un garaje de su propiedad situado en la calle Beato de Liébana de Santander, donde guardaba su vehículo y varios pájaros y donde pasaba la mañana.

MURIÓ ASFIXIADO, AMORDAZADO Y MANIATADO 

El 4 de febrero de 2017, sábado, los dos hermanos entraron por la mañana al garaje con gorros negros y guantes para que el anciano les diera las llaves de la caja fuerte y de su domicilio. El auto también relata que la víctima trató de resistirse, pero los acusados le redujeron y golpearon, causándole así diversas contusiones en dedos y varias fracturas costales.

Le ataron fuertemente las manos y los pies de forma separada y luego entre ellos a la espalda, atándole además a una de las columnas del local. "Con la finalidad de acabar con su vida o aceptando este resultado dada la violencia empleada", continúa el auto, le metieron un trozo de tela de gran tamaño en la boca, lo cubrieron con cinta adhesiva y encima le colocaron un bufanda a modo de mordaza tapando boca y fosas nasales.
Después le envolvieron la cabeza completamente en plástico transparente, colocándolo boca abajo, sin ninguna posibilidad de respiración ni movimiento, "dejándole ya fallecido o moribundo".

A continuación se dirigieron al domicilio del anciano en la calle Alcázar de Toledo, donde abordaron a su mujer por la espalda y la llevaron a la fuerza a una de las habitaciones mientras le decían que su marido estaba secuestrado y revolvían toda la casa buscando las llaves de la caja fuerte. Los acusados llevaron en todo momento la cara tapada con pasamontañas y guantes en las manos, por lo que la identificación por parte la mujer de la víctima fue nula.

Mientras se producía el registro, la mujer del anciano asesinado intentó pedir ayuda por el teléfono móvil, pero se lo quitaron y la ataron con cuerdas las piernas y los brazos, como habían hecho con su pareja, y le pusieron un pañuelo en la boca a modo de mordaza. Tras haber revuelto por completo toda la casa, encontraron las llaves de la caja fuerte de 1,5 metros de altura en un macetero, la abrieron y cogieron las joyas que había en su interior. Mientras que estaban cometiendo el delito,  Juan Carlos, el tercer acusado, les telefoneaba para que se dieran prisa.

Al abandonar el domicilio, le dijeron a la mujer que estuviera tranquila explicándole que ellos mismos avisarían a emergencias. Sin embargo, esto no sucedió hasta el día siguiente por la mañana, desde una cabina telefónica en Vitoria. Pasados unos minutos, la mujer pudo levantarse y salir hasta el rellano, atada y amordazada, para pedir ayuda a sus vecinos. Minutos después, una vez alertada la policía, las autoridades encontraron en el garaje de la calle Beato de Liébana el cadáver de su marido.

LA LLAMADA DESDE VITORIA

El juez instructor sostiene que Paulino realizó la llamada desde la cabina telefónica de Vitoria desde la cual dio datos "más que precisos" de la retención del anciano en la lonja de la calle Beato de Liébana, donde finalmente fue hallado sin vida. Además, también proporcionó información sobre la retención de su mujer en la calle Alcázar de Toledo, la cual fue encontrada con vida por sus vecinos. Sin embargo, se encontraba atada y amordazada, y además hay pruebas de que estuvo en el lugar y día de los hechos.

El auto también añade que Juan Carlos llevó a los otros dos investigados primero a hacer vigilancias y posteriormente al lugar donde se perpetra el hecho. Una vez allí, los espera y luego les lleva a casa, por lo que "presuponer que no tenía ni idea de cuál era el plan de los otros dos coautores del hecho es poco menos que inimaginable", máxime cuando aquellos son de Vitoria y Bilbao y no conocen Santander.

Por otro lado, respecto a Ricardo, que continúa sosteniendo que la única razón de su imputación es ser el hermano de Paulino, señala que no sólo puede situarse su presencia en Santander acompañando a su hermano, sino que además su descripción física coincide con la suministrada por el propio Juan Carlos en su declaración y con la que aparece en las cámaras de vigilancia que captaron los hechos.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 23 años de prisión por el delito de asesinato y 10 años de libertad vigilada; otros tres años de cárcel por el delito de robo con violencia; cinco por robo con violencia en casa habitada; y cuatro años por el delito de detención ilegal.

En concepto de responsabilidad civil solicita que los acusados sean condenados a indemnizar a la viuda en 80.000 euros por la muerte de su marido, así como en la cantidad en la que se tasen en ejecución de sentencia las joyas sustraídas. La acusación particular ejercida por la viuda se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía.

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