El Gobierno de Cantabria ha decidido no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que declara inadmisible su recurso contencioso administrativo contra el impago de la anualidad de Valdecilla que el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy no presupuestó en 2017. En este fallo, la AN concluye que la no existencia de partida presupuestaria es "prueba evidente" de que no había "ninguna clase de compromiso de la Administración central" y que, por lo tanto, "no existe acto administrativo impugnable".
El plazo para recurrir la resolución ya ha vencido sin que el Gobierno de Cantabria haya ejercitado esta posibilidad, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, por lo que ya es firme. Mientras tanto, sigue pendiente en la misma instancia otro recurso del Gobierno de Cantabria por el impago de la anualidad de 2016, que sí contaba con partida en los Presupuestos del Estado, 22 millones de euros, pero que tampoco llegó a la comunidad autónoma.
El fallo constata como argumento para desestimar el recurso que en 2017 "no se ha incorporado partida alguna con esta finalidad"
Aunque en los años 2014, 2015 y 2016 los Presupuestos Generales del Estado sí incluyeron partidas para afrontar el coste adelantado por la Comunidad Autónoma para la reconstrucción del hospital, el fallo constata como argumento para desestimar el recurso que en 2017 "no se ha incorporado partida alguna con esta finalidad" y que los compromisos asumidos por el entonces presidente, que llegó a reflejar por escrito y firmados en una carta al jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, "no puede tener la eficacia de un acto administrativo firme".
Por el contrario, agrega, "se trata, sencillamente, de una declaración de voluntad de contenido político que no tiene la eficacia que pretende la parte recurrente como generadora de un acto administrativo jurídicamente exigible". La Audiencia también cree extemporáneo el recurso de la Comunidad Autónoma, que fue presentado por el director gerente del Servicio Cántabro de Salud el 20 de enero de 2018, tras entender desestimada por silencio administrativo la reclamación que había remitido previamente al Ministerio de Hacienda.
