El Juzgado de lo Social nº 5 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Santander a indemnizar a USO y a su delegado sindical, José María Mateos, con un total de 9.000 euros por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical. La sentencia, fechada el 23 de septiembre y que no es firme, estima parcialmente la demanda interpuesta por USO por no haber sido convocado ni permitir la asistencia de su delegado sindical a la reunión del comité de seguridad y salud celebrada el 5 de mayo, con motivo de la desescalada del confinamiento por la crisis sanitaria del Covid, para abordar la reincorporación del personal y la realización de las pruebas PCR a toda la plantilla municipal.
Desde USO señalan que "no es la primera vez" que el Ayuntamiento de Santander es condenado por vulneración de derechos fundamentales
La demanda solicitaba la anulación de los acuerdos tomados en aquella reunión y una indemnización de 100.006 euros para cada uno de ellos -el sindicato y su representante- en concepto de daños morales. El magistrado Ramón Gimeno Lahoz declara "la nulidad radical" de la conducta del ayuntamiento. El fallo, consultado por Europa Press, concluye que "el principal perjudicado por la actuación municipal fue el sindicato, dado que quedó marginado/estigmatizado ante los demás sindicatos y el personal del Ayuntamiento, con lo que quedó afectada su imagen", y fija una indemnización de 6.000 euros por "daño moral".
Añade que "no sólo fue dañado el sindicato, como podría haber sido si simplemente no hubiese sido convocado", sino que "fue también dañado personalmente en su honor el señor Mateos, pues acudiendo a la reunión -tras fundamentar jurídicamente su presencia- fue expulsado de la misma, en una ratificación municipal de su comportamiento antijurídico". El magistrado concluye que "este daño personal debe ser resarcido en la cantidad de 3.000 euros, también por los motivos ya expuestos y en la idea de que es personalmente restitutivo de la afrenta sufrida el día 5 de mayo de 2020".
Desde USO señalan que "no es la primera vez" que el Ayuntamiento de Santander es condenado por vulneración de derechos fundamentales, ya que el pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó en dos ocasiones consecutivas al consistorio debido a que el concejal de Personal, Pedro Nalda, "decidió excluir a otro sindicato de una mesa de negociación".
Lo que "sí es novedoso", añade USO, es que, por primera vez, el Consistorio es sancionado económicamente con 9.000 euros por su "comportamiento antijurídico", según se recoge en la sentencia, y más aún, que condenen a una administración pública a pagar una indemnización por daños morales a un sindicalista, siendo por ello, una sentencia "pionera" que aún no es firme.
USO lamenta que Nalda, desde su cargo de concejal de Personal, "dispare con "pólvora del Rey", y sean los santanderinos quienes tengan que abonar esa sanción, derivada de un incumplimiento de la legislación".
