El juzgado de instrucción nº 4 de Santander ha confirmado este jueves la ejecución del desahucio previsto para este viernes, 19 de junio, de Lidia, una mujer de 33 años en paro, y sus dos hijos menores de 7 y 6 años, a pesar de los recursos presentados por la abogada de la familia de Lidia. La orden se cursó hace escasos días, una vez levantada la suspensión de los plazos judiciales el 4 de junio. Así lo ha confirmado Stop Desahucios, que señala que es el cuarto lanzamiento programado del que tiene conocimiento desde que se levantaron esos plazos judiciales, pero va a ser “el único que finalmente se intentará ejecutar”. Por ello, la plataforma ha avanzado que intentará evitarlo mediante una movilización convocada al efecto a partir de las 9:00 horas del viernes 19 en la calle José María de Cossío 33. Además, ha revelado que, “como última opción”, se ha puesto también en contacto con el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para solicitar su intervención.
La afectada se mantiene con una “exigua renta social básica” y vive desde septiembre de 2019 en su vivienda de la calle José María de Cossío. La propietaria y demandante de dicho inmueble, Beyos y Ponga, que es la empresa instrumental inmobiliaria de Liberbank, “inició la demanda en noviembre de 2019”. “Todo ha sido muy acelerado, como en el caso anterior”, ha valorado la plataforma en nota de prensa. Tanto que en febrero de 2020 dicho juzgado emitía ya “sentencia condenando a Lidia por usurpación a una multa de 180 euros y al desalojo de la vivienda”. Lidia presentó posteriormente recurso de apelación a la Audiencia Provincial, la cual “respondía mediante sentencia el pasado 4 de mayo de 2020, es decir, en pleno estado de alarma”. “Una sentencia firme porque las sentencias sobre delitos leves no tienen recurso de casación al Tribunal Supremo, a pesar de que dicha sentencia tenía algunos errores importantes”, a juicio de la plataforma. Posteriormente, la abogada de la familia presentó sendos recursos contra la ejecución de la sentencia, sin resultados positivos.
Para Antonio G. Javega, portavoz de Stop Desahucios, “la ejecución de este desahucio describe bien a las claras en qué manos judiciales y políticas estamos”, señalando a “diferentes responsables”. “En primer lugar, el fondo inmobiliario de Liberbank. Una entidad salvada por dinero público, es decir, por los impuestos de todos los ciudadanos, que no tiene ningún empacho en arrojar a dos menores a la calle”, ha señalado.
También apunta al “juez de instrucción que ha tenido un celo casi patológico en expulsar de su casa a esta familia con, recalco, dos menores de seis y siete años. Y estamos hablando de un desahucio que se quiere realizar en pleno estado de alarma”, ha subrayado, preguntándose “¿cómo pretenden aplicar a esta familia las restricciones ocasionadas por la pandemia si se quedan en la calle?”
Por último, “tenemos a la Dirección General de Vivienda y a los responsables de Gesvican, los cuales no han querido ayudar en ningún momento a parar el desahucio. Algo que antes se hacía, con la anterior gestión de la oficina de emergencia habitacional, sin ningún problema”, ha concluido. Javega ha revelado que Stop Desahucios “solo ha pedido que solicitaran al juzgado una suspensión basándose en que se estaba tramitando una alternativa habitacional para la familia. Pero se han negado a algo tan nimio, amparándose en criterios burocráticos de dudosa validez ética y jurídica”.
“Y todo ello a pesar de que existe un Real Decreto, una orden ministerial y el propio decreto del gobierno de Cantabria (decreto 28/2020) que les obliga a proporcionar viviendas y ayudas a las familias vulnerables o con orden de desahucio sin distinción alguna sobre la causa del lanzamiento”, ha concluido.
