En España, adquirir una vivienda puede representar varias cosas. Puede ser el primer paso para construir una vida y una familia. Puede ser una inversión para una venta futura. Puede ser el lugar en el que pasar una merecida jubilación tras décadas de trabajo. Pero para cientos de personas, comprar una vivienda ha sido una pesadilla. Y no por una mala inversión. Ni por una estafa. De hecho, todo estaba correcto, pero cuando hace más de 20 años el Tribunal Supremo determinó incumplimientos urbanísticos en toda España se inició un largo proceso que se ha cobrado vidas por el camino y que hoy todavía dura, en una batalla legal cuyo principal valedor por los afectados en Cantabria es la Asociación de Maltratados por la Administración. Pero, ¿qué historias están detrás de esta lucha por unos derechos coartados por la propia Administración?
Están la de Jorge, la de Hortensio, la de Victoria. Están las de cientos de personas que adquirieron su vivienda invirtiendo sus ahorros y que, según las sentencias del Supremo, ahora deben ser demolidas. No todo está perdido, porque la incorporación del artículo 108.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo y recientes sentencias del Alto Tribunal obligan a los Gobiernos a abonar indemnizaciones a los afectados, o en su lugar entregar una vivienda de sustitución. Pero la solución llega tarde para muchos.
“Los políticos te van prometiendo y vas confiando, luego resulta que no llegamos a prácticamente nada”, ha lamentado este afectado
Es el caso de la familia de Jorge, copropietario de una vivienda en Pueblo del Mar I, en Argoños, el municipio de Cantabria con más sentencias de derribo. Él ahora ha asumido esta propiedad junto a su madre, pero no fue el comprador original. “La vivienda la adquirieron mis padres. En este tiempo mi padre ha muerto”, ha explicado en declaraciones a eldiariocantabria.es. Su familia lleva “19 años pleiteando con el Gobierno”. Casi dos décadas en las que “hemos vivido muy penosamente” y en las que se “ha socavado parte de la salud de muchas personas, que se han quedado por el camino”, entre ellos su padre.
Jorge recuerda perfectamente cómo empezó todo. “Mis padres compraron la vivienda de buena voluntad, una segunda vivienda para poder estar en la costa”, menciona este vecino de Vizcaya. Pero “tras un año o dos empiezas a oír cosas”, a escuchar que existen sentencias de derribo por un posible incumplimiento urbanístico sobre el proyecto. Es en ese instante cuando “te empiezas a preocupar” y comienza un “sinvivir”, como él mismo lo define, marcado por tribunales, sentencias, manifestaciones y una lucha con los gobiernos que les ha llevado a iniciar una nueva legislatura que, como ha explicado el presidente de AMA, Antonio Vilela, en varias ocasiones, parece ser un inicio casi desde cero.
“Los políticos te van prometiendo y vas confiando, luego resulta que no llegamos a prácticamente nada”, ha lamentado este afectado, para quien el mayor avance se produjo en la pasada legislatura, cuando “se firmó este convenio con el departamento de Urbanismo del PSOE, a través del que se nos reconocieron unos derechos”. Como lo define Jorge, esto es “una línea de salida”, pero la nueva legislatura (la quinta desde que empezaron su lucha) vuelve a dilatar todo. “Eso tiene que ser firmado por una persona concreta. Si firma toma una responsabilidad en el asunto, que luego puede volver a pasar por el tribunal, y nadie quiere pasar por eso, y nos están siguiendo con este calvario de no darnos la solución”, ha criticado.
Las sentencias del Tribunal Supremo en ningún caso les condenan a ellos como propietarios
Jorge menciona algo muy importante. Las sentencias del Tribunal Supremo en ningún caso les condenan a ellos como propietarios. De hecho, todos los documentos que firmaron al adquirir las viviendas eran legales en ese momento. Ellos son terceros de buena fe. Pero en todo este proceso están siendo ellos los únicos perjudicados. “En todas las sentencias de derribo el culpable es la administración, pero nos están sacudiendo en la cara a los consumidores que hemos comprado de buena fe a la empresa inmobiliaria”, ha puntualizado, aclarando que todos los papeles están legalizados por todas las administraciones responsables en este tipo de proyectos (ayuntamientos, consejerías, notarios, …), pero “los únicos que recibimos las tortas somos las familias”, reitera.
GASTOS COMPLEMENTARIOS
Lo que han tenido que vivir las cientos de familias afectadas es tan diverso y variado como personas integran AMA. Pero todas sus historias tienen varios denominadores comunes. Hortensio recuerda que compró la casa en el año 2000 junto a la que entonces era su mujer. “El proceso fue dramático”, valora, pues la pareja vivía por entonces en Miranda de Ebro. La empresa del afectado “estaba ofreciendo una prejubilación”, y pensando en eso “miramos para comprar algo en Cantabria”, ya que ella era de Santander. Tras un tiempo mirando, se decidieron por un chalet en la urbanización Cerrias I, en Liencres. “Fuimos al Ayuntamiento, al Registro, al banco. Nos hacía falta una hipoteca. Todo estaba correctamente, nos dijeron que no había riesgo de caer en alguna ilegalidad”, recuerda.
"El director de la sucursal nos explicó que había varias construcciones afectadas pero que no tuviéramos miedo, que era cosa de una denuncia, que no había ningún problema”
Pero cayeron, aunque no porque hubieran cometido ningún error ni hubieran actuado de mala fe. “Con la sentencia del Supremo nos quedamos alucinados”, señala Hortensio. Incluso después de conocerse la situación en la que quedaba su vivienda, desde la entidad bancaria siguieron sin darles toda la información. “Fuimos al banco, nos subrogamos a la hipoteca que tenían los constructores, y el director de la sucursal nos explicó que había varias construcciones importantes afectadas pero que no tuviéramos miedo, que era cosa de una denuncia, que no había ningún problema”, explica el afectado. Evidentemente, lo había. Una sentencia del Alto Tribunal obligaba a demoler su vivienda, en aquel momento sin la obligación de indemnizarles de ningún modo.
La situación de Hortensio tiene, además, otros problemas añadidos. “En 2005 decidimos divorciarnos, y desde ese momento me he hecho cargo de la hipoteca del chalet”, ha afirmado. Su único objetivo ahora mismo es “zanjar el tema y disolver la sociedad de gananciales”, pero la sentencia del Supremo se lo impide, ya que aunque nada le impide vender su casa “tenemos que decir que tiene una sentencia de derribo, por lo que nadie lo va a comprar”.
“Estoy con depresiones, tomo medicamentos todavía hoy porque esto me ha costado muchas lloreras”, ha detallado otro afectado
Y como a muchos otros, la situación le ha provocado problemas importantes de salud. “Estoy con depresiones, tomo medicamentos todavía hoy porque esto me ha costado muchas lloreras”, ha detallado. Y es que además de la hipoteca de una vivienda que está destinada a ser derribada debe pagar la asignación de su mujer, todo ello sin “disponer de un dinero que nos vendría muy bien vendiendo el chalet”.
OKUPAS
Aunque para muchos, las sentencias de derribo han quedado casi en un segundo plano. O al menos se han vuelto parte de un paisaje social y humano con el que se han acostumbrado a vivir después de casi 20 años. Es lo que cuenta Victoria, propietaria de una vivienda en Camino de Portillo (Argoños). “Sabemos lo que hay. Nos mienten, nos mienten, nos mienten, siempre es la misma respuesta: hay que esperar”, critica al hablar de la relación con las instituciones.
Para ella, como para muchos otros vecinos de esa urbanización, lo realmente preocupante ahora es que “se nos meten okupas en las viviendas vacías”, algo que se suma a la dificultad de convivir con una sentencia de derribo. Una de las viviendas estuvo okupada entre 15 días y un mes. Otra unos dos meses. Y tras un “periodo de calma”, llegó una familia al completo, que estuvo hasta septiembre de 2018. Ahí comenzaron los problemas más graves. “Se metieron en casa de uno de los vecinos, con perros, con discusiones con todos los vecinos”, ha denunciado la afectada, que relata cómo a finales de agosto del año pasado “una de mis vecinas estaba en casa con sus hijas y se encuentra en su parcela a un individuo con un niño pequeño intentando abrir la puerta de la entrada principal. Cuando ella salió le dijo que estaban mirando a ver si podían okupar la vivienda”.
“Lo tienen en unas condiciones de insalubridad total, con perros que se han metido en el chalet del vecino, han dejado como 50 heces, orinado, …”, critica la afectada
Ahora, desde marzo hay otra familia okupando una de estas casas, propiedad de una mujer mayor que lleva años sin acudir a Argoños. “Lo tienen en unas condiciones de insalubridad total, con perros que se han metido en el chalet del vecino, han dejado como 50 heces, orinado, …”, critica la afectada, que asegura además que los animales “no están vacunados y no tienen chip”. “Los niños viven en unas condiciones que ni en Etiopía. Es una vergüenza”, ha denunciado.
Por supuesto, la situación está en conocimiento del Ayuntamiento de Argoños y del Gobierno de Cantabria, pero según Victoria “en ambos casos se lavan las manos”. Cabe señalar que las viviendas que se han okupado en este tiempo han sido ya indemnizadas por el Ejecutivo autonómico, y a día de hoy están completamente vacías, aunque siguen en manos de los propietarios.
La solución, a su juicio, pasaría por tapiar estas viviendas vacías y evitar así que pudieran ser okupadas. Y si las sentencias de derribo ya generan una situación tensa, la presencia de estos okupas aumenta el problema. “Estamos todos agresivos. Estamos con miedo. No sabemos qué hacer”, confiesa Victoria, que como muchos otros vecinos se ve obligada a “venir todos los fines de semana”, aunque solo sea a “echar un vistazo para ver qué ocurre, y con el miedo de poder encontrarte una familia”.
Porque, según relata, lo que estas familias han hecho en otras ocasiones es okupar la vivienda y acudir a empadronarse al Ayuntamiento, que les dejó. “A 18 de marzo el alcalde nos dijo que había sido el Gobierno de Cantabria el que había instado a posibilitar el empadronamiento”, recuerda la propietaria, aunque “hace un mes nos dijeron que ya no están empadronados”.
SOLUCIÓN
Las situaciones de estos tres afectados, y de los cientos que cada día viven con la incertidumbre, podría tener solución. El propio Supremo obliga al Gobierno de Cantabria a indemnizar a los propietarios como víctimas que son de esta situación, o en su defecto a entregarles una vivienda de sustitución. La tercera opción que se está abriendo es la regularización de muchas de estas casas, algo que se conseguiría con la aprobación de planes generales de urbanismo que, sin embargo, parecen bloqueados en un proceso que casi se inicia desde cero en cada legislatura. Y el tiempo corre en contra de los propietarios.
“La solución que veo es que el Ayuntamiento de Piélagos apruebe el PGOU y haya una regularización”, explica Hortensio, que recuerda que en su caso “el tema de Costas” no le afecta.
Para Jorge otra cosa importante, y que en este caso afecta a todos estos terceros de buena fe, es lo conseguido por AMA en el Parlamento de Cantabria, que decidió por unanimidad tomar como ley el hecho de que “antes de derribar cualquier vivienda había que indemnizar, porque hasta ese momento se podían tirar y luego ya indemnizaría cuando lo creyeran conveniente”. Una situación esta última con la que se ha tenido que luchar durante años, “y todavía lo están haciendo”, contando además con esa “presión por parte del Gobierno y de los tribunales, que quieren derribar y no se encuentra solución”. Esto es lo que “ha minado la salud de muchas personas que se han quedado por el camino”, ha reiterado.
