FACUA-Consumidores en Acción ha recordado a los afectados por la quiebra de las clínicas Dentix que pueden paralizar el pago a las financieras por sus tratamientos no finalizados. "Si se trata de un crédito vinculado, concertado a través o por mediación de la propia clínica, es posible detener los pagos del crédito y oponer ante la financiera el cierre del establecimiento para no seguir haciendo frente al mismo, siendo necesario presentar reclamación ante la entidad de crédito", señalan.
Además, FACUA señala que si Dentix no reubica a los pacientes en otras clínicas, los usuarios tienen derecho a reclamar la devolución de parte o incluso la totalidad del dinero abonado, según los casos.
FACUA advierte de que el cierre de las clínicas viene provocando la imposibilidad de acceso de los pacientes a su historia clínica y a la documentación y los datos que en las mismas pudieran figurar. "Una circunstancia que reviste de especial gravedad y que los sitúa en una posición de completa vulnerabilidad, teniendo en consideración que son numerosos los tratamientos que actualmente se encuentran interrumpidos y que dicha coyuntura puede suponer un grave perjuicio para la propia salud e integridad de los consumidores", apuntan.
FACUA considera "escandaloso" que más de dos años después del anterior cierre de otra gran cadena de clínicas dentales, iDental, en junio de 2018, en cuyo proceso judicial ejerce la asociación la acusación particular, el Gobierno "siga sin modificar la legislación para obligar a estos centros a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de quiebra". En este sentido, la asociación recuerda que se dirigió a la entonces ministra de Sanidad Carmen Montón para que acometiera una modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados.
FACUA viene reclamando al Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias autonómicas "más garantías para los usuarios, reforzando la regulación de las clínicas dentales y los requisitos para su apertura y funcionamiento". La asociación exige "controles eficaces que conlleven sanciones ejemplarizantes y la adopción de medidas cautelares que protejan realmente la salud y la seguridad de los usuarios así como sus intereses económicos".
