viernes. 29.03.2024

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer (JVM) de Cantabria registró el año pasado 1.908 denuncias, un 27% más que en 2016. Así, la región cántabra se sitúa a la cabeza del incremento de las víctimas de violencia de género durante este periodo con un aumento del 42%, más del doble que la media nacional y sólo superada por la Rioja con un 62%.

Según ha informado este viernes el sindicato USO en un comunicado, estos datos contrastan con el ratio de órdenes y mujeres víctimas de violencia de género. En este sentido, Cantabria es la segunda región con un menor ratio de órdenes de protección dictadas, el 16%, mientras que la media nacional ha sido del 24%.

En cuanto a la protección económica de las víctimas para garantizar su independencia, la Comunidad Autónoma se sitúa en cifras “ligeramente por encima de la media en cuanto a contratos bonificados y de sustitución”, pero “muy lejos de lo necesario para que las mujeres que sufren violencia de género puedan ser autónomas de su agresor”.

Sobre el total de denuncias, el número de contratadas mediante estas modalidades previstas para garantizar la reinserción laboral sólo representa el 0,9%, tres décimas por encima del cómputo general. “Desde que se implementó por Ley este tipo de contratos, nuestra región ha registrado 62 contratos bonificados y 44 contratos de sustitución”, explica la secretaria de Igualdad de USO Cantabria, Arancha Navarro.

“LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS ES AÚN DEFICIENTE”

La proporción de quienes consiguen que se dicte una orden de protección ha descendido

El sistema de protección para las víctimas de violencia de género sigue fallando tanto en detección como en protección y reinserción. Según el “Informe sobre Violencia de Género 2018”, elaborado desde la Secretaría de Formación Sindical e Igualdad de USO, el número de denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer aumentó un 16% en 2017 frente a 2016, creciendo en todas las autonomías salvo en Asturias.

Sin embargo, la proporción de quienes consiguen que se dicte una orden de protección ha descendido, bajando al 24% de las mujeres en 2017 frente al 29% que la obtenían en 2015.

Para Navarro “es preocupante que baje este ratio si tenemos en cuenta que el 30% de las mujeres asesinadas el año pasado a manos de sus parejas o exparejas habían interpuesto una denuncia, un 11% más que en 2016. Demuestra que la protección de las víctimas es aún deficiente”.

“Desde el ámbito sindical queremos llamar la atención sobre el extremo más grave de la violencia de género, las 971 víctimas mortales a cierre del informe (hoy al menos 972) y los 27 menores asesinados, pero también sobre la dificultad que encuentran las víctimas que están en otras fases de la violencia de género para poder independizarse económicamente de su agresor”, ha asegurado la sindicalista en el comunicado.

De esta manera, ha destacado “de forma negativa” las concesiones de ayudas económicas o la formalización de contratos para conseguir esa autonomía que, en muchos casos, “es lo que acaba por atar a la víctima a su agresor e impedirle la ruptura con él”.

Las ayudas económicas previstas por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 “alcanzan únicamente a un 0,5% de las denunciantes”. Además, “las ayudas para cambio de domicilio y la recepción de la renta activa de inserción marcaron un pico entre 2014 y 2015 y, desde entonces, han descendido sus concesiones año a año”, ha denunciado la secretaria de Igualdad de USO.

España registra más de 153.000 denuncias por violencia de género al año. Según el sistema de seguimiento integral VioGen, han ascendido el número de casos con algún tipo de riesgo apreciado, situándose los casos que no aprecian riesgo en el 46,03% de los estudiados, frente al 75% que se descartó en 2013, su primer año de funcionamiento. Los que sobrepasan el riesgo medio están cerca del 9,5%, frente a menos del 5% en 2013.

Asimismo, el número de usuarias de Atenpro, el servicio telefónico de protección a las víctimas, ha ascendido constantemente desde 2012.

“A pesar de ello, las cifras de asesinatos machistas demuestran que el sistema no consigue proteger a las mujeres. Por lo tanto, es exigible que no se escatimen recursos. Que haya o no Presupuestos, no se deje de dotar de la partida correspondiente al tan necesario Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, puntualiza Arancha Navarro.

Cantabria es la Comunidad donde más crecieron las denuncias por violencia de género en...
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