La Consejería de Educación ha garantizado hoy miércoles que el transporte escolar funcionará "con normalidad" desde el inicio del curso escolar pese a que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha decidido paralizar cautelarmente el proceso de contratación hasta que se resuelva el recurso presentado por la Federación Cántabra del Taxi contra el pliego de cláusulas del concurso convocado por el Gobierno regional para este servicio. Así se ha pronunciado hoy miércoles, en nota de prensa, el departamento que dirige Marina Lombó después de conocerse la paralización del proceso de contratación como medida cautelar ante el recurso de la Federación Cántabra del Taxi, que considera que los pliegos son discriminatorios.
"El transporte desde y hasta los centros escolares es un servicio esencial"
En este sentido, el director general de Centros Educativos, Jesús Oria (PRC), de cuyo departamento depende el transporte escolar, ha defendido que el concurso convocado por el Gobierno regional está pensado para garantizar "el mejor servicio posible" a los estudiantes y a sus familias porque -ha dicho- "el transporte desde y hasta los centros escolares es un servicio esencial". Oria ha señalado que es "bastante habitual" que alguna de las partes implicadas recurra el concurso pero ha reconocido que la diferencia este año es que, al licitarse de forma simultánea todas las rutas de transporte escolar, 467 en total, el contrato se convierte en lo que se denomina contrato armonizado, susceptible de recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
El director general de Centros Educativos ha resaltado que, aunque el TACRC ha suspendido el proceso de contratación, "permite expresamente que los trámites sigan su curso", por lo que la Consejería "seguirá trabajando con normalidad". Así, ha explicado que, en estos momentos, sigue abierto el plazo de presentación de ofertas, que concluirá el próximo día 26 de agosto. Por todo ello, desde la Consejería se asegura que el transporte escolar funcionará de forma normal desde el inicio del curso, que arranca el próximo 9 de septiembre en Educación Infantil y Primaria y el 11 en Secundaria y Formación Profesional.
SOLVENCIA Y NÚMERO DE PLAZAS
Sobre los argumentos esgrimidos por la Federación del Taxi, ha defendido que el informe remitido al TACRC por la Consejería fundamenta cada una de las decisiones adoptadas por la Consejería. Así, sobre el requisito de solvencia técnica que exige que los licitadores han de disponer de, al menos, un número de vehículos con la capacidad y características exigidas igual o superior al 50% de los lotes a los que liciten, el informe de la Consejería explica que los horarios de los centros, muy similares, hace que un vehículo pueda hacer como máximo uno o dos recorridos (uno de colegio y otro de instituto). Una previsión, además, que afecta tanto a taxis como a autobuses. Así, se recoge textualmente que "un vehículo puede compaginar un máximo de tres entradas y dos salidas, con lo que no podría compatibilizar, en ningún caso, tres entradas y tres salidas, siendo necesarios, en consecuencia, al menos dos vehículos para poder realizar tres lotes". Además, desde la Consejería se señala que el pliego abre la puerta a solventar esta dificultad, al permitir la integración de la solvencia con medios externos. En este punto, Oria ha defendido que no supone "ningún tipo de discriminación", sino una previsión pensada para el "correcto funcionamiento del servicio". "Sin esta precaución, un licitador podría presentarse a todos los lotes, aún a sabiendas de que no tiene capacidad para ejecutar los contratos si resulta adjudicatario y decidir después cuál ejecuta", ha argumentado Oria, para quien esta situación "atentaría gravemente contra el interés general".
No supone "ningún tipo de discriminación", sino una previsión pensada para el "correcto funcionamiento del servicio"
Por otra parte, en cuanto a la exigencia de que algunas rutas ofertadas en las que, pese a que el número de escolares es menor a nueve se exigen vehículos de nueve o más plazas, la razón, explica Oria, es "lógica". "En todas esas rutas, 7 del total, se transportarán alumnos con movilidad reducida, lo que supone automáticamente una reducción en la práctica del número de plazas", sostiene. Así, ha explicado el director general, una silla de ruedas homologada ocupa más espacio que una plaza ordinaria, y hace necesario, además, un espacio adecuado para facilitar la accesibilidad y el anclaje. Y ha puesto como ejemplo un vehículo de nueve plazas que habitualmente dispone de una plaza para personas con movilidad reducida o, excepcionalmente, dos. En estos casos, las plazas disponibles quedan reducidas a seis o menos, y, teniendo en cuenta que dos quedan reservadas para el conductor y el monitor que siempre se desplaza con alumnos con este tipo de necesidades y que los menores de 14 años y de alturas inferiores a 1,35 metros han de ir, obligatoriamente, en los asientos traseros, en realidad el número de plazas para alumnos sin discapacidad motórica se reduce a un máximo de tres.
Con todo, el director general ha asegurado que el "objetivo último" de la Consejería de Educación es que una "pieza esencial" del sistema educativo como es el transporte funcione "lo mejor posible y posibilite a los escolares cántabros desplazamientos ágiles y cómodos vivan donde vivan".
