“Una muy buena noticia para todos”. Así ha definido el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, en unas declaraciones a Radio Santoña, la recuperación de 111.252,38 euros, que representa el 90% de los 123.511,38 euros estafados al Ayuntamiento de forma telemática al suplantar la identidad de FCC, adjudicataria del servicio de basuras, y de un banco para desviar los pagos del Consistorio a otra cuenta. Actualmente, la investigación llevada a cabo por el juzgado de Santoña y la Guardia Civil sigue su curso para tratar de recuperar todo el dinero estafado.
El pasado 14 de mayo era el propio Ayuntamiento el que hacía pública la estafa a la institución pública. En un comunicado, Abascal explicaba que para realizar el fraude se suplantó la identidad de la empresa y el banco y se solicitó por e-mail a Intervención Municipal un cambio de cuenta y de entidad. Asimismo, se aportó documentos falsificados, con sellos y membretes de ambas entidades, por lo que “fueron dados por veraces”. En total, se pagaron dos mensualidades, y fue al recibir la devolución del tercero cuando se descubrió lo ocurrido.
Tras hacerse público e interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, el Partido Popular y la formación Santoñeses, oposición municipal, solicitaron una copia de la denuncia y la documentación de la estafa para “estudiarla y valorarla, y verificar la forma de actuación” del Ayuntamiento. “Aun cuando la presunta estafa se ha producido por una supuesta suplantación de identidad y falsificación de documentos, se pone de manifiesto que han fallado alguno de los controles exigidos en la administración, por tanto, se hace necesario profundizar en el esclarecimiento de lo acontecido en este caso, y analizar también los protocolos de control y fiscalización que el Ayuntamiento de Santoña aplica normalmente, para evitar que se reproduzcan problemas similares en el futuro”, señaló el PP.
La estafa comenzó el 26 de febrero de 2020, semanas antes de que España, y el resto de Europa, se viera abocada a un confinamiento para luchar contra la pandemia de coronavirus. En esa fecha el Consistorio recibió una carta que simulaba enviar la empresa FCC, en la que comunica que ha cambiado de entidad bancaria y que a partir de la recepción de la misma, los abonos de las facturas se realicen en la nueva cuenta, concretamente del banco ING.
La adjudicación a FCC se produjo hace un año por un importe de 3,6 millones de euros, después de una gestión controvertida y una prórroga que duraba desde 2014.
