Las tres organizaciones mayoritarias del sector de la dependencia, Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Plataforma de Atención de la Dependencia (PAD) y LARES, han remitido un escrito a los portavoces de los grupos del Parlamento de Cantabria pidiendo que "se controle" la actuación de la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, en este tipo de centros. Esta solicitud va acompañada de 26 documentos que, a juicio de las organizaciones, "evidencian la manipulación de datos y el proceder tendencioso en términos mediáticos".
La petición de los tres colectivos, que agrupan 80 centros, 5.200 usuarios y 2.300 trabajadores, se produce el mismo día en que entran en vigor los nuevos precios públicos de las prestaciones de dependencia, que contemplan el incremento de un 3,4% para los servicios de atención residencial y diurna, y de un 2,9 % para el servicio de transporte garantizado para grandes dependientes.
A través de un comunicado, las organizaciones explican que su solicitud resulta de "la ausencia de rigor y las faltas a la verdad" de la vicepresidenta del Gobierno, y responsable de política social, durante su intervención en el pleno del Parlamento del pasado 18 de junio.
En esa intervención, según afirman, Díaz Tezanos "vende un proceso de diálogo y acuerdos" con las organizaciones y dice que en los borradores de la nueva normativa se han contemplado "el 85%" de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa al comienzo del proceso.
Sin embargo, estos tres colectivos subrayan que "la realidad es que no ha existido diálogo ni acuerdos de ningún tipo". "Al contrario, se ha presionado continuamente a las entidades para que aceptasen las nuevas normas y de las cuestiones que éstas pusieron sobre la mesa, sólo se han revisado las relativas a fallos e incongruencias de los textos de los borradores o a manifiestos errores en aspectos legales básicos", critican en su comunicado.
Los colectivos se refieren también a que la vicepresidenta "asegura" que se está trabajando en una estrategia de coordinación sociosanitaria y que existe un grupo de trabajo con la Consejería de Sanidad para llevarla a cabo, pero esta información "es totalmente contraria" a lo comunicado a las organizaciones a principios de junio por la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, "que afirmó, sin ningún género de dudas, que dicho grupo no se reunía desde hacía más de un año".
Asimismo señalan que la consejera de Política Social "justifica la voluntad de llegar a acuerdos con las entidades diciendo que se han elaborado más de 10 borradores de normativa", y precisan que "si ha existido un número elevado de borradores no se ha debido a una intención de recoger aportaciones que, desde la experiencia, han realizado las entidades", sino "a las incoherencias, equivocaciones y nuevas ocurrencias" de la Dirección General de Política Social.
Por último, consideran "carentes de fundamento" las "acusaciones" de la vicepresidenta a las organizaciones de que "en sus planteamientos se oponen al control de la documentación y plantillas de los centros por el servicio de inspección y de que piden habitaciones con metros que no responden a la dignidad de las personas". "Son del todo falsas y lo único que hacen es poner en evidencia que, cuando no se tienen argumentos, solo cabe recurrir a la mentira", remachan.
Destacan finalmente que desde el principio de la legislatura las entidades han reivindicado la necesidad de aumentar la exigencia de ratio de personal, como mínimo a los niveles anteriores a la crisis económica, "y a escasos meses de que finalice su mandato, no ha solucionado este problema que afecta directamente a la atención que se presta en los centros a las personas dependientes".
