Un total de 1.155 vacas fueron sacrificadas en Cantabria entre los años 2012 y 2013 –gobernando la comunidad autónoma el PP– en los 12 vacíos sanitarios (sacrificios de una ganadería al completo) llevados a cabo por un foco de brucelosis bovina descubierto a finales de 2012.
Estos números son similares a los del actual foco de la enfermedad –descubierto a finales del año pasado–, y es que entre 2016 y lo que va de 2017 han dado positivo en cultivo 12 ganaderías, por están previstos 12 vacíos, de los que ya han sido llevados a cabo 11, en los que han sido sacrificadas 1.042 vacas.
El PRC, que ahora quita hierro al actual foco de brucelosis, cargó en 2013 contra el Gobierno autonómico del Partido Popular, y el PP, que entonces quitó hierro a aquel foco, califica ahora de “vaquicidio” los 1.042 sacrificios correspondientes a los 11 vacíos sanitarios llevados a cabo hasta la fecha.
Según los datos del Instituto Cántabro de Estadística (Icane), por brucelosis han sacrificadas 5.120 vacas en 2003, 4.686 en 2004, 5.919 en 2005, 2.104 en 2006, 1.236 en 2007, 1.816 en 2008, 318 en 2009, 328 en 2010, 165 en 2011, 213 en 2012, 942 en 2013, 190 en 2014 y 90 en 2015.
Por su parte, el Gobierno cántabro pedirá “cierta flexibilidad” al Ministerio de Sanidad en materia de vacíos sanitarios y se ha comprometido a abonar a los ganaderos las indemnizaciones por los sacrificios en un plazo máximo de tres meses. Así se lo ha trasladado el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, a los representantes de las organizaciones ganaderas convocantes de la manifestación del pasado viernes en Santander –encabezadas por Asaja–, durante la reunión de hora y media que el consejero de Medio Rural, Jesús Oria, y él mismo han mantenido con ellos este martes en la sede del Ejecutivo, que el presidente de Asaja, Pedro Gómez, ha calificado de “tensa”, según informa Europa Press.
Tras la reunión, Revilla ha explicado a los periodistas que este mismo martes solicitará una entrevista a la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, para plantearle “cierta flexibilidad” en materia de vacíos sanitarios para no tener que sacrificar todas las vacas de una ganadería por un solo positivo. Y también ha asegurado que el compromiso del Gobierno autonómico a pagar en el plazo de tres meses las indemnizaciones afecta tanto “lo atrasado” hasta ahora como lo correspondiente a “cualquier caso que se detecte”. En este sentido, el presidente de Asaja ha indicado que el presidente autonómico ha “puesto su cargo a disposición” si no se cumple este plazo de “justicia”.
