Como ya adelantaba el pasado martes este diario, el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha iniciado los trámites para retirar el argayo que desde finales de enero ha obligado a decenas de vecinos de San Mateo a abandonar sus casas. Dicho corrimiento de tierras, provocado por las torrenciales lluvias que cayeron en esas fechas, se encuentra en tres fincas privadas en las que no hay ninguna vivienda. En el pleno celebrado el día 30 de abril alrededor de un centenar de afectados, entre los que estaban representantes de los propietarios de estos terrenos, hicieron visible su preocupación y su malestar por la decisión del equipo de Gobierno encabezado por Josefina González de repercutir los más de 242.000 euros que cuestan las obras a los tres propietarios de los terrenos.
Este miércoles, en un comunicado, los afectados han reclamado al Consistorio y al Gobierno regional “implicación y generosidad” para cubrir íntegramente los gastos de la obra de reparación, “sin repercutírselos en ningún momento a las dos familias de jubilados propietarios de las fincas”. Como señalan, esto se ajustaría “al modo habitual de actuación de las administraciones públicas de nuestros país en este tipo de eventualidades”. Hay que recordar que el equipo de Josefina González ha tomado esta decisión basándose en una única sentencia de 2018 de un juzgado de Santander que falló contra los propietarios de unos terrenos en Liérganes, argumentando que existe jurisprudencia a pesar de que esta figura la crean las sentencias del Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento ha confirmado a los propietarios que “se iniciaría un procedimiento para reclamarles el coste”
Durante el pleno extraordinario los afectados preguntaron directamente a la alcaldesa “¿quién va a pagar la obra del argayo?”, a lo que González respondió, “sin dar más detalle”, que “se tenía pensado comenzar un procedimiento administrativo para notificar a los propietarios del terreno”. La respuesta dista mucho de la dada a los propietarios, a los que se les dijo que se les notificaría oficialmente la repercusión del coste de las obras, y de los comunicados hechos a través de sus redes sociales, donde el Ayuntamiento asegura que está “llamando a todas las puertas para afrontar la financiación del proyecto”, que va a “aprovechar el superávit de 2018 para atajar el corrimiento de tierras”, como señalan los afectados en el comunicado.
Junto a esto, reclaman al Consistorio una respuesta rápida a las preguntas remitidas por escrito ante el registro. Preguntas que plantearon en el pleno extraordinario del 30 de abril y ante las que no obtuvieron “respuestas claras”, como subrayan en el comunicado. Los afectados dan de plazo “como máximo hasta el lunes 6 de mayo”.
Por último, piden a Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria claridad a la hora de “solventar las dudas generadas” en otro punto importante de esta polémica: la existencia o no en la peña en la que se produjo el argayo de un manantial subterráneo, “dato conocido por todo el pueblo y del que existe documentación acreditativa”. Dicha documentación, como reveló uno de los afectados a este diario, son las propias escrituras de los terrenos ahora afectados por el corrimiento de tierras, en las que se detallan que “lindan con la fuente de Santa Leocadia”. Sin embargo, el informe técnico municipal omite “este aspecto crucial” para los vecinos, pues consideran que el argayo “se pudo producir por el efecto sumatorio de este manantial subterráneo y de las lluvias torrenciales”. De ser así, y dado que ese manantial tiene carácter público, la responsabilidad recaería íntegramente en el Ayuntamiento.
ANTECEDENTES
El pasado 12 de abril los afectados se reunían con la alcaldesa y la abogada del Ayuntamiento. Habían pasado semanas en las que los vecinos no habían logrado respuestas claras, pero en dicho encuentro se les comunicó que en los próximos meses “podrían volver a sus hogares”, al existir ya un informe técnico que planteaba una solución al argayo de la Peña de San Mateo. En dicha reunión, como señalan los afectados, también se comentó que “se comenzaría un proceso de notificación de las actuaciones a acometer a los propietarios de las parcelas afectadas por el argayo, todas privadas”.
Una representante de los propietarios que acudió a la reunión pidió aclaraciones sobre este aspecto en concreto, y como relatan los afectados en su comunicado, se la invitó a salir de la reunión para, en privado, explicarle que la obra la tendrían que pagar los propietarios, que el Ayuntamiento únicamente adelantaría el dinero para agilizar la obra. “Ante esto, la familia de propietarios de los terrenos tuvo una reunión el lunes 15 de abril con la abogada del ayuntamiento de Los Corrales, y posteriormente, con la alcaldesa Josefina González”, relatan los afectados. En este nuevo encuentro se les confirmó que al mismo tiempo que se adelantase el dinero por parte del Consistorio “se iniciaría un procedimiento para reclamar su coste a los propietarios del terreno”. Los afectados estiman el coste total en torno a los 250.000 euros. Hay que recordar que los propietarios son todos ellos jubilados.
Los vecinos de San Mateo han mostrado desde el primer momento su completo apoyo a los propietarios de los terrenos y han manifestado que “afectados somos todos”, lema bajo el cual acudieron al pleno del 30 de abril en el que sus dudas no fueron resueltas.
