jueves. 28.03.2024

Muchos propietarios e inquilinos de Cantabria estarán recibiendo estos días en sus viviendas una carta de la compañía eléctrica con la que tengan contratado el suministro informándoles de un aumento en las próximas facturas que variará según el caso. El motivo de este incremento es la reciente publicación de la normativa que establece un suplemento territorial para cada comunidad autónoma. Más bien, para once comunidades autónomas, entre ellas Cantabria. El origen de este incremento no es otro que las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que han tumbado un decreto de 2013 con el que el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando José Manuel Soria era Ministro de Industria, reguló los peajes del sistema eléctrico, uno de los componentes de la factura, para obligar a las compañías a repercutir a sus clientes los impuestos autonómicos relacionados con su negocio.

Una de estas comunicaciones a la que ha tenido acceso este diario señala que la decisión del Gobierno de España implica que “los precios regulados correspondientes al consumo de 2013 deben ser revisados”, y a consecuencia de ello “incorporaremos un ajuste relacionado” con dicho suplemento. La misma carta apunta que si la cantidad correspondiente es inferior a dos euros “la regularización será en una sola factura”, mientras que su supera dicha cantidad “se fraccionará en varias facturas y hasta un máximo de doce meses a partir de la primera regularización”.

Pero, si los tribunales han declarado ilegal dicho concepto, ¿por qué repercutirlo a los consumidores? Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, porque “las cargas ya se habían generado para ese año”, como recoge Público. Cabe señalar en todo caso que dichos incrementos solo afectan a aquellos que fueran clientes en 2013. En el caso de Cantabria, este cobro supondrá un pago de 7,09 euros más de lo previsto en los próximos meses.

El decreto de 2013 anulado establecía una fundamental modificación en la regulación de estos peajes. La Ley del Sector Eléctrico establecía hasta ese año que al conocido como peaje de acceso se le podía sumar un “suplemento territorial” que cada compañía podía distribuir entre sus clientes. Pero en la práctica no se aplicaba, pues funcionaba más como una forma de desincentivar el cobro de estos tributos, lo que a su vez creaba homogeneidad, como explican las mismas fuentes del Ministerio, pues aquella compañía que lo aplicara tendría unos precios menos competitivos.

La medida del Gobierno de Rajoy que han considerado ilegal tanto el Supremo como el Constitucional convertía el cobro de estos suplementos en algo obligatorio con el argumento de que se habían creado “distintos tributos sobre las actividades de suministro eléctrico”, lo que el Ejecutivo consideraba que creaba “distorsiones para la unidad de mercado” con el riesgo de un “traslado a todos los consumidores” de esos costes. Para evitar eso, se impuso la obligatoriedad del suplemento para aquellas comunidades con impuestos propios.

La carta de la compañía eléctrica finaliza lamentando los inconvenientes, asegurando además que "es ajeno a nuestra voluntad" y ofreciendo diferentes vías de ayuda para "resolver cualquier duda al respecto".

Los consumidores deberán pagar más en su factura de la luz por un impuesto de 2013 del...
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