El equipo de gobierno PRC-PSOE del Ayuntamiento de El Astillero ha asegurado que su decisión de presentar ante la Fiscalía el pasado mes de junio una denuncia, encabezada por el alcalde, Francisco Ortiz, y el primer teniente de alcalde, Salomón Martin, contra el exregidor Carlos Cortina por presuntas irregularidades en el pago del complemento de productividad a cuatro oficiales de la Policía Local, "exclusivamente respondió a un ejercicio de absoluta obligación y responsabilidad legal".
"Nadie del equipo de gobierno mandó hacer informes ‘a la carta’, nos encontramos con un reparo de Intervención y un informe de Secretaría que calificaban de ilegales dichos abonos", afirma el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Astillero en un comunicado de prensa en el que sale al paso de las acusaciones vertidas por el departamento de la Policía Local de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, tras el archivo de la denuncia.
El equipo de Gobierno afirma que simplemente han obrado siguiendo el procedimiento que marca la Ley, ante las advertencias de las ilegalidades realizadas, y de las que hace constancia una nota de reparo del 19 de mayo de 2016 el Interventor municipal, por lo que dicen no entender a qué responde el calificativo de "varapalo" que UGT hace del decreto de la Fiscalía.
Regionalistas y socialistas niegan "categóricamente" que mandaran hacer documento alguno "a la carta" a los servicios jurídicos "y menos bajo ninguna intención malintencionada"
Regionalistas y socialistas niegan "categóricamente" que mandaran hacer documento alguno "a la carta" a los servicios jurídicos "y menos bajo ninguna intención malintencionada", y explican que este hecho tiene su origen el 15 de diciembre de 2015 cuando dos oficiales de la Policía Local en segunda actividad con la misma categoría de cabos y mayor antigüedad ponen en conocimiento la existencia de unas productividades que reclaman les sea aplicadas en igualdad de condiciones al sentirse discriminados.
Dicha reclamación lleva a los servicios de Intervención y Secretaria a emitir informes en el mes de mayo, sosteniendo ambos habilitados nacionales que dichas retribuciones no obedecen a un acuerdo individualizado y que no se adoptaron siguiendo el procedimiento adecuado, ni instrucción al respecto o valoración.
"De ahí que el servicio de intervención emitiera su nota de reparo el 19 de mayo, la cual cita que la atribución de dichas productividades no contó con el requisito de la previa fiscalización, es decir ni se fiscalizó ni se reguló por el Ayuntamiento Pleno, de ahí que se llevase a la suspensión de las mismas", puntualiza PRC-PSOE.
Por último, regionalistas y socialistas esperan que se resuelva satisfactoriamente esta situación y supeditan la resolución de esta controversia y otras que puedan producirse en otros departamentos, a la conclusión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que en estos momentos está en curso, "ya que de esta manera serán transparentes, frente al hecho acontecido donde las cantidades fueron negociadas privadamente y ante el desconocimiento del resto de trabajadores".
