viernes 4/12/20
TRIBUNALES

La Fiscalía investigará posibles delitos contra el Patrimonio por el hundimiento del tejado del Palacio de Chiloeches de Santoña

Tejado hundido del Palacio de Chiloeches de Santoña | Foto: R.A.
Tejado hundido del Palacio de Chiloeches de Santoña | Foto: R.A.

La Fiscalía superior de Cantabria ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia presentada por la formación Santoñeses el pasado 9 de julio, en la que solicitaban la investigación y la depuración de responsabilidades al alcalde de Santoña, el consejero de Cultura y la propiedad del Palacio de Chiloeches de Santoña y del Antiguo Hospital Militar. En su opinión, ha existido una “prolongada falta de actuación sobre el tejado de este edificio monumental, declarado Bien de Interés Cultural, que se derrumbó parcialmente en mayo de 2016 y ha sufrido un constante deterioro desde entonces”.

En este sentido, consideran que “hay indicios de ánimo doloso en la inactividad de la propiedad y de la Administración, obligados como están a actuar de urgencia conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria cuando un elemento patrimonial protegido está en riesgo”. Como recuerda Santoñeses, el primer derrumbe importante de la cubierta se produjo hace ya más de cuatro años, “sin que ni la propiedad, ni la Consejería ni el Ayuntamiento, conocedores de ello, hayan llevado a efecto ningún tipo de actuación para proteger el BIC, generando un evidente riesgo de destrucción total de Bien protegido”.

Desde Santoñeses consideran que podría ser “un caso de prevaricación, al incumplirse no solo la ley, sino lo expresamente exigido en las propias resoluciones administrativas”

“La complicidad político-administrativa/privada ha hecho que, de forma dolosa, no se lleve a efecto, propiciándose la actual situación de arriesgado deterioro ruinoso que sufre el inmueble BIC antiguo Hospital militar”, ha criticado en un comunicado, recordando que “llevan reclamando la intervención urgente desde el día siguiente a producirse el primer derrumbe y han solicitado reiteradamente que te tomen medidas cautelares para evitar un mayor deterioro”.

Ante lo que consideran una “injustificable inactividad”, Santoñeses remitió en diciembre de 2019 a la Dirección General de Patrimonio Cultural y al Alcalde de Santoña sendos escritos, requiriendo a ambos, lo mismo que a la propiedad del inmueble, a fin de que llevaran "a efecto la inmediata renovación total de la cubierta del monumento y el apuntalamiento general de todo el inmueble, cuya ejecución es viable técnicamente sin necesidad de proceder previamente a la demolición de varios edificios, anexos y cobertizos anejos al bien protegido, debiendo primar la ejecución de estas obras que garanticen la conservación del inmueble (...)', con los apercibimientos legales pertinentes".

“Dado que nada se ha hecho desde entonces, resulta evidente que los hechos objeto de denuncia han cruzado hace tiempo la línea que define el malicioso incumplimiento de la Ley”, considera la formación, que apunta un “grave perjuicio para el interés general y, aún más grave, han generado una quiebra global de la confianza ciudadana en el Estado de Derecho, al ver la palpable y evidente desprotección que sufre un BIC tan unido a la historia de Santoña y de Cantabria, por parte de la propiedad y las dos Administraciones, autonómica y municipal, legalmente obligadas a protegerlo”.

Desde Santoñeses consideran que podría ser “un caso de prevaricación, al incumplirse no solo la ley, sino lo expresamente exigido en las propias resoluciones administrativas”, añadiendo que “la arbitrariedad injusta se evidenciaría en el largo tiempo de inactividad de la Administración y de la propiedad ante el evidente y conocido estado de deterioro que sufre el inmueble protegido, definiendo una palmaria y dolosa dejación en el ejercicio, respecto el bien sometido a protección declarada y expresa, de las obligaciones de autoridades y funcionarios para evitarlo”.

En lo que se refiere a los delitos sobre el patrimonio histórico, regulados en el Código penal, desde Santoñeses señalan que existen “graves alteraciones y daños evidentes en un bien catalogado de valor cultural-histórico”, como es el antiguo Hospital Militar napoleónico de Santoña, con la categoría de BIC, siendo doctrina y jurisprudencia que tal delito puede cometerse por omisión de quienes tienen la obligación de velar legalmente por la conservación del bien de valor cultural-histórico (lo que apuntan que habría ocurrido en este caso) que, con conocimiento de que por no actuar en debida forma legal puede ser destruido, provoquen con su omisión consciente y deliberada el evidente riego de su destrucción total o parcial.

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