El anuncio del Gobierno de Cantabria de devolver a la región la universalización de la atención sanitaria que el PP había eliminado con el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido una aceptación que trascendido el ámbito regional. Esta medida, que trata de dar respuesta a la necesidad de una parte de la población regional que no tenía acceso a la asistencia sanitaria primaria, ha generado diversas reacciones entre las asociaciones de inmigrantes de la Comunidad Autónoma y las de ámbito nacional. La Asociación de Ciudadanos Peruanos en España (ARI-PERÚ), en declaraciones a este periódico, ha valorado “muy positivamente” la decisión del Gobierno regional.
Aunque han reconocido no conocer de forma exacta el contenido de la Orden SAN/38/2015, sí han afirmado que “hemos pedido por activa y por pasiva la derogación del Real Decreto Ley 16/2012” al Ejecutivo central dirigido por Mariano Rajoy, y “también hemos pedido a las comunidades autónomas que en la medida de sus posibilidades ofrecieran la tarjeta sanitaria universal”, algo que los inmigrantes en Cantabria ya pueden recibir si cumplen los requisitos indicados por la orden, entre ellos el empadronamiento de, al menos, tres meses.
“Nosotros vivimos en España y entendemos que esta discriminación es injusta”, han asegurado desde la Asociación ARI-PERÚ, por lo que se han felicitado por una medida que entienden que trata de solucionar la situación en la que viven muchos inmigrantes en España y en Cantabria. Concretamente, y según datos anunciados el pasado mes de abril, 5.059 inmigrantes perdieron el derecho a una asistencia sanitaria universal con la medida del Gobierno del PP.
Más tiempo para analizar
La medida también ha sido acogida con alegría dentro de las fronteras de la Comunidad Autónoma. La Asociación de Moldavos de Cantabria, una de las más importantes desde el punto de vista de la población a la que atienden, ha asegurado a este diario que “es una alegría porque el Gobierno ha intentado parar, con razón, el problema” que se había generado.
Sin embargo, “es un problema que requiere de más tiempo para analizar” los beneficios que puede reportar, pues pueden existir muchos casos que se beneficien injustamente de una medida que permite dar cobertura sanitaria a inmigrantes que están en una difícil situación, por lo que “hay que analizar caso a caso”.
Como ha señalado la Asociación, uno de los principales problemas que tienen muchos inmigrantes, “entre ellos muchos miembros de esta asociación que lo han vivido en primera persona”, es que a pesar de haber trabajado y cotizado para poder tener acceso a la tarjeta sanitaria, la situación económica les ha llevado a quedarse en el paro, y ha sido entonces cuando han tenido “dificultades para renovar la tarjeta sanitaria”.
La nueva situación de la sanidad cántabra, que ofrece “prestaciones de la cartera común básica y suplementaria”, permite a los inmigrantes en situación irregular y que cumplan las condiciones recogidas en la Orden SAN/38/2015 tener acceso a “métodos diagnósticos, preventivos y terapéuticos”. Un servicio muy diferente al que tenían hasta ahora, que recogía un servicio de urgencia.
No es turismo sanitario
Las asociaciones coinciden así en el “carácter injusto” de la medida del Ejecutivo del Partido Popular, que esta semana ha denunciado que la orden del Gobierno PRC-PSOE devuelve a Cantabria el “turismo sanitario” y no instaura la universalidad de la atención sanitaria. A juicio de la ex consejera de Sanidad del PP, María José Sáenz de Buruaga, esta orden solo pretende “hacer desaparecer el programa aprobado por el PP y hasta ahora vigente, que garantizaba la asistencia sanitaria a los irregulares sin recursos suficientes".
Sin embargo, la visión de los colectivos de inmigrantes es diferente. La buena acogida que ha tenido por parte de diversas asociaciones se ajusta más a la opinión defendida este martes por la diputada nacional del PSOE, Puerto Gallego, quien aseguró que "no hay justificación alguna para la exclusión del derecho a la protección de la salud", como "repetidamente" han manifestado organizaciones como Amnistía Internacional. Pero, además, "al defender la universalidad se está protegiendo la salud pública, la salud de todos los ciudadanos, que puede verse amenazada sanitariamente si se deja a colectivos sin protección como pretende el PP".
A juicio de Gallego, las declaraciones de la ex consejera de Sanidad demuestran el "abismo conceptual" existente entre su partido y el PSOE respecto al derecho a la protección de la salud. Gallego rechaza de este modo que la universalización de la atención sanitaria pueda considerarse "un fraude". "Ni es ni un fraude, ni es una invitación al turismo sanitario. En todo caso, cuesta identificar la figura del inmigrante sin papeles con la de un turista, manido y falaz argumento utilizado por el Gobierno Rajoy para dejar sin atención sanitaria a miles de inmigrantes 'sin papeles'", ha apostillado la socialista.
