La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado "el fraude de ley en la contratación que desde hace años han instaurado" los responsables de la Fundación Marqués de Valdecilla, del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (Idival) y del Hospital Virtual Marqués de Valdecilla, empresas públicas dependientes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Para CCOO, es intolerable la situación que soportan desde hace años, algunos desde hace más de 15, los trabajadores de estas tres entidades, un 60% de la plantilla aproximadamente de las que, además, el 90% son mujeres.
El sindicato ha presentado una demanda ante el ORECLA de un total de 34 trabajadores que piden la reconversión inmediata de sus contratos en indefinidos
Tras numerosos intentos de negociación infructuosos, el sindicato ha presentado una demanda ante el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) de un total de 34 trabajadores que piden la reconversión inmediata de sus contratos en indefinidos.
CCOO lleva proponiendo "en innumerables ocasiones" a la Fundación Marqués de Valdecilla que regularice "de una vez por todas" la situación de los trabajadores conforme al Estatuto de los Trabajadores y no mediante el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), como pretende la fundación. El responsable de Empresas Públicas de FSC CCOO, Carmelo Renedo, ha asegurado que la situación no es nueva, sino que lleva años demandándose en los juzgados.
"La justicia nos ha dado la razón en casos anteriores pero el Gobierno, erre que erre, alarga esta situación con la presentación de recursos judiciales que no hacen más que perjudicar las arcas de la Administración pública, y por tanto, de toda la ciudadanía. Un dinero, que se traduce en miles de euros, que podría emplearse en mejorar la calidad del empleo de quien realiza un trabajo esencial para la ciudadanía en materia de prevención y detección del cáncer de mama, banco de sangre, investigación sanitaria o formación de los profesionales médicos, entre otros", ha argumentado.
En este sentido, la regularización que ahora se exige para estos tres organismos ya se ha llevado a cabo mediante distintos acuerdos en otras entidades públicas del Gobierno de Cantabria, como en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), Cantur, 112 o de MARE.
El responsable de empresas públicas de CCOO ha denunciado "la mala fe" y la "soberbia" de los responsables políticos
DESCOORDINACIÓN Y DESGOBIERNO
Renedo ha apuntado directamente a los gerentes de estas tres entidades, al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y al vicepresidente del Ejecutivo cántabro, Pablo Zuloaga, como "responsables directos de una irregularidad que se empeñan en mantener y que incluso siguen potenciando", aún a sabiendas de que la justicia les ha quitado la razón en anteriores ocasiones. "El consejero no puede alegar desconocimiento porque conoce perfectamente que esta situación es irregular", ha sentenciado.
El responsable de empresas públicas de CCOO ha denunciado "la mala fe" y la "soberbia" de los responsables políticos del Gobierno de Cantabria, a los que se les aportó toda la jurisprudencia que hay sobre este asunto y que da la razón al sindicato. No obstante, hicieron "caso omiso a esta documentación" y convocaron al Comité de Empresa "para proponerles un reglamento interno de selección de personal que vulnera el VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria, que es el aplicable a este personal, y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tampoco cumple los preceptos legales".
El Comité rechazó la propuesta y, aun así, el Gobierno de Cantabria la llevó al Patronato, "ocultando información a los demás miembros y no contándoles que no se habían terminado las negociaciones con los representantes de los trabajadores", ha subrayado Renedo. Por este motivo, "en cuanto este acuerdo fraudulento adquiera firmeza, porque lo aprobado es ilegal, CCOO lo recurrirá también", ha anunciado. Por último, Renedo ha manifestado su rechazo al "desgobierno" y la "descoordinación" que existe en el Ejecutivo cántabro, cambia sus argumentos de forma arbitraria, "defiende una cosa y la contraria".
