El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunciaba esta semana que la nueva Ley del Suelo permitirá la construcción en suelo rústico en 39 municipios de la Comunidad en situación de riesgo de despoblamiento. De esta manera, las empresas constructoras tendrán vía libre para implantar viviendas unifamiliares e instalaciones de ocio y turísticas en lo que hasta ahora era terreno no urbanizable, destaca Cantabria No Se Vende, que denuncia esta medida, “anunciada como una supuesta respuesta al despoblamiento rural, y que servirá únicamente para especular y repetir el proceso de urbanismo salvaje que tantísimo daño ha hecho a nuestras costas, atacando en esta ocasión a municipios del interior de la Comunidad”. Así lo manifiestan en un comunicado, donde afirman que este proceso llevará a “la destrucción de nuestro patrimonio paisajístico, fomento del trabajo precario al convertir el turismo en la única actividad productiva de dichos municipios, especulación inmobiliaria y encarecimiento del coste de la vida para los paisanos y paisanas que aún residen en nuestros pueblos”.
Proponen el fomento del alquiler y la rehabilitación de viviendas
“El marco municipal actual, impuesto por el Estado español, es inadecuado para analizar la despoblación en la realidad cántabra, históricamente organizada en concejos”, sostiene la organización. CNSV considera la realidad de los municipios muy diversa, con pueblos que se vacían mientras otros se mantienen o incluso crecen como cabeceras en sus valles y, para ellos, la solución no pasa por poner más ladrillo. “Su déficit es de servicios, no de viviendas”, sentencian, para lo que proponen el fomento del alquiler y la rehabilitación de viviendas, y no “la destrucción del equilibrio natural y arquitectónico de nuestros pueblos”.
Por otro lado, denuncian que “mientras presenta esta nueva tomadura de pelo, el Gobierno mantiene en el cajón desde hace años el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) y las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), que deberían garantizar un desarrollo racional y sostenible para evitar, precisamente, que proyectos como este hundan aún más la ya de por sí delicada situación de la Cantabria interior reincidiendo en el atentado urbanístico”. Además, recuerdan que “la misma coalición de gobierno que aprobó un permiso de fracking el día antes de convocar las elecciones autonómicas de 2011 haya anunciado esta vía libre al ladrillazo de los valles cántabros en plena crisis sanitaria, sin el debido espacio para la información y el debate”.
Finalmente, CNSV incide en el turismo de segunda residencia y la dificultad de los jóvenes para alquilar en algunos municipios de Cantabria. "No queremos una repetición de lo ya ocurrido en localidades como Laredo o Noja, donde las parejas jóvenes no pueden alquilar o comprar una vivienda debido a los precios que marcan quienes vienen desde CC.AA. con una renta superior. Una presión urbanística que expulsa a los habitantes de sus pueblos nunca será una solución aceptable", sentencian.
