Cantabria es la Comunidad que mayor gasto público realiza por habitante y año, 183 euros. Así lo indica el Dictamen del Observatorio de 2017, publicado por los gerentes de servicios sociales de España.
Sin embargo, los datos en algunos indicadores señalan algunas debilidades del Sistema. Es la única Comunidad que en el último año su saldo de personas atendidas ha sido negativo -575 (-6,7%), es decir, que comparativamente con el año anterior se atendió a menos demandantes.
Así mismo, también tiene saldos negativos en todos los indicadores de gestión en 2016. Lo que indica un retroceso en el Sistema. Esto ha desembocado en que la generación de empleos por millón de gasto público (21) es la más baja de España y el retorno económico en 2016 es de 44,9 millones de euros.
Los motivos para estas debilidades, entre otros factores, se deben al sobredimensionamiento de la prestación de cuidadores familiares (57%), combinado con los recortes del Gobierno de España cifrados en 41millones de euros en los últimos cinco años.
Las motivos de las debilidades en la ayuda al dependiente se deben, entre otros factores, al sobredimensionamiento de la prestación de los cuidadores familiares y a los recortes del Gobierno de España, cifrados en 41 millones de euros.
Los datos también indican que con el recorte de la AGE anual se podrían atender a más de un millar de dependientes.
Además, el informe señala que la actualidad el Gobierno de Cantabria aporta el 86% de la financiación pública.
España
En España, por otra parte, un total de 350.000 personas dependientes continúan a la espera de ser atendidos, mientras que 90 fallecen cada día sin haber podido ejercer su derecho de acceso a los servicios o prestaciones determinados en la Ley. Además, la atención efectiva de todas esas personas podría conllevar la creación de 90.000 empleos directos
350.000 personas dependientes continúan a la espera de ser atendidos, 90 de ellas fallecen esperando a ejercer su derecho al acceso a servicios o prestaciones de la Ley de Dependencia
Una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, los gerentes de servicios sociales advierten en su Dictamen del Observatorio de 2017 que “estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante”. Para ello, consideran imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera.
Según sus estimaciones, la feliz reactivación del ritmo en atenciones producida en 2016 es claramente insuficiente como para dar respuesta a las 350.000 personas dependientes que permanecen en el 'limbo' de la lista de espera. A este ritmo, no se cubriría su atención ni en los próximos cuatro años. Cada día que pasa en esta situación, se produce la baja por fallecimiento de 90 personas dependientes que finalmente no pudieron ejercer su derecho de acceso a los servicios o prestaciones determinados en la Ley.
Al ritmo financiero actual destinado a la Ley de Dependencia, no se cubriría la atención de las 350.000 personas dependientes que se encuentran en espera de ejercer su derecho a prestaciones o servicios ni en los próximos cuatros años
El 14 de diciembre de 2016, coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley, los representantes de la mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados, con la sola excepción del PP y del PNV, suscribieron un pacto por la reversión, para los Presupuestos de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la financiación autonómica.
La mayoría de los grupos políticos del Congreso de Diputados, a excepción de PP y PNV, firmó un pacto de reversión de los recortes y el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años
Por otra parte, según el informe, fruto de lo debatido en la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero de 2017, se ha creado una comisión de representantes autonómicos y de la AGE, para la elaboración de un informe de análisis de las necesidades y mecanismos de financiación más adecuados de la Ley.
“El de la financiación no es el único problema que afronta la Ley de Dependencia, pero es obvio que los recortes producidos y una visión cortoplacista de esta política social han generado enormes costes de oportunidad y, lo que es peor, un gran sufrimiento y decepción para cientos de miles de ciudadanos. Ojalá este dictamen, junto a los dieciséis anteriores, sirva para ayudar a unas decisiones futuras que sean valientes, inversoras, inteligentes y sobre todo…, con alma”, sentencia el dictamen.
Los datos
Según las cifras extraídas del informe de los gerentes de servicios sociales, a fecha 31 de diciembre de 2016 había en España 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración. Esto significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
En este momento el 29% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 348.309 personas y a sus familias. El 35% de las personas desatendidas (122.000), son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
El 29% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas
En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.
Por supuesto que estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen 90 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.
El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el Real Decreto de 2012, asciende a 3.7734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 supone ya una cifra acumulada de 2.236 millones de euros. La reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a casi 1.000 millones de euros que estas han dejado de percibir. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera, simplemente cumpliendo con la Ley, se generarían más de 90.000 empleos directos.
El informe indica que si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera, se generarían más de 90.000 empleos directos
Además, el informe concluye que los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los retornos inducidos desperdiciados.
Del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración General del Estado soportó el 17 % y las comunidades autónomas el 83% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50 %.
El Gobierno sigue imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia paren al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada garantistas, según recoge el dictamen.
Perspectiva histórica de la aplicación de la Ley
Desde la aprobación de la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, el servicio ha sufrido muy diversos avatares que han afectado prácticamente a todas las coordenadas iniciales: el calendario de desarrollo; el baremo de valoración; la financiación; los contenidos e intensidades de los servicios, las cuantías de las prestaciones económicas; la compatibilidad entre prestaciones y servicios o la consideración de las cuidadoras familiares y de sus cotizaciones en un régimen especial de la Seguridad Social, son algunas de las variables que han sido modificadas cuando no suprimidas.
A través de los datos de gestión de estos años se pueden distinguir cuatro etapas bien diferenciadas en el desarrollo del servicio de dependencia. En los dos primeros años del se dieron una serie de factores que ya perfilaron un comienzo errático y muy desigual del sistema, como la precipitación al no estar previamente elaborados y suficientemente consensuados los procedimientos mínimos o la confusión, ya que muchos ciudadanos habían recibido el mensaje de que se trataba de recibir una 'paga' por la situación de dependencia.
Al principio de la ejecución de la Ley de Dependencia muchos ciudadanos pensaba erróneamente que se trataba de recibir una 'paga' por su situación de dependencia
De igual manera, se produjo una situación de laberinto administrativo. La inserción del servicio de dependencia en un bosque de procedimientos encadenados con múltiples resoluciones para un mismo expediente, junto a la lentitud de las comprobaciones de requisitos y los cálculos de copago desde unas maquinarias construidas sobre la marcha, generaron colapso de expedientes desde el inicio.
Asimismo, los diferentes criterios por territorio y el desarrollo territorial dispar es una característica que se arrastra hasta nuestros días y que proviene de múltiples factores. Con todo, se realizaron importantes esfuerzos y al finalizar 2008, el sistema tenía 722.305 solicitantes acumulados, con 592.648 valoraciones de las que resultaban 442.509 dependientes con derecho a atención de los que algo más de la mitad tenía resolución PIA (228.613).
Etapa de expansión
Coincidió con los años 2009 y 2011. Tras los turbulentos inicios en los que algunos fallos del sistema se consolidaron como estructurales, el Sistema entró en una fase de expansión, con un desarrollo frenético y dinámico llegando a alcanzar 738.000 beneficiarios con prestaciones o servicios. Eso sí, las diferencias interterritoriales se siguieron acentuando. El sistema de financiación de la Ley ya denotaba que el esfuerzo autonómico, con la presión de la obligación de atender, iba en incremento sobre el del Estado, que decrecía a medida que el sistema atendía a más personas.
La perspectiva no se mostraba nada halagüeña previendo el impacto de la crisis sobre los presupuestos públicos y en mayo de 2010, el Gobierno Zapatero introduce las primeras modificaciones en la Ley que afectaron al alargamiento de los plazos para el devengo y retroactividad de las prestaciones económicas y que matizó que el derecho de las personas dependientes se haría efectivo desde la fecha de la resolución de las prestaciones y servicios. Esto último suponía que la dilación administrativa era un camino elegible para muchas comunidades ante la imposibilidad de atender a la demanda. “Si la solicitud o la resolución de grado y nivel se quedaban en un cajón, la persona dependiente no podía reclamar nada y cuando lo hacía, la maquinaria administrativa alegaba que al expediente le faltaba algún papel”, ejemplifica el informe.
“Si la solicitud o la resolución de grado y nivel se quedaban en un cajón, la persona dependiente no podía reclamar nada y cuando lo hacía, la maquinaria administrativa alegaba que al expediente le faltaba algún papel”
No obstante, el Servicio seguía avanzando a finales de 2011 ya había 1.600 solicitudes activas acumuladas con casi un millón y medio de personas valoradas, de las que 1.280.000 poseía algún grado de dependencia. En diciembre de 2011, algo más de un millón de personas dependientes (1.044.000) tenía derecho a atención en aquel momento, de los que 738.000 realmente recibían algún tipo de prestación o servicio.
Retroceso y demolición
Con un buen número de problemas acumulados, entre los que no olvidar una deuda de 1.034 millones euros que el Ministerio tenía con las arcas de la Seguridad Social por las cotizaciones de las cuidadoras familiares, cuando el Sistema debía acometer su última fase de implantación: la incorporación de las personas dependientes con Grado I, se produjo un cambio de gobierno en noviembre de 2011 que da inicio a una fase de recorte de derechos que culminará con la aprobación del Real Decreto de 2012. La medida funcionó y años más tarde el Gobierno admitió ante la Comisión Europea, el BCE y el FMI que la misma supuso unos ahorros de más de mil cuatrocientos millones de euros solo hasta 2014.
El Real Decreto Ley 20/2012 supuso la colocar al servicio de Dependencia en una parálisis tal que el sistema apenas podía incorporar nuevas personas atendidas en la medida en que iban causando baja los ya atendidos. Considerando que la lista de desatendidos a finales de 2011 era de más 300.000 dependientes y que mayoritariamente se trata de personas mayores, se empezó a producir un trágico espejismo estadístico: la lista de espera descendía aunque el número de personas dependientes atendidas no avanzaba. Sin duda lo más doloroso de esa etapa ha sido el abandono de las personas con derecho a atención que en muchos casos causaron baja por fallecimiento antes de tener aprobado un plan de atención con las consiguientes prestaciones o servicios. “A ese dolor hay que añadir la indignidad de presentar los datos de bajada de la lista de espera como un éxito de la gestión gubernamental”, añade el informe.
El Real Decreto Ley 20/2012 suponía que solo se podía incorporar nuevas personas atendidas por razón de dependencia en la medida en que iban causando baja los ya atendidos
¿Recuperación?
La demolición del sistema, reflejada en la tendencia negativa en incorporación de nuevos atendidos, se modifica en la segunda mitad 2015. En julio de 2015 se incorporaban al sistema con derecho reconocido todas las personas dependientes moderados cuyos derechos de habían demorado hasta entonces.
Esta tendencia de recuperación se mantiene en el año 2016, en un escenario sin muchas variaciones, pero que carece de suficiente ritmo como para dar cobertura en un plazo razonable a las 355.596 personas que están al finalizar el año en espera. El reto de llegar a la plena atención se antoja imposible en las actuales circunstancias, considerando la desinversión acumulada por parte del Estado en la financiación que en 2016 ha superado con creces los 4.000 millones de euros y en un escenario postelectoral que anticipa nuevas restricciones presupuestarias por exigencia de reducción del déficit.
