Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha pedido que se ejecute de manera inmediata la sentencia que anula la contratación de un policía local que había accedido a su plaza sin cumplir los requisitos de la convocatoria, y ha subrayado que ahora que ya es firme, "es momento de dirimir responsabilidades tanto políticas como técnicas" por "esta nueva chapuza" que, según dice, le costará a las arcas municipales "más de 80.000 euros". Al respecto, señala que si el proceso de contratación fue incorrecto, al dar por válida una documentación que se demostró que no lo era, se tendrá que explicar quién la dio por válida y por qué. Pero además, ACPT señala como responsable político al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, "pues ha sido conocedor desde el primer momento de todo lo ocurrido, y pese a las advertencias, lo único que ha sido capaz de hacer es dar largas, y esperar a que finalmente la sentencia diese la razón al Ayuntamiento, aun sabiendo que esto era imposible".
ACPT señala en un comunicado que desde enero de 2016 viene solicitando la inmediata incorporación al servicio del policía "perjudicado", ya que "sabíamos que cada día que pasase, era un día que le tendríamos que pagar sin haber podido trabajar como era su voluntad". Y añade que ya en diciembre de 2017, el Ayuntamiento "acumulaba una deuda de 80.000 euros con este futuro trabajador municipal, fruto del salario que debía de haber recibido si se hubiese incorporado en la fecha del proceso de contratación denunciado", a lo que habrá que sumarle el tiempo transcurrido desde entonces hasta su incorporación definitiva.
