viernes 06.12.2019
TRIBUNALES

El macrojuicio de 'La Loma' de Castro Urdiales arranca este martes con 45 acusados, 22 de ellos cargos políticos

Entre los acusados figuran los exalcaldes de Castro Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera
Audiencia Provincial de Cantabria
Audiencia Provincial de Cantabria

El macrojuicio del caso conocido como 'La Loma', relativos a la urbanización de la zona de Castro Urdiales que lleva el citado nombre, arrancará este martes, 1 de octubre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con 45 acusados de delitos como prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos. Para el total de los acusados -entre los acusados figuran los exalcaldes de Castro Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera- la Fiscalía solicita cerca de 200 años de cárcel. Un total de 22 de los 45 acusados eran cargos políticos del Ayuntamiento durante los años en que tuvo lugar esta actuación, entre 2000 y 2008, aproximadamente. Además, se acusa a seis técnicos vinculados con el Ayuntamiento, al propio secretario del consistorio, a trece administradores de empresas promotoras y a dos directores de obra.

Se les acusan de delitos como prevaricación, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos

En el procedimiento, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, ejercen acusación la Fiscalía, la Junta Vecinal de Santullán y seis representantes de particulares compradores de fincas. Mientras, la acción civil la ejercen cuatro bancos y una promotora inmobiliaria. Además, están personados como responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Castro Urdiales y seis promotoras.

EL ESCRITO DEL FISCAL

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los acusados, "con la finalidad de hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico, han elaborado, informado, consentido y aprobado, respectivamente, consciente y voluntariamente", instrumentos urbanísticos contrarios al Plan General de Ordenación Urbana que "carecen del contenido mínimo exigible por ley". En el caso de las licencias de obras "no se adecuaban", según Fiscalía, ni al PGOU ni al resto de la normativa urbanística, mientras que las licencias de primera ocupación se referían a edificaciones que "carecen de la infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas".

El Ministerio Fiscal sostiene que los responsables municipales "han resuelto prescindiendo de informe técnico en algunos casos y de informe jurídico en casi todos". "Han hecho caso omiso del contenido de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes que tutelan el interés público gestionado por las administraciones estatal y autonómica, también voluntaria y conscientemente", añade el escrito, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En lo que se refiere a los particulares -los promotores inmobiliarios acusados-, según la Fiscalía, "han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas respecto a la situación del estado de urbanización en general y del abastecimiento de agua en particular". Con esta actitud, han provocado "la adquisición y pago de viviendas que carecen de los servicios mínimos legalmente exigibles". En algún supuesto, según la Fiscalía, "se ha alterado, en connivencia con funcionarios públicos, intencionadamente, el contenido de documentos oficiales".

Los hechos constituyen, a juicio del Ministerio Público, delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos. En el caso de la prevaricación y la prevaricación urbanística, imputado a técnicos municipales y concejales, las penas solicitadas llegan hasta los nueve años de inhabilitación para empleo público y dos años de prisión.

PENAS

Por la falsedad documental, el fiscal pide hasta cinco años de cárcel e inhabilitación de cuatro años. El cohecho supone una petición de pena de hasta cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público de diez años, con multas de 1,8 millones de euros, 1,08 millones de euros y 442.336 euros, según los casos.
La infidelidad en la custodia de documentos supone una petición de condena de año y medio de prisión, además de inhabilitación de ocho meses. En el caso del delito de estafa, que se imputa a los administradores de las promotoras inmobiliarias que vendieron las viviendas a particulares, las penas solicitadas son de seis años de cárcel. Finalmente, la petición de pena por desobediencia es de un año de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita la declaración de la nulidad de los instrumentos urbanísticos irregulares y la demolición de las edificaciones construidas a su amparo. También pide indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Castro Urdiales por las cuantías en que se ha monetarizado el aprovechamiento urbanístico, así como a favor de los particulares que compraron las viviendas construidas al amparo de los citados instrumentos urbanísticos.

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