El juzgado de primera instancia e instrucción nº 10 de Santander ha emitido recientemente una orden de desahucio contra la familia compuesta por Encarnación, su marido Juan Carlos y la hija de ambos. Un desahucio que si nada lo remedia, se ejecutará a las 10:00 horas de mañana jueves, 27 de junio, en una calle del centro de Santander, según ha informado en un comunicado la plataforma Stop-Desahucios.
“Se trata de un desahucio en precario porque todo era verbal, se pagaba en mano y no existía contrato por escrito sino un acuerdo a la antigua usanza”
Juan Carlos tiene 57 años y trabajó toda la vida en el sector de la construcción hasta que la crisis económica le afectó de lleno y lleva 11 años sin encontrar trabajo. Su esposa, Encarnación, tiene 50 años y es ama de casa. El matrimonio lleva 25 años viviendo de alquiler en un pequeño –menos de 40 metros cuadrados– piso ubicado en la calle Laredo, un inmueble al que Juan Carlos tuvo que rehabilitar poniendo el suelo, los techos… en definitiva, haciéndolo habitable, asegura Stop-Desahucios, que recuerda que hasta hace unos años Juan Carlos y Encarnación pagaban en mano el alquiler a la propietaria del piso, pero la titular de la vivienda murió en 2015 y sus herederos no quisieron seguir alquilándolo, ya que preferían venderlo. Pero Juan Carlos, Encarnación y su hija de 20 años de edad actualmente sobreviven con una renta social básica de 590 euros al mes y no tienen recursos para comprar la vivienda. “Se trata de un desahucio en precario porque todo era verbal, se pagaba en mano y no existía contrato por escrito sino un acuerdo a la antigua usanza”, explica Roberto Mazorra, portavoz de Stop-Desahucios.
Durante las dos últimas semanas, la plataforma y los afectados han mantenido comunicación directa con el juzgado y han presentado varios escritos para intentar suspender el desahucio, y lo último que les pidió el juzgado para paralizarlo fue el informe de vulnerabilidad que debía emitir Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, pero “se ha producido, en el mejor de los casos, un cúmulo de sucesos desafortunados”, apunta Mazorra.
Quintana “decidió que sólo podía ser esa trabajadora social la que firmara el informe” y “se negó repetidamente a que lo firmara otra profesional”
El portavoz de Stop-Desahucios explica que la trabajadora social que llevaba el caso “estaba de baja o de vacaciones” y la jefa de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Pilar Quintana, “decidió que sólo podía ser esa trabajadora social la que firmara el informe” y “se negó repetidamente a que lo firmara otra profesional, a pesar de que era de dominio público la situación de vulnerabilidad de los afectados”. “Le explicamos que era muy urgente, pero los Servicios Sociales tardaron cuatro días en remitirlo al juzgado desde que nos pusimos en contacto con ellos”, denuncia Mazorra, que asegura que ni la plataforma ni la familia tienen queja de los profesionales de Servicios Sociales –“estoy seguro de que si hubiera sido por ellos, el informe se habría mandando la semana pasada, cuando llegó el requerimiento judicial”, apunta–, pero sí denuncia “la falta de pericia y las erráticas decisiones de la responsable del servicio”, a las que achaca que el informe de vulnerabilidad con la firma de la trabajadora social se haya remitido hoy mismo, “24 horas antes del desahucio”, y “porque nosotros estábamos por allí, presionando”.
El portavoz de Stop-Desahucios ha cargado contra Quintana también porque “no permitió obtener una copia para adjuntar al recurso elaborado por la plataforma y se arrogó unas competencias que no tienen los Servicios Sociales: la solicitud de suspensión, algo que sólo puede tener algún sentido en procedimientos judiciales de impago de alquiler; en este caso se trataba de un desahucio en precario y lo recalcamos, pero Quintana hizo caso omiso de la advertencia que se le hizo y de la explicación que se le dio, y al hacerlo de esta manera, el juzgado emitió providencia explicando el error y manteniendo la suspensión”. “Esa forma de actuar perjudicó claramente a la familia y condicionó la respuesta del juzgado”, advierte Mazorra, que asegura que “la burocracia no puede nunca estar por encima de las necesidades de las personas”.
El portavoz de Stop-Desahucios destaca que ha existido “una clara diferencia” entre el comportamiento de la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander y el de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria, que ha puesto “todo tipo de facilidades para que pudiera pararse el desahucio”. “Otra cosa es que se consiga”, añade.
La plataforma celebra una asamblea esta tarde-noche para decidir si llama o no a movilizarse para parar el desahucio, al ser el propietario del piso un particular. Y es que Stop-Desahucios “actúa contra las entidades bancarias, no contra las personas propietarias”. En cualquier caso, ha advertido de que “haya o no haya acción anti-desahucios”, mañana “no se dejará sola a la familia”.
