El Tribunal de Cuentas detalla en su Informe de Fiscalización del grado de cumplimiento de las empresas estatales no financieras, de fecha 14 de diciembre de 2018, página 5, la “cuarta recomendación, no cumplida, ya que en la fecha de redacción de este Informe, la legislación propia que resulta aplicable a las Autoridades Portuarias, Puertos del Estado... no se ha modificado para regular de forma clara el procedimiento que deben seguir estas Entidades para fijar las compensaciones por asistencia las reuniones de sus órganos rectores, de modo que se evite la divergencia de interpretaciones de la normativa por parte de los distintos órganos administrativos".
Se solicitaba, se concretase en las órdenes ministeriales en las que se fijan las compensaciones por asistencia, además de los importes máximos anuales de dichas compensaciones, el número máximo de reuniones y la cuantía máxima de la dieta en cada reunión, siempre dentro de los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda.
El Tribunal señala que para evitar malas prácticas orientadas a agotar en todo caso el máximo establecido se indique que esas cuantías son importes “máximos anuales”
Sin embargo, continua el Tribunal de Cuentas, si se considera conveniente que, para evitar malas prácticas orientadas a agotar en todo caso el máximo establecido, en las órdenes ministeriales en las que fijan las cuantías máximas de dichas compensaciones, se indique que esas cuantías son importes “máximos anuales” que no pueden ser sobrepasados sin que sea obligatorio agotarlos, y se exija que cada Entidad establezca individualmente la cuantía anual de compensaciones en función de las reuniones previstas y no del máximo establecido.
Sería un magnifico ejemplo y un gran alarde de transparencia, que se diera a conocer a los santanderinos los emolumentos que percibe nuestro presidente de la Autoridad Portuaria, aunque se encuentra en su perfecto derecho a guardar celosamente tal información, al igual que las 27, restantes, y tratarse de un tipo de organismo público adscrito al Ministerio de Fomento, bajo la coordinación del ente público Puertos del Estado.
Además, visto el exitoso intento de un contribuyente ante la Autoridad Portuaria de A Coruña, a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diciembre de 2017, favorable al reclamante, quizás intuyamos pertinente a la vista de estos antecedentes, dirigirnos a quién proceda en el correspondiente auxilio, a fin de que el “cuantioso y grueso cuerpo de contribuyentes santanderinos” disponga de una información que, a muchos de ellos, quizás pudiera resultarles relevante, sin necesidad de que se tuvieran los solicitados, que ampararse en el silencio administrativo
Por todo ello, no nos queda otra solución que aquélla de un político español de “los setenta”: ES URGENTE ESPERAR...