El Grupo de Ciudadanos en el Parlamento ha presentado cuatro exigencias al Gobierno de Cantabria para apoyar el convenio con la Diputación de Guipúzcoa para el vertido de residuos en el vertedero de Meruelo, que se debatirá el próximo lunes.
Según han explicado en rueda de prensa los diputados regionales de C's, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio, la primera medida pasa por sufragar la deuda actual de MARE, que asciende alrededor de cuatro millones de euros, y el mantenimiento de los 272 puestos de trabajo de esta empresa pública. Ambas iniciativas ya han sido defendidas por varios miembros del Ejecutivo cántabro, incluido el presidente, Miguel Ángel Revilla, como ejemplos de la idoneidad del acuerdo.
Igualmente, el partido naranja pide que el dinero restante, de los 12 millones de euros que se prevé ingresar por el convenio, se destine a partes iguales a la amortización del vertedero de Meruelo, ampliando sus instalaciones y pagando los seguros, y a proyectos de saneamiento en los diferentes municipios de Cantabria.
De los 12 millones de euros que se prevé ingresar por el convenio, C's se destine a partes iguales a la amortización del vertedero de Meruelo, ampliando sus instalaciones y pagando los seguros
Para finalizar, Ciudadanos reclama que los responsables de MARE o de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria rindan cuentas de los distintos aspectos del convenio y el destino de los ingresos en la Comisión del Parlamento cada seis meses.
Rubén Gómez avanzó que "es una buena noticia para la Comunidad Autónoma, pero Ciudadanos vigilará la futura gestión de esta empresa para que no se vuelva a contraer una deuda como la actual".
"Supeditamos nuestro apoyo al convenio a que se acepten todas las condiciones, las cuales se expondrán en las propuestas de resolución del Pleno del Parlamento que tendrá lugar el lunes, día 9 de mayo", adelantó Gómez.
El diputado regional de C's indicó que técnicamente es viable y además no supone un perjuicio medioambiental para Cantabria ya que las basuras están certificadas por la Diputación de Guipúzcoa y este tipo de vertido ha recibido un tratamiento que supera al realizado en Cantabria.
Comité de empresa
El anuncio de Ciudadanos se produce el mismo día en que el comité de empresa de MARE ha hecho público su apoyo, "por unanimidad y sin fisuras", al nuevo acuerdo de la empresa pública con el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa (GHK), una operación que supondrá "una inyección importante de liquidez" que va a permitir a Cantabria "afrontar otros proyectos, entre ellos la ampliación del propio vertedero" de Meruelo.
Así lo ha señalado en rueda de prensa, el presidente del comité de la empresa pública, Nacho Modinos, quien ha destacado que el nuevo contrato reduce notablemente el impacto medioambiental, tanto por la disminución de toneladas a depositar como por el tiempo que la comunidad autónoma soportará el tráfico rodado.
Modinos ha destacado que si bien la vida útil llega hasta el año 2032, Cantabria tiene un contrato para poder verter hasta el año 2043, por lo que la ampliación de Meruelo es "obligada"
Según el comité, con este aporte extra de residuos procedente de Guizpúcoa, la vida útil del vertedero se reduciría un año y medio de los 17 en que está estimada su duración. Modinos ha destacado que si bien la vida útil llega hasta el año 2032, Cantabria tiene un contrato para poder verter hasta el año 2043, por lo que la ampliación de Meruelo es "obligada".
El presidente del comité ha afirmado que el nuevo precio del vertido, que a partir de estos tres meses será mayor (en el cómputo global) que el del primer preacuerdo, supone "un beneficio económico prácticamente igual al inicialmente previsto y con menor impacto ambiental".
Asimismo, el comité argumenta que el tipo de residuo proveniente del quinto contenedor, en el que los residuos en principio no son contaminantes, está sujeto a un tratamiento físico que reduce notablemente su volumetría y además son residuos que no generan lixiviados.
Informes favorables
El comité asegura que el acuerdo cuenta con todos los informes favorables, tanto internos de los técnicos de MARE como nuevos documentos que lo avalan tanto desde el punto de vista ambiental, como técnico y jurídico. Añade que "tampoco ha habido más tiempo" para tramitar el convenio, porque el preacuerdo vence el 8 de mayo y los últimos informes han llegado "el viernes a última hora".
Esta inyección económica "arreglaría las malas gestiones del pasado y garantizaría el buen servicio" que presta la empresa pública
Los representantes de los trabajadores subrayan que hay muchos contratos de esta índole vigentes y que si este proceso se diera entre empresas privadas, "no habría tanta trascendencia mediática".
Añaden que esta inyección económica "arreglaría las malas gestiones del pasado y garantizaría el buen servicio" que presta la empresa pública, que da empleo a más de 270 trabajadores.
En su opinión, la solidaridad interterritorial a la que apela el Gobierno de Cantabria, no es un argumento que pueda avalar la totalidad del acuerdo, pero sí los primeros meses del mismo.
En este sentido, el comité alude a la actitud de la Diputación guipuzcoana reduciendo el tiempo de vertido y comenzando a buscar otras vías de solución al problema de las basuras como la licitación de la incineradora y otras medidas paralelas.
SIEP pide apoyo
Asimismo, SIEP ha pedido a los partidos políticos que "dejen atrás sus intereses partidistas" y apoyen el lunes en el Parlamento el convenio.
SIEP asegura que en todo momento han sido informados del volumen de residuos que se van a verter, que "no va a suponer a corto plazo un problema"
El sindicato apoya la gestión de MARE y el contrato con GHK, y pide responsabilidad a todas las partes: por un lado a todos los grupos políticos para que apoyen el convenio, y por otro lado al Gobierno para que considere en el Plan de Residuos de Cantabria 2016-2021 esta circunstancia, y planifique adecuadamente las infraestructuras de gestión de residuos en la región, "de forma que nunca pase en Cantabria lo que sucede ahora en Guipúzcoa".
En un comunicado de prensa, SIEP asegura que en todo momento han sido informados del volumen de residuos que se van a verter, que "no va a suponer a corto plazo un problema para la gestión de los residuos generados en la región", y de las características de los residuos, que "no ofrecen peligrosidad ni dificultades de gestión".
Asimismo, destaca la necesidad de incrementar la actividad de negocio de la empresa; de generar ingresos extraordinarios y garantizar la estabilidad de la plantilla; la oportunidad de generar nuevo empleo si las necesidades de la gestión así lo demandan; y la necesidad de minorar el déficit público.
Por todo ello, SIEP pide a todos los partidos políticos que valoren el contrato desde el punto de vista de cómo afecta a la economía de Cantabria, al empleo y el beneficio que genera en su conjunto en la sociedad cántabra.
