Imposible encontrar un atisbo de información veraz en el comunicado de Emerita dirigido a los mercados, en el que describe a potenciales inversores la situación de los proyectos que afirma tener activos en España. En un juego propio de piratas de la peor condición, Emerita tiene la desfachatez de mentir diciendo que la prórroga que solicitó a los permisos de investigación que obtuvo en la Cuenca del Besaya está pendiente de que decida el Gobierno de Cantabria, insinuando además que la espera se debe a que las actividades se han paralizado "a causa de la pandemia de COVID-19".
Emerita no se detiene ante nada y es capaz de usar falsamente el drama de la pandemia del coronavirus para seguir intentando engañar a incautos
La pandemia, que ha causado en España más de 25.000 muertos, es la falsa excusa que ha puesto Emerita para intentar tapar en los mercados bursátiles su expulsión de Cantabria y, de esta forma, tratar de evitar el remate definitivo al descalabro constante que viene padeciendo su cotización en la Bolsa de Toronto, donde sus acciones han caído en picado tras conocer su expulsión de Cantabria, Asturias, Extremadura y tras darse a conocer nuevos datos sobre su insolvencia económica. Emerita no se detiene ante nada y es capaz de usar falsamente el drama de la pandemia del coronavirus para seguir intentando engañar a incautos.
El pasado 3 de febrero, el Gobierno de Cantabria denegaba a Emerita –que actuaba con su filial Cantábrica de Zinc, en cuyo accionariado también participaban la constructora Aldesa y otros socios locales– la prórroga del Permiso de Investigación Salia por haber incumplido flagrantemente sus compromisos. Como muy claramente expuso el consejero de Industria ese mismo día en el Parlamento: "De los 145 sondeos que prometieron, sólo han hecho seis. De los 17,2 millones de euros, sólo han invertido 1,2 millones de euros. Con estos mimbres, no se puede conceder una prórroga a Cantábrica del Zinc, la filial de Emerita".
Por tanto, se confirmaba lo que eldiariocantabria.es venía informando desde hacía tiempo. Emerita, que había estado en causa de disolución durante varios años, no tenía solvencia económica para hacer ningún tipo de inversión minera, como lo demostraba el hecho de que tuviera que acudir a préstamos a altos tipos de interés para poder afrontar gastos ordinarios y que no pudiera suscribir las ampliaciones de capital a que se había comprometido para acometer las labores de investigación minera.
La expulsión de Emerita de Cantabria fue aplaudida por todos los grupos de la Cámara. El portavoz del Grupo Mixto, Cristóbal Palacio, relacionó lo ocurrido en Cantabria con la actitud mantenida por esta misma empresa en Aznalcóllar afirmando que "la empresa que les viene a contar el cuento es una empresa que tiene cierta habilidad en el tema…-discúlpeme que tenga la mala costumbre de ver qué hacen los empresarios de éxito que vienen a la región desde fuera- y que ya había intentado lo mismo en Aznalcóllar. Es más, en una intención probablemente ventajista, intentó quedarse con el proyecto, a pesar de no tener dinero para él. Se le rechazan y lo que hizo fue enfangarle jurídicamente para impedir la explotación del proyecto y buscar un acuerdo que le diera rentabilidad a su objeción."
Ante los jueces Emerita dice una cosa y ante los Mercados exactamente lo contrario
MENTIRAS TAMBIÉN EN ANDALUCÍA
Las mentiras no se acaban sólo en el proyecto de Cantabria. En su comunicado, Emerita afirma también respecto del judicializado proyecto de Aznalcóllar que "todos los testimonios relacionados con esta fase del proceso ya se han completado y se espera que la resolución sea emitida por el juez que preside poco después del final del período de bloqueo cuando los tribunales puedan reabrir".
Esta afirmación contrasta con su propia actuación procesal, dado que su abogado Ramón Escudero, también consejero de la filial cántabra, ha solicitado que se prolongue la instrucción que dirige un Juzgado de Sevilla, recabando más y más pruebas, como ya adelantara el diario La Razón el pasado 15 de abril en su edición de Andalucía. Ante los jueces Emerita dice una cosa y ante los Mercados exactamente lo contrario.
Periodistas especializados en tribunales consultados por eldiariocantabria.es que han seguido de cerca todo el proceso judicial derivado de la adjudicación de Aznalcóllar confirman que "es evidente que a Emerita no le interesa la actividad minera de Aznalcóllar porque no pide en ningún momento que se le adjudiquen los derechos mineros, sino que lo que solicitan es la anulación del concurso, algo que ya intentaron también sin éxito por la vía contencioso-administrativa hace años. No tienen capacidad para explotar una mina, son un fondo de inversión que únicamente busca generar expectativas para poder especular con esos derechos. Es lo mismo que ha sucedido en Cantabria, Asturias y Extremadura. Parece que la única diferencia en Andalucía es que han tenido la suerte de dar con Mercedes Alaya y convencerla o engañarla."
Lo cierto es que el único apoyo con el que ha contado Emerita en su estrategia para prolongar artificialmente la polémica sobre Aznalcóllar ha sido el de la mediática Jueza Alaya, azote de la Junta de Andalucía durante años. Parece que es a la única a la que han logrado convencer con sus continuadas mentiras. Porque ni la Fiscalía, ni la UCO de la Guardia Civil, ni la Intervención General del Estado (IGAE), ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir otorgan a Emerita y su Presidente, Joaquín Merino, la más mínima credibilidad.
Fuentes cercanas a los tribunales creen que las últimas informaciones acaecidas pueden hacer que Mercedes Alaya se replantee su posición favorable a Emerita. “Es dudoso que alguien que ha labrado su imagen como azote de la corrupción pueda posicionarse del lado de una microempresa como Emerita, que no tiene solvencia económica alguna ni capacidad para abrir una mina. Ella no puede permitir seguir apareciendo como la paladín de una empresa cuyos engaños ya han sido descubiertos por la Junta de Andalucía, la de Extremadura, el Gobierno Asturiano o el de Cantabria.”
AZNALCÓLLAR, EN PIE DE GUERRA
La letanía judicial de cinco largos años ha puesto en pie de guerra al alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, que ha "exigido" que se ponga fin cuanto antes a este "proceso interminable" y ha mostrado el "hartazgo y la indignación" de un "pueblo que pasa hambre siendo el pueblo con los mayores recursos mineros de Andalucía".
Fernández ha rechazado la estrategia judicial de Emerita Resources varias veces aduciendo que "es evidente que no les importa ni la mina ni la gente de Aználcollar" y les ha acusado de querer frustrar la posibilidad de la reapertura de la mina. Hay que recordar que Aznalcóllar tiene una tasa de paro cercana a un 30%. La reapertura de la mina supondría la creación de 2.000 empleos entre directos e indirectos para los próximos 30 años y una inversión de más de 300 millones de euros.
La oferta que salió ganadora en el concurso de Aznalcóllar, liderada por Minera Los Frailes, se está haciendo cargo de los pasivos medioambientales de la mina – que antes eran asumidos por la Junta de Andalucía, lo que ha ahorrado a las arcas públicas 72 millones de euros – y ha contratado a los trabajadores de la extinta Boliden que hasta entonces estaban siendo asumidos por empresas públicas de la Junta de Andalucía.
